La situación económica en Latinoamérica y el Caribe en 2020 apunta a un decrecimiento generalizado en la región, sobre todo ante la presencia de la pandemia del COVID-19 y sin saber hasta cuando seguirá golpeando con rudeza al continente.
En medio de esta crisis sanitaria, se intensifican las ya deplorables condiciones de vida que tenía la región, y en ese sentido se recrudecen las realidades de las poblaciones más vulnerables como pobres, desempleados, trabajadores informales, madres solteras, niños y adultos mayores.
Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtieron que la pandemia del COVID-19, además de los daños propios de la enfermedad, recrudecerá las condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe, al impactar a cerca de 83,4 millones de personas.
Si este pronóstico llegara a cumplirse -advierten ambos organismos que dependen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- la región sufrirá un «alza significativa en los niveles de hambre», razón por la cual sugieren que los gobiernos deberían estar preparados para entregar «un bono de emergencia a las personas vulnerables y créditos blandos para los productores«.
Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la CEPAL, citada en un despacho de la agencia NODAL, llamó a intensificar los esfuerzos “para evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”, mientras que Julio Berdegué, subdirector general de la FAO, alertó sobre el “riesgo inminente”, especialmentere todo en los países del Caribe.
PIB de Latinoamérica hacia abajo
Durante una teleconferencia, Bárcena recordó que la crisis regional por la pandemia es “la más grande” en un siglo, con una caída prevista del Producto Interno Bruto (PIB) regional de 5,3 %, tras siete años de bajo crecimiento, y aumento la pobreza en más de 16 millones de personas, por encima de las 67 millones precedentes.
Ese sector no tendrá ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria y abarcará al 25,2 % de la población en áreas rurales (4,9 puntos más que en 2019) y 10,2 % en zonas urbanas (1,8 punto más).
“La población en pobreza extrema aumentaría en 10,7 millones en áreas urbanas y 5,7 millones en áreas rurales”, hasta 53,4 millones y 30 millones, respectivamente, proyectó Bárcena.
Advirtió también que los precios de los alimentos aumentaron por encima del promedio general, “sobre todo a partir de mediados de febrero, cuando se redujo la movilidad y hubo mayor incertidumbre”, una situación que se sumó al impacto de las devaluaciones monetarias.
Berdegué, por su parte, señaló que aunque América del Sur es un gran productor mundial de alimentos, concentra a más de la mitad de la población en condición de hambre.
“En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre, podemos perder lo que hemos logrado en 15 años en tan sólo un par de meses”, alertó el representante regional de la FAO.
Bono contra el hambre
Sobre la propuesta del «Bono Contra el Hambre» en Latinoamérica, ambas organizaciones coinciden en que podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a la población en situación de pobreza extrema.
Este plan, indican las instituciones de la ONU, se realizaría por un período de seis meses, y sería equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional, que tiene ingresos mensuales inferiores a los 50 dólares.
Su costo equivaldría al 0,06 % del PIB regional, si se entrega únicamente a los pobres extremos mayores de 65 años, o al 0,45 % si se cubre a toda la población en esa situación.
La CEPAL y la FAO recomendaron la segunda opción, que tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares
Para los productores del sistema alimentario, en tanto, se planteó un incremento de al menos 20 % de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5.500 millones de dólares, financiados por una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo.
Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas se propuso un kit básico de inversión de 250 dólares con un costo de 1.700 millones de dólares a escala regional
“Ese aporte, por única vez, alcanzaría a 6,8 millones de fincas y sería utilizado para invertir en fertilizantes y semillas”, entre otros insumos, planteó Bárcena.
Berdegué, por último, instó a «garantizar la calidad de la alimentación en la pobreza extrema, ya que se van a agravar los problemas de sobrepeso y malnutrición”.
Hambre en Latinoamérica acecha a 40 millones de personas
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) que trabaja en 11 países de Latinoamérica y el Caribe advierte que el hambre acecha actualmente a 14 millones de personas que sufren de “inseguridad alimentaria severa” como consecuencia de la pandemia.
Un estudio realizado en 2019 por el PMA de la ONU, indicaba que las personas bajo esa categoría eran 3,4 millones en ese entonces, pero en menos de medio año se han sumado 11 millones de personas que no tienen qué comer cada día.
Si en el cálculo se incluye a quienes padecen de inseguridad alimentaria moderada, el problema afecta a 40 millones de personas en un grupo de países que comprende únicamente a aquellos donde el PMA tiene operaciones de ayuda.
Esas naciones son Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras en Centroamérica; Haití, República Dominicana y algunas pequeñas islas en el Caribe; y Perú, Ecuador y Colombia en Suramérica; destacó el director regional del PMA para la región, Miguel Barreto.
Esas subregiones han reportado hasta el momento a la Organización Mundial de la Salud cerca de dos millones de casos de COVID-19.
La evaluación sobre la situación nutricional en Latinoamérica excluye a los países de mayor peso económico, como México y Brasil, así como Argentina, Chile, además de Venezuela, donde el organismo no tiene presencia desde hace 45 años.
Crisis de extenderá hasta el próximo año
Las estimaciones de los organismos financieros internacionales apuntan a una contracción en Latinoamérica y el Caribe del 6 % en 2020.
Mientras tanto, recientemente algunos gobiernos han permitido la flexibilización e incluso la liberación total de las medidas de seguridad y prevención, a pesar de que los contagios se han reproducido con mayor alcance en este momento.
La paralización casi completa de las economías han generado una crisis de proporciones épicas, con altas cifras de desempleo, quiebre de microempresas y emprendimientos, así como consecuencias severas para empresas medianas, situación que seguramente se extenderá hasta 2021.
Mientras tanto, el PMA necesita recibir contribuciones por 400 millones de dólares para cubrir las nuevas necesidades alimentarias surgidas de la pandemia hasta fin de año.
Las personas más susceptibles de sufrir inseguridad alimentaria en la región son las que trabajan en la economía informal (entre 50 % y 70% del total) y sus ingresos dependen de actividades del día a día que ahora no pueden realizar.
Países más afectados
Uno de los aspectos más alarmantes de la situación que describió Barreto, es que sus cifras no incluyen a Venezuela, donde la crisis socioeconómica ya era grave antes de la pandemia.
A pesar que el PMA no tiene presencia en Venezuela desde hace más de cuatro décadas, Barreto indicó que el organismo se encuentra en negociaciones con el Gobierno para reanudar sus actividades en 2021 y asegura que hay “buena voluntad” para llegar a un acuerdo.
Barreto sostiene que quizás, como señal de ese acercamiento, las autoridades venezolanas permitieron que el PMA hiciese en 2019 una evaluación alimentaria independiente que desveló que 2,3 millones de personas sufrían de inseguridad alimentaria severa.
En los países en los que está presente el programa humanitario, el PMA ofreció -en 2019- asistencia alimentaria a más de cinco millones de personas, particularmente en zonas rurales, pero ahora está extendiendo su trabajo al medio urbano para aliviar el efecto del coronavirus entre los más pobres.
Pese a que la situación en general en Latinoamérica y el Caribe es mala, Barreto identificó las situaciones más graves, entre las que figura la de Haití, donde antes de la pandemia había 700.000 personas en inseguridad alimentaria severa, y ahora son 1,7 millones.
Asimismo, mencionó el caso de la zona centroamericana conocida como el “Corredor Seco”, que parte del sur de México hasta el norte de Panamá, y que registra una alta tasa de pobreza extrema.
Allí la inseguridad alimentaria grave afecta ahora a tres millones de personas frente a un un millón que se había detectado a finales de 2019, periodo que coincidió con el fin de una fuerte sequía.
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