Ley de Patrimonio sin participación y en plena pandemia: La tozudez del Gobierno

Los pueblos indígenas aman y respetan los ciclos de la vida, este no es el momento, debemos esperar, siguiendo las recomendaciones de la CIDH. La mayoría, por no decir la casi totalidad de agentes culturales indígenas, difícilmente estarían dispuestos a comenzar un proceso de consulta, cuando en los territorios la pandemia y la pobreza están presionando las vidas comunitarias.

26 de junio de 2020 / Vía Mapuexpress

Actualmente se encuentra en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre patrimonio. El solo hecho de estar discutiendo sobre estos temas ya sería digno de poner en cuestión dada la “especial” coyuntura que estamos habitando en el país, desde la revuelta social hasta la pandemia del Covid-19. De hecho, considerando el actual apremiante momento de salubridad y sus consecuencias económicas y sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado una advertencia sobre la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, por lo que recomienda a los Estados, entre otras medidas, suspender cualquier tramitación legal que tenga impacto sobre la vida de la población indígena, como es precisamente el proyecto de ley sobre patrimonio.

Con lo anterior, el seguir discutiendo sobre la ley misma se vuelve un dilema, cuando nuestras urgencias deberían estar situadas en otro lugar, sobre todo sabiendo de crecimientos del contagio en territorio mapuche, donde el empobrecimiento y la precariedad del sistema de salud ponen en un real riesgo a muchas familias. Pero bueno, dada la insistencia de la institucionalidad cultural, particularmente del Subsecretario de Patrimonio don Emilio De la Cerda, reiteramos nuestra petición para ser partícipes de este proceso e insistir sobre algunos puntos.

Antes de comenzar es importante señalar que el año 2015, en el marco de la Consulta Indígena para la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, solo un punto fue dejado para los próximos debates parlamentarios, fue un acuerdo con la finalidad de hacer avanzar la promulgación de la ley que permitía la formación ministerial. Este punto versaba sobre una controversia que, según lo acordado, debería ser abordada posteriormente en un proyecto de ley exclusivo sobre patrimonio: una definición del Patrimonio Cultural Indígena.

El actual proyecto de ley en debate, se ha presentado como una “nueva ley del patrimonio”, por tanto, avanzar sobre una especificidad indígena en tornos a estos temas es una exigencia básica para su desarrollo, cuestión que no es explicitada suficientemente en el proyecto. Ese mismo año también, el Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, luego de su visita a Chile, evidenció la falta de políticas públicas que se hagan cargo de la situación indígena, señalando que en el país “los pueblos indígenas son el talón de Aquiles de Chile, en derechos humanos”.

Por otro lado, está el compromiso del gobierno de contar con un Ministerio Indígena cuyas atribuciones en cultura deben quedar establecidas claramente. Temas que deben ser consultados según el Convenio 169 y obligados bajo otros instrumentos internacionales, como por ejemplo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, cuyo Comité el año 2018, comunicó en su informe final que le preocupan entre otros temas la “ausencia de consultas efectivas y mecanismos para garantizar que las mujeres indígenas den su consentimiento libre, previo e informado”.

Bien, dicho esto, analicemos el proyecto de ley en cuestión. Un primer elemento que hemos venido discutiendo, y sobre el que hemos hecho notar en más de una ocasión, es que este proyecto de ley no ha sido en ningún momento consultado a los pueblos indígenas; y esto no lo planteamos desde una supuesta altura moral, sino que lo decimos aferrados a un Convenio Internacional que el propio Estado de Chile ha ratificado y que por tanto debe obedecer irrestrictamente.

Para quien no sepa, el Convenio 169 de la OIT es explícitamente claro en señalar que en tanto un proyecto va a generar una afectación directa, de cualquier índole, sobre la vida de los pueblos indígenas, la consulta es una obligación irrenunciable. Por tanto, al solicitar una consulta indígena para la “nueva ley del patrimonio” solo estamos haciendo cumplir la ley. No hacerlo, sería infringirla y violar un derecho.

Desde algunos sectores se ha insinuado que esta “ley de patrimonio” no tendría por qué ser consultada. Sus argumentos se sostienen sobre la base de que el proyecto en ningún momento se refiere explícitamente a poblaciones indígenas. Esta omisión, que nosotros vemos con preocupación y sospecha, como a continuación quedará explícito, no borra el hecho de que este proyecto de ley sí tiene afectación directa sobre los pueblos indígenas. Veamos algunos de los articulados, únicamente para graficar este punto.

Existe una diversidad de artículos en el proyecto de ley que ameritan ser consultados, partiendo por el primero. El artículo 1 señala dos cuestiones que podrían ser discutidas desde las comunidades y organizaciones indígenas. En primer lugar, separa la cultura material de la inmaterial, cuestión que para los pueblos indígenas no es tal, no es posible comprender, por ejemplo, la labor de los y las lawentuchefe (que sería parte de una cultura inmaterial vinculada con saberes sobre diversas “medicinas” mapuche) sin cierta “cultura material”, como son hierbas, bosques, territorios, etc.

Además, este mismo artículo señala que “la tuición y protección del patrimonio cultural material en Chile le corresponde en primer lugar al Estado”, cosa que desde los pueblos indígenas se viene polemizando desde hace décadas, bajo el amparo de una serie de debates internacionales que promueven la tuición del patrimonio cultural indígena en manos de los propios pueblos indígenas, que además ha sido una demanda creciente sobre todo en torno a la restitución de una serie de bienes materiales, incluso restos humanos, que los pueblos exigen a los museos. Que sea el Estado que mantenga y fortalezca  esta tuición no es más que el endurecimiento de lógicas coloniales en la relación entre la institucionalidad estatal y los pueblos indígenas.

Otro artículo, muy vinculado con el anterior, en el 2°, el cual señala que se formará un Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el cual tendrá la tutela y la supervigilancia de una serie de bienes culturales, entre ellos los de los pueblos indígenas. Este elemento, al igual que el anteriormente comentado, debería ser sujeto a consulta indígena, dada la afectación directa que podría tener esta institucionalidad sobre el derecho de los pueblos indígenas a resguardar y gestionar sus propios bienes culturales, sobre todo para evitar los despojos, las pérdidas y las apropiaciones de la cultura. Además, hay que señalar que este Consejo no estaría compuesto por ningún representante indígena, delegando toda tuición de los bienes culturales al Estado y  a los “expertos”.

Por cierto, hay una serie de definiciones al interior del proyecto que recaen profundamente sobre la vida cultural indígena, tales como “muebles de interés cultural”, “inmuebles de interés cultural”, “zonas de interés cultural” o “paisajes de interés cultural”, especificados entre los artículos 9° y 19° del proyecto, los cuales terminan afectando directamente a los pueblos indígenas, por lo que su consulta debería ser un principio básico para continuar con el debate parlamentario.

Existe además un punto central que las organizaciones indígenas vienen demandando hace décadas, aquella que versa sobre una definición del Patrimonio Cultural Inmaterial, expuesto en el artículo 33°. En él se señala que se entenderá como patrimonio inmaterial los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos, reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”.

Este artículo está en el centro del debate de aquello que las sociedades indígenas vienen reclamando desde hace décadas, el reconocimiento de que la cultura es algo más complejo que solo los bienes. Por tanto, consultar sobre este punto es básico, fundamental si se quiere avanzar respetando los derechos de los pueblos indígenas; y todavía más, cuando lo inmaterial y lo material no se observan como dos dimensiones desarticuladas al interior del pensamiento de los pueblos indígenas.

Existen otra serie de elementos que permiten afirmar que este proyecto sí tiene afectación directa sobre la vida cultural de los pueblos indígenas, acá solo señalamos algunos, lo cual vuelve innegable la necesidad de la consulta para continuar con la tramitación de la ley. Negarse a ello es violar los propios tratados internacionales que el Estado de Chile ha firmado durante las últimas décadas, pero por sobre todo es violar los procesos democratizadores que los propios pueblos han conquistados para ir superando el vínculo colonial con los Estados. No hacer consulta indígena para este proyecto de ley es antidemocrático, cuestión que en nuestra coyuntura actual debería ser impresentable.

Esperamos que estos breves argumentos hagan dudar a quienes insisten en la no consulta del proyecto de ley de patrimonio. No es posible avanzar sin consulta previa, es urgente hacerlo, y es vital entonces que la diversidad de “agentes culturales” estén comprometidos realmente con los métodos democráticos, sobre todo cuando nos aprontamos a discutir sobre plurinacionalidad, interculturalidad, autodeterminación de los pueblos, y otros temas, en el marco del proceso constituyente.

Finalmente, hay que señalar que una consulta indígena necesita de tiempo, no es posible hacerla en un mes, ni en dos meses, respetando los protocolos y los tiempos de los pueblos, tal como se realizó para la creación del mismo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Los pueblos indígenas aman y respetan los ciclos de la vida, este no es el momento, debemos esperar, siguiendo las recomendaciones de la CIDH. La mayoría, por no decir la casi totalidad de agentes culturales indígenas, difícilmente estarían dispuestos a comenzar un proceso de consulta, cuando en los territorios la pandemia y la pobreza están presionando las vidas comunitarias.

Así, por ahora, exigimos el retiro total del proyecto de ley de la Comisión de Cultura, y no avanzar en ningún tipo de tramitación en tanto la pandemia asole sobre nuestros territorios.

Az Mogen, Wallmapu por su Patrimonio

Adhieren a este comunicado:

• Comunidad de Historia Mapuche
• Asociación Mapuche Newen ka Kimün
• Taller ArTerra KuTral
• Unión de comunidades y organizaciones Mapuche Lonko Mariluan, Comuna de Victoria.
• ONG América Morena
• Consejo Territorial Mapuche de Pucón
• ANATRAP Araucanía
• Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile A.G.
• Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos de Mulchén
• ONG Folilwukelen
• ColliCreadores
• Eduardo Rapiman
• Comunidad Llaguepulli
• Museo Julio Abasolo Aldea
• Sociedad de Turismo Mapuche de La Araucanía A.G.
• Gestión y Producción Cultural Frontera Sur SpA
• Editorial en Mapuzugun Genlol
• Mapuzugunletuaiñ
• Tukulpan Kuifike Zungu
• Txawün de Comunidades de Temuco
• Equipo Fondart Regional “Mujeres, Colores y Tierra: Revalorizando el trabajo de las hortaliceras Mapuche y su contribución al patrimonio cultural de la ciudad de Temuco”
• Organización Comunitaria Oveja Verde
• Comunidad Franco Huirio Lienen
• Comunidad Calbul Llankihuen
• Red de Defensa de Territorios Araucanía (RDT)
• Red de acción por los Derechos Ambientales (RADA)
• Asociación Regional de Músicos de La Araucanía (ARMA)
• Acción Social, Victoria
• Colectivo Txokin Victoria
• Organización regional Mapuche Kom Mapu Ñi Newen
• Rosita Millaqueo, Consejera Indígena del Consejo Regional del MINCAP (Región de La Araucanía)
• Comunidad Indígena Miguel Huentelen
• Comunidad Indígena María Ancaleo Viuda de Amasa
• Felipe Trureo, Werken Lof Budy
• Agrupación de Artesanas Ñimin Rewe
• Elizabeth Painemal, Rutxafe, Lof Chivilcoyan (Territorio Wenteche)
• Patricia Rain Huentemilla, Comunidad Francisco Marín Aukañir
• Saray Pérez Rojas, Ñimikafe, Nueva Imperial (Territorio Wenteche)
• Fundación Las Raíces, Pucón
• Yerty Sierra, Comunidad Toribio Namoncura (Lastarria), Presidenta Asociación Indígena We Newen Peuma Lof Gorbea
• Ruka Küme Mogen, sector Rancahue, La Paz, Loncoche
• Edith Romero Cheuquepil. Lof Pedro Currilem, Lonquimay
• Comunidad Indígena José María Avilés, Pucón
• Pedro Mariman Quemenado, Consejero Nacional Indígena del MINCAP
• Joaquín Meliñir Huaiquillan, Quinquen, Lonquimay
• Comunidad José Santos Quilapan (Vilcún)
• Ana María Quiñenao Coliman. Artista Textil Pillankuche. Comunidad Mariano Millahual de Quetroleufo, Pucón. Dirigenta social
• Comunidad Indigena Millaqueo Millahual (Pucon)
• Edgardo Colque Choquechambe, dirigente del comité social cultural y patrimonio del pueblo de Belén (altosdearica)
• Ruth Garrido Varela. Consejera Comunidad Mapuche Julian Collinao (Pucon)
• Lof Melipilla (Presidente: Sergio Santo Millalen Himilaf)