Senador Iván Cepeda: «En el Cauca hemos tenido un aumento de la violencia, allí hay una situación muy grave que tiene que ver con la lucha por la tierra»

La pregunta surge conforme avanzan las cifras de líderes sociales y excombatientes asesinados en Colombia: ¿por qué aumentan las víctimas, incluso en la cuarentena decretada como medida preventiva ante la crisis generada por el coronavirus?

El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se registra en lo que va del año 138 líderes y defensores de los derechos humanos asesinados, al igual que 35 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

Estos homicidios, focalizados en algunas regiones, habitualmente son determinados por los medios de comunicación como consecuencia de la disputa de organizaciones criminales, narcotraficantes y grupos residuales de la guerrilla por el control del territorio. Sin embargo, una mirada más profunda podría arrojar otras razones.

Para analizar este repunte de violencia, RT ha entrevistado al senador colombiano Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos, fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y facilitador del proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC

¿Cuáles son los factores que pueden afectar el aumento de asesinatos de líderes sociales y excombatientes durante el confinamiento por el coronavirus?

La Fundación Ideas para la Paz recoge en un informe que los asesinatos de líderes sociales aumentaron 53% entre enero y abril. En esto hay que examinar las dinámicas de las regiones porque el asesinato de líderes sociales se concentra en pocas zonas del país, que son extensas pero muy focalizadas. En el Cauca hemos tenido un aumento de la violencia, allí hay una situación muy grave que tiene que ver con la lucha por la tierra y la violencia contra los pueblos indígenas, que está relacionado también con la lucha de control territorial de grupos armados que han llegamos y tenemos que ver con las relaciones que tienen las fuerzas militares y de policía con el narcotráfico y minería ilegal. Algo similar pasa en el Catatumbo (Norte de Santander) y en el Bajo Cauca (Antioquia).

La acción de estos grupos ocurre en zonas en las que no hay mecanismos que pueden generar una visibilidad y un control social, lo que hace que se recluten. Se está aprovechando la pandemia para golpear organizaciones comunitarias, a los líderes sociales, sin que se produzca una reacción de la opinión pública, de los medios de comunicación y, por supuesto, sin una acción estatal.

Si los organismos internacionales como la ONU le han pedido reiteradamente al Gobierno, la seguridad de los luchadores sociales, ¿por qué pareciera no haber respuesta?

Uno de los conceptos más claros lo dio el relator especial de la ONU para los derechos humanos, Michel Forst, que dijo que Colombia es el país más peligroso en el mundo para los defensores de los derechos humanos. Ahora, habiendo tanta recomendación, ¿por qué no hay una reacción? Porque hay que entender de fenómenos estamos hablando: el Gobierno ha planteado la tesis de que la muerte violenta de los líderes sociales obedece al narcotráfico, con lo que se ocultan varias realidades: una lucha intensa por la tierra, la verdad de las víctimas y las responsables.

El propio problema del narcotráfico, en la versión del Gobierno, sigue siendo presentado como la existencia de los carteles, de unas organizaciones criminales, pero sin focalizar el problema: el narcotráfico no puede existir en Colombia y en el mundo sin un cierto nivel de connivencia con el Estado

Es inexplicable que en las zonas más militarizadas del país sea donde florezca el narcotráfico. Eso tiene que ver con un profundo fenómeno de descomposición de la Fuerza Armada y de la Policía . Es muy difícil que pueda tener una acción contra quienes están asesinando a los líderes sociales, si políticos y fuerzas militares, que son los encargados de afectados desde el Estado esa protección, están de alguna manera involucrados, bien mar directamente con los crímenes o con la omisión de hacer algo para contrarrestarlos.

¿Esos grupos perciben que hay complicidad del Estado?

Hay complicidad, en algunos casos hay alianzas con algunos grupos para golpear otros, y hay utilización de los servicios criminales de esos grupos. Se nos está diciendo que hay grandes avances en investigaciones, que supuestamente es un número muy significativo de estos asesinatos están en vías de establecerse en la Fiscalía, pero nadie responde la pregunta de quién es el que encarga a esos grupos, que son realmente ejecutores materiales de la comisión de estos hechos criminales. Si uno profundiza, encuentra que detrás del asesinato de líderes que tienen que ver con los problemas de tierra, están los terratenientes; detrás de los que han sido asesinados por sus denuncias contra la corrupción, uno encuentra a los políticos o los propios militares. 

¿El Estado ha fallado con su compromiso de cumplir con lo establecido en los acuerdos?

El primer punto está incumplido en su totalidad, el que tiene que ver con la reforma rural, no hay ningún cumplimiento serio del acuerdo de reforma política y el cumplimiento del enfoque social del problema del narcotráfico es también muy reducido.

Se podría decir que hay algunos avances importantes en materia de justicia y libertad, con relación a las víctimas. El problema radica en que tenemos un gobierno que mantiene ese mito o esa visión ideológica de que el problema en Colombia es que el Estado no ha tenido la capacidad, que ha sido débil, que no ha podido llegar a muchos territorios y que hay que fortalecer la presencia militar. Es el relato que ha sido desarrollado desde hace décadas. Es una política que ha logrado su fracaso históricamente y que lo que tiene es mantener el narcotráfico, seguir nutriendo la violencia, que también está el fortalecimiento de la Policía y el Ejército. Es un círculo vicioso.

¿Cuál alternativa necesita frente a este esquema tradicional del mecanismo del dispositivo de seguridad del Estado?

Lo que está contenido en el Acuerdo de paz, es un principio, no es la fórmula completa ni mágica, es sencillamente que el Estado invierta en lo que debe hacer: salud, educación, en las carreteras, en la producción agrícola para que el campesinado no tenga que terminar sembrando coca. El problema es que la concepción del narcotráfico sigue siendo que para acabar con él hay que atacar a los campesinos, sembradores de la coca. Así nunca vamos a resolver este problema, porque los eslabones grandes son los políticos mafiosos, las estructuras corruptas en la Fuerza Pública, los círculos financieros. Obviamente, sin atacar eso, no se resuelve.

¿Hay una percepción de impunidad en Colombia?

I.C.: Por supuesto. No basta con que haya la captura o la investigación de algunos autores materiales, y con que periódicamente se presente como un gran logro el haber golpeado de alguna manera a mandos de segundo nivel de estas organizaciones. Aquí el problema radica en quiénes están detrás, quiénes soportan las estructuras, quiénes se benefician en el plano político y económico de todo este negocio y de toda esta situación. Si se profundiza, es inevitable llegar a los clanes políticos, a las estructuras corruptas dentro de las fuerzas militares y de Policía, a los sectores económicos.

¿Sin Justicia puede haber paz?

No. Como mencionar el defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez (asesinado en Medellín por grupos paramilitares en 1987): ‘Sin justicia no puede, ni debe, tener paz’, porque efectivamente la paz no puede construirse si no hay un mínimo nivel de esclarecimiento, de rendición de cuentas, de responsabilidades.

Viendo la paz como un acuerdo entre dos partes, pareciera que solo una de las partes es la interesada.

Más allá de eso, el problema es que hay un sector que no quiere que se rompa el pico de la violencia. Se ha dicho que no es cierto que en Colombia hay enemigos de la paz, que es una manera de polarizar la situación pero no, lo que nos ha tenido una y otra vez la tozuda realidad es que sí hay un sector que no quiere la paz , por lo menos que no quiere los cambios que podrían significar la paz.

En un reciente registro de Indepaz, se incluyen los asesinatos de familiares de los líderes sociales. ¿La violencia va incrementando su radio de acción?

En la violencia colombiana, que ha sido tan larga, hay una vertiente: cuando no se puede debilitar a las personas, a las organizaciones, se apela a amenazar a sus familias, buscar que se quiebren moralmente. Es posible que en esta etapa se esté recurriendo a eso. Una cosa es cuando uno sufre las amenazas y la persecución, y otra es cuando es sobre los seres que uno quiere. Es una estrategia perversa.

Hemos visto esto con relación a los exguerrilleros. A muchos de ellos se les ha ido asesinando porque no han transigido en volver a las armas, entonces ahora puede ser que en esa nueva modalidad se ejerce una presión sobre las familias y hay fenómenos de venganza.

Son presiones de todo tipo, permanentes. Cuando se habla de lo que significa el proceso de paz hay que entender muy bien para hacer un balance serio de ese tipo de factores. 

¿Considera que la situación que atraviesa Colombia ha sido poco difundida?

Hemos avanzado considerablemente en ese campo. El proceso de paz nos ha permitido mostrar algunas realidades que antes eran absolutamente imperceptibles. Hemos pasado de la imagen de  Colombia, de una democracia estable, respetable, a una comprensión más crítica, pero por supuesto sigue habiendo un nivel de complejidad para entender lo que pasa. Hay que entrar a mirar al fondo, a ver qué hay detrás de la apariencia de las noticias, de la fachada que se presenta. El problema es que el ser considerados una democracia, hace que se caiga fácilmente en el engaño de creer que ese sistema democrático es eficaz, que tiene la condición de garantizar los derechos de la gente. Ahí hay esa especie de esquizofrenia colombiana y también la realidad. Debe hacerse un trabajo explicativo muy serio para que la opinión internacional pueda captar lo que está ocurriendo.

Cortesía de Nathali Gómez RT