El Gobierno uruguayo está sólido y trabajando para mejorar el país, dijo la senadora oficialista Gloria Rodríguez, en respuesta a declaraciones de dirigentes opositores sobre la eventual renuncia del canciller y la fragilidad que eso supone a tan solo tres meses de asumir la nueva administración.
«La coalición está más fuerte que nunca, estamos pensando en la gente; nosotros no estamos en campaña política, estamos trabajando para sacar el país adelante; acá no sucedió nada, los ministros generalmente en determinado período se van a cumplir otro tipo de funciones», afirmó la legisladora.
Rodríguez se refirió así a las declaraciones de algunos dirigentes del opositor Frente Amplio (FA, centroizquierda), partido que gobernó el país durante los últimos 15 años, respecto a que el anuncio del canciller Ernesto Talvi de que dejará su cargo, no es una «buena señal» para el país.
El presidente del FA, Javier Miranda, dijo el 11 de junio a Telenoche que la posible renuncia de Talvi es «sumamente preocupante», porque Uruguay tiene un «canciller con caducidad».
«Lo que anuncia en definitiva es: «me estoy yendo, no sé cuándo, pero me estoy yendo». Eso es malo para la República», agregó el dirigente.
Para la tribuna
Para Rodríguez, con este tipo de declaraciones el FA «busca sacar réditos políticos», queriendo mostrar que «todo está mal» y que la «coalición se está debilitando».
«El Frente Amplio no va a lograr desestabilizar a la coalición, porque estamos sólidos y no tienen argumentos; tenemos que estar muy frágiles para que el Frente Amplio con comentarios logre desestabilizarnos; son discursos para la tribuna y para que no se comenten otros temas que realmente son importantes y le interesan a la ciudadanía», afirmó la senadora.
Rodríguez agregó que «los ministros generalmente abandonan», más cuando son dirigentes políticos.
«Todos sabemos que los ministros generalmente abandonan, más cuando son políticos (…) llegado el momento [Talvi] se va a ocupar de su sector político, eso no nos sorprende», expresó.
Uruguay está gobernado por una coalición liderada por el Partido Nacional (centroderecha), al que pertenece el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y conformada también por el Partido Colorado, que integra el canciller, el Partido Independiente (centroizquierda), Cabildo Abierto (derecha) y el Partido de la Gente (derecha).
La coalición se conformó luego de la primera vuelta electoral de Uruguay el 27 de octubre pasado, en la que el Frente Amplio (centroizquierda) ganó ante Lacalle Pou, el segundo más votado.
La agrupación de los distintos partidos logró derrotar al Frente Amplio en la segunda vuelta electoral de noviembre pasado, poniendo fin a 15 años de gobierno de la izquierda.
Talvi dijo el 11 de junio a la prensa local que la coalición de Gobierno es estable y firme a pesar de que anunció su posible renuncia en un futuro cercano.
El 10 de junio, el periodista Gabriel Pereyra reseñó en Twitter una conversación que tuvo con el canciller, en la que este le habría asegurado que su renuncia no era inmediata, sino que acordó con el presidente una fórmula para seguir en el Gobierno «por un tiempo».
Asimismo, medios locales publicaron el 11 de junio que el 9 de junio el canciller había acordado con el presidente una salida programada del cargo para poder dedicarse enteramente a la actividad política, liderando su partido, por el cual fue candidato a la presidencia en 2019.
Paquete de medidas impulsado por Gobierno defiende al pueblo
El paquete de medidas impulsado por el nuevo Gobierno de Uruguay, denominado Ley de Urgente Consideración, es una normativa «popular» que defiende los derechos humanos de la ciudadanía, dijo senadora Gloria Rodríguez.
«Quiero destacar nuestro compromiso de Gobierno que lo estamos cumpliendo a través de la Ley de Urgente Consideración, la cual es una ley popular, en clave de derechos humanos, que se puso en consideración de toda la ciudadanía», dijo.
Actualmente, el Parlamento uruguayo está tratando una Ley de Urgente Consideración enviada por el Poder Ejecutivo, que en sus más de 500 artículos apunta a modificar aspectos de la economía, la educación, la seguridad pública, las empresas públicas y las relaciones laborales, entre muchos otros.
La propuesta generó rechazo de movimientos sociales y del opositor Frente Amplio (centroizquierda), que señalan que implica un retroceso en diversas áreas y que es un ataque a la democracia, porque no se brinda el tiempo necesario para discutir los diversos temas que están en la ley.
El proyecto de ley ingresó al Senado el 23 de abril, y por su carácter de urgente tiene 45 días para ser analizada y eventualmente modificada por esa Cámara, que luego enviará el texto a Diputados, que tendrá 30 días para realizarle modificaciones.
Si el texto es modificado, vuelve al Senado, que tendrá 15 días para analizarlo; en caso de no recibir cambios en la Cámara Baja, el articulado pasa a la Asamblea General (diputados más senadores), que contará con 10 días para su discusión.
Si no hay pronunciamiento pasados esos 10 días, el proyecto se considerará sancionado «en la forma en que lo votó la última cámara que le prestó expresa aprobación», según el artículo 168 de la Constitución.
Seguridad y otras cuestiones
Por su parte, Rodríguez afirmó que en la discusión de la ley se escuchó la posición de 166 organizaciones civiles y que en el articulado de la ley el Gobierno le está dando respuesta a lo que la ciudadanía venía reclamando: «más seguridad».
La Ley de Urgente Consideración brinda «mayores garantías» para la policía, expande el ámbito de la legítima defensa, aumenta las facultades para detener y ejercer la autoridad, establece la presunción relativa de inocencia para los agentes de la ley y crea el delito de agravio a la autoridad policial.
Asimismo, la senadora destacó que la normativa agrega consideraciones sobre el tema de violencia doméstica, la adopción y crea el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Bienestar Animal.
«Además, crea una dirección que se va a encargar de la erradicación de los asentamientos; son cosas que debemos destacar, nosotros consideramos que estamos cumpliendo con los compromisos de Gobierno», agregó.
Por su parte, desde el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales se cuestiona que la ley restringe el derecho a huelga, limita la negociación colectiva, «criminaliza la protesta social» y permite abusos por parte de la fuerza policial.
«Las posturas del Frente Amplio son siempre ver la parte negativa de todo; nosotros estuvimos discutiendo por un mes todo el articulado de la Ley de Urgente Consideración y ellos decían que era antidemocrática, que no era urgente y terminaron votando más del 51% de los artículos de la ley, es una modalidad que han adoptado para verlo todo negativo y decir que nada se puede, nosotros consideramos que todo se puede», reflexionó.
Uruguay está gobernado por una coalición liderada por el Partido Nacional (centroderecha), al que pertenece Lacalle Pou, y conformada también por el Partido Colorado de Talvi, el Partido Independiente (centroizquierda), Cabildo Abierto (derecha) y el Partido de la Gente (derecha).
La coalición se conformó luego de la primera vuelta electoral de Uruguay el 27 de octubre pasado, en la que el Frente Amplio ganó ante Lacalle Pou, el segundo más votado.
La agrupación de los distintos partidos logró derrotar al Frente Amplio en la segunda vuelta electoral de noviembre pasado, poniendo fin a 15 años de gobierno de la izquierda.
Cortesía de Sputnik
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