El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) publicó su informe sobre las elecciones de 2019 en Bolivia y ratificó que no hay evidencia sobre la alteración de los resultados, por lo cual acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de “tergiversar” los datos y la evidencia hallados en su auditoría para reforzar su tesis de “manipulación intencional”.
La OEA presentó el informe luego que el presidente Evo Morales, quien ganó la elección presidencial de octubre de 2019 en primera vuelta, aceptó que este organismo realizará un reporte sobre presuntas irregularidades denuncias por la oposición.
Sin embargo, contrario a un compromiso previo con Morales, la entidad americana decidió adelantar los resultados preliminares de su investigación que fue una de las piezas clave para lanzar el golpe de Estado contra el mandatario boliviano en noviembre pasado.
A raíz del golpe y la renuncia forzada de Morales, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina, dando inicio a un Gobierno de facto, caracterizado por el autoritarismo y escándalos de corrupción
Estudio deficiente
La publicación del CEPR se da luego de que un reportaje del diario estadounidense The New York Times, del 7 de junio, descubrió que la auditoría de la OEA que llevó a la anulación de los comicios “era deficiente”.
“Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos”, indicó al periódico Francisco Rodríguez, un economista de la Universidad de Tulane.
“Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”, insistió el especialista en estudios latinoamericanos.
Ahora el instituto, con sede en Washington, después de examinar diferentes reportes que cuestionan la polémica auditoría de la OEA sobre los comicios del año pasado en Bolivia publicó un extenso informe de 82 páginas y múltiples anexos.
En el texto traducido al español, el CEPR señala que su estudio se centra en el informe final de la auditoría realizada por la OEA “y muestra cómo los autores tergiversan tanto los datos como la evidencia encontrada en un intento de reforzar aún más sus afirmaciones sobre una manipulación intencional por parte de las anteriores autoridades electorales de Bolivia”.
Conducta poco ética
El CEPR dejó claro que su estudio no pretende validar lo sucedido en las elecciones del 20 de octubre de 2019, ni apoyar a un candidato o partido político en particular.
Sin embargo, señaló que aunque la OEA identificó “varios problemas reales de la gestión electoral”, no proporcionó «ninguna evidencia de que esas irregularidades hayan alterado el resultado de la elección o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo”.
“La credibilidad de la OEA tiene enormes implicaciones de cara a las próximas elecciones boliviana. Una organización multilateral llamada a resolver una disputa electoral debe ser honesta, imparcial y creíble. Este estudio muestra que la OEA no puso en práctica estos criterios en el caso de la crisis electoral boliviana de 2019”. Por ello el centro de investigación responsabilizó a la entidad de haber tenido una “conducta poco ética”.
Asimismo, hace referencia a las “consecuencias profundamente perturbadoras” en Bolivia, porque la “narrativa de fraude que la OEA ayudó a promover” fue decisiva para la renuncia forzada de Morales; además, debido a esta acusación funcionarios, entre ellos exintegrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron encarcelados.
El informe del CEPR sobre la auditoría de la OEA llegó a las siguientes conclusiones:
1.- Se basa en análisis estadísticos y muestrales defectuosos y con supuestos incorrectos.
2.- Tergiversa las irregularidades inocuas del llenado de una misma persona de los nombres y apellidos en dos o más actas rurales como si constituyeran falsificaciones (solo existe un caso con firma falsificada de las 226 con irregularidades).
3.- Omite mencionar que las actas con irregularidades inocuas tenían una votación estadísticamente equivalente al de las actas contiguas sin irregularidades y, por ende, omite indicar su irrelevancia en los resultados de la elección presidencial.
4.- Entierra u oculta por completo los resultados de sus ejercicios de verificación de la coincidencia de las actas del conteo preliminar con las del conteo definitivo.
5.- Atribuye la quema del material electoral y de las sedes electorales como irregularidad de las víctimas de dichas acciones.
6.- Omite que en el caso del conteo oficial (Cómputo) no hubo ninguna estructura informática escondida.
7.- A pesar de contar con todos los registros, no señala evidencia de que las base de datos del conteo oficial (Cómputo) se hayan alterado fraudulentamente;
8.- No presenta información que indique que los problemas con el TREP (el conteo preliminar), ya sean reales o supuestos, hayan afectado al Cómputo (conteo oficial).
9.- No proporciona claridad sobre la detención del TREP y, como resultado, perpetúa una falsa narrativa de fraude. Por ejemplo, omite indicar que, durante la interrupción, la empresa auditora investigó el servidor “no autorizado” y determinó que no se habían alterado ni manipulado los datos electorales.
Con información de Telesur y La Razón.
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