Con el inicio de la cuarentena total en el Gran Santiago, la crisis del empleo doméstico se ha visto agudizada. Pero, desde el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap, señalan que ya desde el inicio de la pandemia en el país hace más de dos meses, levantaron la alerta ante las autoridades para subrayar las problemáticas específicas del sector, “que por años ha sido relegado y discriminado en cuanto a derechos laborales en igualdad de condiciones”.
Desde el Sindicato señalan que si bien la emergencia golpea al mundo del trabajo en general, en el caso de las trabajadoras de casa particular esto se ve profundizado, ya que las soluciones que el Ejecutivo ha implementado las deja fuera de los beneficios.
Tal es el caso del Seguro de Cesantía, que se considera al sector del trabajo doméstico con un estatus laboral diferente, pudiendo solamente acceder a los fondos destinados para la indemnización a todo evento (cotización del 4,11%), lo que no alcanza ni siquiera el sueldo mínimo en el caso de las trabajadoras formalizadas (47%).
A la fecha, más de 12 mil trabajadoras han hecho uso de estos fondos del Seguro de Cesantía a nivel nacional, según la Superintendencia de Pensiones, elevándose en un 24% durante la última semana informada.
Por otra parte, la informalidad del trabajo doméstico, que alcanza el 53%, ha sido fuertemente impactado tras la desvinculación de un gran número de trabajadoras por ser consideradas una posible fuente de contagio para el empleador, dejándolas sin ingreso y repercutiendo en la calidad de vida de miles de familias.
“Pedimos una Renta Básica de Emergencia para un público más amplio, porque si el Estado quiere detener una pandemia, lo ideal es que la gente esté bajo resguardo en su casa, pero si las trabajadoras no tienen comida, no van a poder estar en su casa. Las compañeras van a tener que volver a salir a la calle a conseguir empleo y van a tener que elegir entre morirse de hambre o morirse de coronavirus”, afirmó Luz Vidal, presidenta de Sintracap.
La dirigenta explicó además que las trabajadoras puertas afuera y también las trabajadoras migrantes, han sido las más perjudicadas: “Hay empleadores que les solicitan cambiar la modalidad de trabajo y pasar a prestar servicios puertas adentro, no tomando en consideración que esas mujeres son en su mayoría trabajadoras jefas de hogar y al encontrarse informales temen perder su fuente laboral si no acceden a lo que sus empleadores les piden”, indicó.
También, agregó, esto provoca la sobrecarga laboral y la extensión de jornadas, haciendo que las trabajadoras tengan que laborar incluso los domingos a cambio de techo y comida. En este contexto, Sintracap hizo un llamado urgente a las autoridades de Gobierno y parlamentarios a legislar medidas de apoyo al sector, y a hacerse cargo de la fiscalización establecida por Ley, y de la igualación y creación de derechos para las trabajadoras de casa particular.
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