Esta semana, representantes de diversas organizaciones de músicos nacionales presentaron su posición ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, respecto de la iniciativa que busca generar un fondo solidario con el aumento de la difusión de la música chilena en las radios y la televisión del 20 al 50%, durante el estado de catástrofe.
En primer lugar, por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (hasta el 2016 llamada Sociedad Chilena del Derecho del Autor y aún reconocida por la sigla SCD) participó Juan Antonio Durán (director), Horacio Salinas (pdte.) y Rodrigo Osorio (vicepdte.).
La SCD criticó que la iniciativa legal libere al Gobierno de responsabilidades y de hacerse cargo del tema. Asimismo, calificó como “injusto” que se extraigan recursos de la generación de derechos de autor, que son 27 mil pesos mensuales promedio para el músico que es dueño de esos derechos.
En esa línea, Juan Antonio Durán evaluó que pasar del 20 al 50% es un cambio importante si fuera gradual, recordando que hay radios que, luego de cuatro años de la Ley de Fomento de la Música Chilena, aún no la cumplen. “No es realista en tiempos de pandemia este porcentaje (al que se quiere llegar)”, manifestó Durán.
En todo caso, no compartió la visión de la industria, en cuanto a que la medida afectaría a los medios porque no hay música nacional suficiente y de diversos estilos. Sostuvo que, en los últimos 20 años, la creación ha aumentado significativamente, publicándose 900 discos cada año.
Además, destacó que existen más de 150 mil obras chilenas en el catálogo de música nacional y sostuvo que, en tiempos de pandemia, las obras inscritas han aumentado en un 40% respecto del año anterior: “Música de buena calidad técnica y creativa hay muchísima”, afirmó el representante de la SCD.
Finalmente, Durán indicó que comparten el diagnóstico del proyecto de ley, en cuanto a que los músicos viven un período extremadamente grave, sin contrato, sin cotizaciones y sin salud. Una situación dramática, «porque no están en el radar de la autoridad para recibir ayudas concretas», dijo Durán, quien recordó que existen tratados internacionales que indican que no se puede dar un trato diferente al extranjero, y recordó que la SCD recauda y paga los derechos de autor a entidades de otros países.
Industria de la Música Independiente
En segundo término, expuso el músico Germán Torres, presidente de la Industria de la Música Independiente (IMI), quien habló también en representación de entidades regionales y de 200 empresas dedicadas a la música. En su intervención, dijo que el proyecto de ley tiene aspectos positivos y negativos.
Dijo que lo positivo es que pone énfasis en la promoción de contenidos y que los derechos de autor generados se queden en Chile, lo que da visibilidad a los músicos y produce aumento de descargas y, a futuro, posibles contrataciones. Lo negativo, en tanto, sería que los catálogos o repertorios regionales no inscritos no son visualizados. Agregó que el pago por derechos de autor demora seis meses, por lo que alertó que los recursos llegarían en 2021 y no ahora, cuando se produce la necesidad.
Por ello, propusieron una modificación a la normativa actual que fortalezca la fiscalización real de la cuota del 20%y de las cuotas regionales y de música emergente. Por otra parte, plantearon que se realice una recomposición del Consejo de la Música, ya que, actualmente, no representa a la música chilena, porque no tiene participación de regiones y solo una mujer lo integra.
Finalmente, Torres llamó a dar atribuciones al Consejo de la Música para ejecutar los recursos inmovilizados del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ya que se destinaron 400 millones de pesos para fondos concursables, pero habría 700 millones más disponibles. “Es un montó que puede exceder largamente lo que se podría recolectar a través de este proyecto de ley y no en seis meses más, ahora”, enfatizó.
Músicos de Valdivia
En tercer lugar, expuso el músico Javier Aravena, de la Asociación de Músicos Rock de Valdivia y director del Sello Misisipi, quien valoró que se incluya la opinión de regiones en esta discusión. El compositor señaló este proyecto de ley permite visibilizar que los músicos viven en precaridad y comenzar a entender que es necesario reconocerlos como trabajadores con derechos sociales y laborales.
“Claramente, es el Estado el que tiene que hacerse cargo y no las entidades privadas. Si esto no sucede, vamos a seguir con estos problemas donde hay que buscar una ayuda humanitaria que parece una limosna para músicos que viven realmente muy mal y más para los de provincia que cuando hay financiamiento para contrataciones, vienen los músicos de Santiago y nosotros quedamos contratados en las peores condiciones”, explicó Aravena.
Además, subrayó que falta vinculación con el territorio para la toma de decisiones, ya que no existe participación. “Hay dificultad en la difusión de la música regional, que es casi nula, porque está todo centralizado, con consorcios radiales que generan un monopolio con la difusión un cierto estilo musical”, planteó.
Sobre el aspecto de incluir a músicos que no generan derechos de autor o conexos en la propuesta legal de ayuda, Aravena cuestionó a sus colegas. “¿Qué pasa con un músico rural, que nunca va a grabar un disco, que nunca va a salir en una radio? ¿No tiene derecho?”, concluyó el representante de la Asociación de Músicos Rock de Valdivia.
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