Activista Pablo Ramírez: «No tenemos un interés particular, no importa cómo se genere la energía renovable, si es pública o privada»

La política de generación de energía eléctrica del Gobierno de México va en contra de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo de París, para reducción de gases de efecto invernadero, y cierra el paso a las energías renovables favoreciendo la quema de combustóleo, dijo un experto de Greenpeace.

Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de la organización ecologista internacional, explica en una entrevista que las restricciones impuestas a la operación de empresas generadoras de energías eólica y fotovoltaica «obstaculizan el desempeño y cierran el paso a las energías renovables».

Lo que busca esa decisión política es «excluir la participación de privados y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad [CFE, estatal]», subraya.

Mediante dos instrumentos legales, uno emitido el 29 de abril por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y un acuerdo ejecutivo de la secretaría federal de Energía, del viernes 15 de mayo, «se traza una política de generación energética que es una política pública de impedimento para las energías renovables», con viento y luz solar.

La decisión, que ha sido presentada con matices tecnológicos, argumentando la necesidad de proteger el sistema eléctrico ante la baja demanda, por los cierres de actividades laborales y educativas ante la pandemia de COVID-19, «es una decisión bastante política, que no pasa mucho por el tema técnico», argumenta el ambientalista.

El sector de la energía permaneció cerrado como un monopolio durante ocho décadas, tras la expropiación de compañías petroleras que dio nacimiento en 1938 a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue un monopolio junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Dos monopolios estatales, Pemex y la CFE en la generación de electricidad, se mantuvieron cerrados» a pesar de las reformas económicas que abrieron a este país al libre comercio con Norteamérica, hace 26 años.

Muchos sectores de la economía fueron aceptando la participación de compañías privadas, hasta que en 2014 entra en vigor la reforma energética que abrió finalmente el sector petrolero a firmas internacionales y el sector eléctrico a la generación de empresas privadas.

El actual partido gobernante, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) «quedó excluido completamente de la discusión, con una base ideológica nacionalista muy fuerte, con intención de rescatar sectores del Estado en temas estratégicos», explica el activista.

El problema de esa decisión, es que «pone en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales», ratificados por México en París en 2015.

Ese pacto en el seno de las Naciones Unidas establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas, ante los efectos del calentamiento global, a partir de 2020.

Para 2021 México debe generar el 30% de energía con fuentes limpias, y en 2018 ese nivel era de apenas 23,2%.

Combustóleo en vez de viento y sol

López Obrador ha decidido un plan para abolir las exportaciones de petróleo, y ampliar la capacidad de refinación de crudo con una nueva refinería que costará 8.000 millones de dólares, para eliminar las importaciones del 70% de las gasolinas.

Ramírez explica que, «el sistema nacional de refinación es muy ineficiente: por cada barril de petróleo procesado, 30% se genera en residuos que es combustóleo».

Aunque tecnológicamente la reconfiguración del sistema de refinación está en discusión, «mucho del combustóleo que ya no se usa en ninguna parte del mundo, será destinado a las plantas de energía eléctrica de la CFE», afirma el ecologista.

El combustóleo es un residuo que antes se vendía a antiguos buques.

El responsable de Greepeace advierte sin embargo que, a principios de este año, «una regulación marítima prohibió el uso de combustóleo, por tener altas concentraciones de azufre», lo que deja al estado mexicano ante un gran dilema.

Ese combustible, resultado de los residuos de la refinación de petróleo crudo «se ha utilizado como combustible para termoeléctricas, pero es muy contaminante, y muy ineficiente en términos de baja capacidad calórica, está en desuso desde hace varios años», prosigue el experto. 

En ese punto se entrelaza la decisión de incrementar la explotación petrolera en yacimientos fósiles, con la intención de frenar las renovables y converge con la generación de electricidad con combustóleo.

México es el segundo país con menor proporción de energías renovables en su matriz eléctrica, solo después de Barbados, según las Naciones Unidas.

Las energías renovables generan menos de 10%, indica Ramírez.

Y el compromiso de México firmado en París es que para 2021 producirá 30% de energías limpias, 35% en 2024 y 43% en 2030.

Las nuevas políticas energéticas «contravienen los esfuerzos climáticos que ya eran mínimos».

Y aclara: «No tenemos un interés particular, no importa cómo se genere la energía renovable, si es pública o privada».

Pero lamenta que el Gobierno «promueve todas las oportunidades de inversión en proyectos fósiles [hidrocarburos] en vez de invertir en renovables», a la luz del derecho a la salud, al medio ambiente sano y al desarrollo sustentable. 

Cortesía de Sputnik