‘Lo que se pretende es salvar a los amigos de Piñera’: Abogado Daza destroza uno a uno argumentos del Gobierno para ‘rescatar’ a Latam

El pasado viernes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó durante una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado el plan de rescate del Estado chileno a grandes empresas consideradas «estratégicas» para el país, mencionando enfática y exclusivamente como ejemplo de ellas a una en particular: Latam.

En efecto, en el llamado Marco de financiamiento de emergencia a Empresas Estratégicas de Mayor Tamaño, difundido hace pocos días por El Mostrador, tras consignar los «Requisitos de elegibilidad para empresas», lo primero que se destaca es la «Relevancia de la industria aeronáutica nacional», con Latam Airlines liderando el listado de aquellas compañías «estratégicas» que serían ayudadas por el Estado.

Pero no solo eso. Luego, como si se tratara de la compañía «estratégica» más importante del país, se dedica una lámina completa de la presentación del Gobierno a justificar por qué esta sí debiera ser elegida para ser «salvada».

Junto con ello, se destaca cómo una veintena de países de Europa, además de Estados Unidos, han ayudado a empresas aéreas por medio de fondos del Estado.

En este contexto, a través de una video-columna publicada en El Ciudadano, Mauricio Daza, abogado querellante en emblemáticos casos de corrupción político-empresarial como SQM o Cascadas, advirtió una serie de cuestionamientos a este salvataje que -según ha trascendido- alcanzaría unos 600 millones de dólares.

En primer lugar, Daza alerta que los argumentos técnicos esgrimidos por Briones en el Congreso se basan en un informe de una empresa privada pedido por la misma Latam. «Resulta llamativo que el ministro de Hacienda vaya al Senado a exponer acerca de la posibilidad de que el Estado entregue dineros para ayudar a grandes empresas, y que se refiera básicamente al caso de Latam a partir de información que deriva de un informe pagado por Latam», enfatiza el jurista.

«¿Es Latam una empresa realmente estratégica?», se pregunta Daza, respondiendo que «si analizamos el mercado aeronáutico chileno, llegamos a la conclusión de que Latam no cumpliría con los parámetros» para entrar en esa categoría. «El 50% del mercado de transporte de pasajeros en nuestro país está cubierto por otras compañías que no son Latam (…) No existe un riesgo en la continuidad del servicio de transporte aéreo y probablemente otras empresas podrían -dentro de un corto y mediano plazo- cubrir la demanda que dejaría de cubrir Latam», apunta.

Por otra parte, el abogado sostiene que «todo indica» que sí existen otras formas de financiamiento para esta empresa en particular. «Como se sabe, Latam se acogió a un sistema de protección para evitar la bancarrota en Estados Unidos y, según la legislación norteamericana y en ese contexto, ellos pueden obtener financiamiento», explica.

Otra de las justificaciones realizadas por el ministro Briones respecto a por qué la aludida aerolínea debe ser «rescatada» por el Estado, es que -como se lee en el documento presentado en el Senado- «el apoyo (…) no tiene como objetivo proteger a los accionistas ni a los acreedores de la empresa, sino (…) la continuidad operacional de una actividad estratégica para el país frente a circunstancias económicas y financieras extraordinarias como las actuales».

Mauricio Daza cuestiona esta afirmación, señalando que «más que para salvar a la compañía, este parece un mecanismo para salvar a los antiguos socios y amigos del Presidente, como es la familia Cueto».

En ese sentido, el jurista advierte que si bien Piñera dejó en teoría Latam en 2010, el vínculo entre las familias Piñera y Cueto continúa. Esto porque la empresa Inversiones Odisea Ltda. -que pertenece a los hijos de Piñera- le entregó un ‘financiamiento’ por 40 millones de dólares -con vencimiento en 2021- a la sociedad Costa Verde Aeronáutica, a través de cual los Cueto controlan Latam. «Si esa deuda se mantiene, entonces habría un conflicto de interés», advirtió Daza.

En otra arista, el abogado planteó que se debe definir si la situación de crisis en Latam es producto efectivamente de lo ocurrido por el Covid-19 o si, en realidad, se debe a un mal manejo de parte de la familia Cueto. «El conjunto de deudas que tiene la compañía alcanza los 11 mil millones de dólares, los que obviamente no se obtienen como deuda en 4 meses que ha durado la crisis del Covid-19», aclaró.

Sobre el argumento del Ejecutivo de que esto iría igualmente en apoyo de los trabajadores de Latam, Mauricio apuntó que la familia Cueto «ha dado cuenta de un interés bastante bajo de proteger a sus trabajadores». En ese sentido, recuerda que desde que estalló la crisis «la compañía ha despedido a lo menos a 2 mil empleados, además de suspender la relación laboral de varios cientos de ellos».

Por último, el jurista cuestiona el argumento esgrimido en favor del «rescate» en cuanto a que Latam es una empresa chilena. Esto, porque el 20% de las acciones pertenecen a la familia Cueto y un 15% a las AFP, mientras que el resto está distrubuido entre la familia Amaro (Brasil), la empresa Delta (EEUU) y Qantas, de capitales australianos. Junto con ello, Daza advierte que el domicilio de Latam no está en Chile, sino que en las Islas Caimán, un paraíso tributario dependiente del Reino Unido.

Para concluir, Mauricio Daza afirma que «lo que se pretende es salvar a la familia Cueto», argumentando en ese sentido que «si el Estado chileno se coloca con plata, de esa forma se impide que tengan que venir otros inversionistas a colocar dinero en Latam y que esas personas quieran tener una parte de su propiedad». «Si otros entran, lo que va a ocurrir es que el 20% de la familia Cueto se va a achicar y no van a tener la posibilidad de controlar la empresa», apunta.

«Acá lo que se pretende es salvar a los amigos del Presidente Sebastián Piñera, y Piñera lo quiere hacer no a costa de su patrimonio personal -que alcanza los 2 mil 700 millones de dólares-, sino que en medio de la peor pandemia que ha habido en nuestro país en la última época con cargo al dinero de todos los chilenos. Y eso es inaceptable», cierra el abogado.

Acá el análisis completo realizado por Mauricio Daza para El Ciudadano.