Por Aníbal Vivaceta (epidemiólogo), Sebastián Espinoza (bio-estadístico) y Nicolás Schiappacasse (ingeniero biomédico), pertenecientes al colectivo aquihayunproblema.cl y miembros de la Universidad de Valparaíso.
Todos sabemos que el personal de salud es uno de los principales afectados por la pandemia de Covid-19, en especial, en etapas de gran presión asistencial como la que inevitablemente espera a nuestro país. Nos enteramos también por los medios de comunicación de una serie de brotes que se han producido en diferentes equipos de salud. Seguramente, la mayoría hemos leído quejas del personal que está en aquella romantizada y resignificada “primera línea”, por no contar con los elementos de protección personal que requieren para proteger su salud y, finalmente, sus vidas.
Por ello, cuando tuvimos acceso a la información de personal de los servicios públicos de salud que ha sido diagnosticada como caso de Covid-19, concretamente del día 7 de mayo, quisimos hacer un ejercicio muy simple y compararla con la cantidad total de casos confirmados por región.
Ese día se informaba un total de 1.766 funcionarios de salud del subsistema público contagiados, para un total de 24.581; es decir, poco más de un 7%. La cifra general parece razonable si pensamos que el personal de salud está más expuesto y que, de hecho, tiene una mayor probabilidad de ser testeado, entre otras cosas, precisamente por ese mayor riesgo.
Sin embargo, cuando nos fijamos en la situación de las regiones, el panorama es muy diverso.
Llama la atención que en algunas regiones este porcentaje alcance hasta ¼ del total de casos diagnosticados. En Valparaíso, la segunda región en población del país, prácticamente una de cada 5 personas diagnosticadas corresponde a personal de salud.
Por otra parte, llama la atención igualmente que se trate de regiones con situaciones muy diversas: Ñuble, con una población de medio millón de habitantes y una incidencia al 7 de mayo de 155 casos por 100.000 habitantes; bastante por encima de la incidencia nacional (126,3). Aysén, con una incidencia muy baja de 7,5 por cien mil habitantes y una población de poco más de cien mil personas. Y Valparaíso, con una incidencia intermedia de 39,6 por 100.000 habitantes y una población de casi dos millones de personas.
Digamos desde ya, también, que este dato no quiere decir que efectivamente un cuarto o un quinto de las personas enfermas de esas regiones sean personal de salud. Existe una serie de factores a considerar al interpretar el dato.
De partida, consideremos que estas cifras se refieren solamente a personal del sector público. Por tanto, el perteneciente a los servicios privados cuenta como casos, pero no contará en la estadística como “personal de salud”, por lo que la cifra es ya una subestimación. Además, debemos considerar que la razón público/privado de exámenes acumulados a ese día era de 1,19, es decir, se tomaban 119 exámenes en el sector público por cada 100 en el privado, siendo que este último es casi 5 veces menor (unas 2 a 3 veces, si consideramos el traspaso de FONASA a prestadores privados en Modalidad Libre Elección=bonos). Como lo más probable es que esos trabajadores se hayan examinado en el sector público, surge una primera conclusión: Aunque no es posible asignarle un valor específico, es evidente que en algunas regiones una gran parte de los casos detectados por el subsector público corresponden a su propio personal. Decimos que no es posible estimar la magnitud de esto, dado que hemos debido hacer una reconstrucción casi “arqueológica” de los pocos datos existentes.
Por otro lado, tampoco podemos asumir que esto traduce una proporción real en cada territorio. El dato está fuertemente influenciado por el volumen de muestreo y la orientación del testeo a detectar personas sospechosas y sus contactos. Por desgracia, no conocemos esos datos. Podemos decir, eso sí, que estas regiones con más alta proporción de personal de salud del sector público diagnosticado como caso tenían al día 7 positividades acumuladas (la proporción de exámenes que han salido positivos, de entre todos los exámenes informados) menores que el promedio nacional (Ñuble 6,4%, Aysén 0,2% y Valparaíso 7,4% // Nacional 10,3).
Si bien en el caso de Aysén todo apunta a una situación de control, para las otras dos regiones, en el actual momento, es difícil determinar si esto se debe a la pesquisa eficaz y bien orientada, o -por el contrario- a un deficiente enfoque en la pesquisa. Recordemos que, por ejemplo, Valparaíso es una de las regiones con un sistema de salud privado grande en relación a otras regiones, y que existe el desbalance ya apuntado entre la accesibilidad para quienes cotizan en el sector público y quienes cotizan en el privado, lo cual debiera influir, aunque en un nivel difícil de estimar.
Los datos presentados dan cuenta, entonces, de una situación heterogénea, pero con altos niveles de afectación de personal de salud en varias regiones, y con altas incertidumbres respecto de la situación del resto de la población. Sabemos que la situación de salud del personal sanitario es clave en la evolución de la epidemia. Es perentorio que el Ministerio de Salud aporte información que permita poner los datos presentados en contexto, y visualizar, por un lado, cuál es el nivel de afectación del personal a cargo de cuidarnos como población, y al mismo tiempo, conocer de manera más transparente cuál es la situación actual a partir de los datos disponibles, y cuáles son aquellos datos.