La diputada Camila Rojas y la Consejera Regional Nataly Campusano, presentan este miércoles 8 de julio el informe “Mujeres en Valparaíso y una urgencia”, donde se aborda la apremiante situación social de las mujeres en la región, con especial énfasis en el agravamiento de la violencia bajo el confinamiento.
La experiencia de China y los países europeos enfrentando la pandemia meses antes que Latinoamérica encendió las alertas de las feministas chilenas. La crisis sanitaria y económica golpearía aún más fuertes a las mujeres, porque muchas están en situación de dependencia económica de sus parejas masculinas, imposibilitadas de trabajos formales por llevarse la carga de los cuidados, o con trabajos comparativamente más precarizados. El efecto de esto es mayor vulnerabilidad a situaciones de violencia.
Medios internacionales han destacado que tanto en Alemania, China e Italia los reportes de violencia doméstica durante el período de cuarentena o aislamiento social se incrementaron debido al encierro de mujeres con sus abusadores. En Italia, durante las primeras semanas de cuarentena se perpetraron 3 femicidios, de los cuales dos de ellos se desarrollaron en los propios hogares.
Con esta preocupación, se encargó a la Trabajadora Social y ex vocera feminista (2018) de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, Camila Lazo, la elaboración de un informe de caracterización de la situación social de las mujeres en la región, con especial énfasis en la violencia también estructural que viven en la región.
Deficiencia de políticas públicas
Solo durante 2019, se registraron 13 mil 740 casos de Violencia Intrafamiliar en nuestra región. 18 de ellos correspondieron a femicidios y en un 48,91% hubo lesiones físicas.
En informe constata que la ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar obliga al estado a otorgar protección a las víctimas y adoptar las medidas conducentes a garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia, e implementar políticas orientadas a prevenir la Violencia Intrafamiliar. Sin embargo, la medida protagónica del Sernameg durante la pandemia ha sido otorgar (mantener) un número telefónico para monitorear los casos de denuncia o maltrato doméstico.
Por otra parte, durante la pandemia las llamadas al Fono Violencia otorgado por Sernameg se incrementaron un 72,3%, sin embargo, son pocas las que terminan denunciando.
También se han constatado otras dificultades, como la falta de capacitación del personal que atiende a los llamados y la no derivación a otros servicios que pudiesen apoyar en sus causas.
Otra iniciativa que ha sido parte presupuestaria de las campañas del ministerio, es la llamada “Mascarilla 19” a implementarse en locales farmacéuticos del país. Esta iniciativa tenía como objetivo dar otro punto de atención que fuese más presencial para que mujeres acudieran y bajo el código “mascarilla 19” pudiesen obtener atención inmediata.
Las agrupaciones feministas, en general, han apuntado sus críticas a la pérdida de confianza en una institucionalidad que hasta ahora se ha mostrado pasiva ante el apremio de las mujeres, especialmente en los momentos más críticos, como el mayo feminista de 2018 y los protocolos contra el acoso y el abuso; la violencia político sexual ocurrida en contexto de la protesta social en 2019; y ahora bajo el estado de excepción constitucional decretado a causa del Covid-19.
Nosotras cuidamos
Uno de las tareas más relevantes para la sociedad que recae casi exclusivamente sobre los hombros de las mujeres es la tarea de los cuidados. Y a pesar de ser una tarea fundamental para la propia existencia de nuestra sociedad, no es reconocida socialmente. Por el contrario, expone a las mujeres a mayor precarización y vulnerabilidad.
En nuestro país las políticas públicas entienden los cuidados como aquellos que se proveen a personas en edades dependientes (niños, adultos/as mayores), y las que tienen algún problema de movilidad.
El informe recoge que, en términos numéricos, la suma de los tramos de edades dependientes (niños de 0 a 14 años y adultos mayores) que requieren mayores cuidados, estos representan el 32,6% de la población a nivel regional, en términos nacionales sólo la cifra de adultez mayor alcanza el 19,3%, según se puede desprender a base del Censo 2017.
Nuestro país y las autoridades correspondientes a nivel local han sido objeto de críticas por parte de ONU Mujeres, que en 2014 señaló que sólo se actúa “en caso de que existan problemas en las redes sociales y no se dispone de ingresos, lo cual significa una amplia falta de creación de políticas públicas con enfoque de género”, según consigna el informe.
En nuestra región, la población de 0 a 14 años es de 346 mil 131 personas, que en este momento están en su mayoría sin actividades educacionales, ni desarrollando con un apoyo docente o parvulario los procesos que corresponden a cada etapa, otorgándole ese peso a madres y adolescentes (niñas también) las cuales deben estar cuidando y acompañando, pues el 81% de quienes cumplen el rol de cuidados en nuestro país son mujeres: “Hijas, hermanas, esposas y nietas, incluso cuando se trata de un adulto mayor sin hijas, en muchos casos es la nuera quien asume su cuidado”, consigna el informe recogiendo el dato del programa Chile Crece Contigo.
El no reconocimiento de los cuidados, por un lado, implica que las mujeres no reciben salario. Tanto porque no es remunerado, como porque no pueden salir a buscar otros trabajos salarizados. De este modo se perpetúa un círculo vicioso que expone a las mujeres a la violencia.
La presentación del informe se realizará el día miércoles 8 de julio a través de una transmisión por la página de facebook de la diputada Camila Rojas, y contará con la presencia de Abofem, la Coordinadora 8M y otras organizaciones feministas.
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