Durante las últimas semanas, la pandemia del nuevo coronavirus en Colombia ha generado preocupación por la crisis sanitaria que provoca y el descontrol total en los contagios masivos y las muertes por la enfermedad. En ese contexto, un asunto ha puesto a temblar el sistema de salud: el nacimiento de una presunta mafia que hace de la atención médica un negocio y que llaman el «cartel del COVID-19».
La situación irregular fue denunciada, en principio, por un senador del Congreso y por el ministro de Salud. Sin embargo, otras voces ajenas al Estado opinan que el supuesto cartel es un invento para desviar la atención sobre la reapertura a la economía -que favorece a las empresas y pone en riesgo la vida de los trabajadores- y así disminuir el impacto mediático contra el régimen uribista de Iván Duque.
La denuncia original la hizo el senador de Cambio Radical, Abraham Jiménez, quien ya había denunciado los altos costos en la atención a pacientes con coronavirus y cómo era la diferencia entre las salas de hospitalización y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)
«Si a un colombiano lo hospitalizan, el sistema de salud paga 10 millones de pesos. Mientras que si entra a una UCI se paga 30 millones. Como las clínicas están vacías, están buscando la forma más rápida de facturar y tener liquidez, y esa sería meter a los pacientes en UCI», advirtió Jiménez.
La teoría del senador fue ampliamente aceptada por la sociedad colombiana, donde además se escucha que quizás es peor enfermar por COVID-19 por todo lo que se paga en atención que por la misma gravedad del padecimiento.
El rechazo a este tipo de practicas fue denunciado ampliamente, sobre todo porque los colombianos consideran que la salud en ese país suramericano no es un derecho, sino un negocio.
La situación se agravó cuando el ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, confirmó la posible existencia de un «Cartel del COVID-19» en el Valle del Cauca, en el que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) estarían dejando más tiempo del necesario a los pacientes internados en las UCI por COVID-19.
Aunque el ministro al principio había negado la existencia de lo que se conoció como el «Cartel de las UCI», ahora cambió de parecer. «No siento que haya un incentivo en este momento para que las clínicas hagan esto», dijo antes de retractarse.
SIn embargo, luego confirmó en la plenaria de la Comisión Segunda del Senado —el 4 de junio— lo siguiente: «Hay un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares a mantener pacientes más allá del tiempo que se necesita, y básicamente, con un incentivo puramente económico, de tener la cama ocupada, y de poder facturar los servicios».
¿Qué tan cierto es lo del Cartel?
La teoría del cartel o los carteles del COVID-19 se masificó aún más cuando varios medios colombianos comenzaron a divulgar esta posible irregularidad dentro de los centros de salud.
Según el diario El Espectador, las denuncias del senador Jiménez vienen desde mayo cuando alertó que bajo ese supuesto, «se estaría fraguando un posible ‘Cartel de las UCI’ frente a la COVID-19 en Cali, un asunto que debilita las finanzas del municipio y que representaría un riesgo para la ciudad».
La duda comenzó a surgir al ver el extraño comportamiento de la actividad en las UCI de Valle del Cauca en comparación con el resto del país. Para cuando se hizo la primera denuncia había hospitalizados en Colombia 844 pacientes, 215 de ellos en UCI. De ese total, Valle del Cauca tenía 133 hospitalizados y 53 en UCI.
El escándalo llegó a tal punto que la Superintendencia de Salud (Supersalud) emitió un comunicado sobre el tema el pasado 2 de junio, en el que indican que harán un reforzamiento de la vigilancia sobre la atención de pacientes en UCI.
En el comunicado, Supersalud instaba a las IPS a “verificar la pertinencia y oportunidad en el ingreso, estancia y egreso en hospitalización general o en alta complejidad, según sea el caso”.
Para Colombia y sus ciudadanos no es secreto que los hospitales han visto afectado su flujo de caja por los servicios que se dejaron de prestar, dada la capacidad reservada para atender la pandemia.
Según datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), en promedio los ingresos han disminuido a la mitad. Esta falta de ingresos, sumado a los pagos del Gobierno por cada interno en UCI, generaría un esquema de incentivos perversos que pudo haber sido aprovechado por algunos prestadores.
Pero en medio del escándalo mediático y de la vocería de algunos políticos, Supersalud aún no ha anunciado avances en la investigación por esta denuncia. En cuanto al Ministerio de Salud, le toca esclarecer qué hospitales o clínicas incurrieron en dichas prácticas e imponer sanciones a aquellos que hayan retenido pacientes más tiempo del necesario.
¿Cuándo el río suena?
La otra visión de esta denuncia la defienden sectores adversos al Gobierno de Duque, entre ellos el Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia (PST), que en un artículo publicado en su portal web, calificaron que el «Cartel del COVID-19» son calumnias del ministro Ruíz Gómez.
«Hace varias semanas empezaron a aparecer denuncias sacadas de contexto, acompañadas de videos en los que supuestamente se probaba la existencia de un ‘cartel del covid’, básicamente afirman que a los médicos y al personal de salud les pagan cifras millonarias para inventar casos de covid, e incluso se empezó a afirmar que en los hospitales se asesina a las personas para hacerlas pasar por infectados y cobrar la millonaria comisión», explica el PST.
Agregan que a pesar de que no tener una sola prueba, «muchos difundieron estas supuestas denuncias pensando que hacían críticas al sistema, muchos se creyeron el cuento de que el Gobierno quiere inventar los casos o generar pánico».
«Estos mensajes fueron circulando en redes sociales sin distinguir la labor de los trabajadores de la salud y de las clínicas, del papel de las EPS. Incluso, el periódico Voz del Partido Comunista saca una nota de una supuesta denuncia, en la que -sin ningún criterio de clase- dejan caer el manto de la duda sobre los trabajadores del sector», pues, «poco a poco se fueron centrando en la figura de los médicos, que pasaron de ser héroes a asesinos en pocas semanas».
El PST agrega que con la visión que tienen «no se pretende negar la evidente corrupción en el sistema de salud y que los corruptos aprovechan las tragedias para enriquecerse. No se pretende negar que la privatización mercantilizó y deshumanizó la salud».
«Tampoco podemos descartar que casos aberrantes se hayan presentado en clínicas privadas, ya conocidas por su pésimo servicio y su corrupción, pero el problema real del sistema de salud es la Ley 100 y las EPS», expresa el partido.
Teoría conspirativa para aplicar tercerización
Explica el PST que las declaraciones del ministro de Salud, «en las cuales acusa sin ninguna prueba a los médicos intensivistas de ‘manejar mal las UCIS’ para facturar más, dejaron al descubierto a quién beneficia estas noticias falsas en redes sociales«.
«Era demasiada casualidad que todas estas cadenas aparecieran justo cuando los trabajadores de la salud empezaban a organizarse y movilizarse contra la Ley 100, contra la tercerización que afecta al 85% del sector y por los elementos de protección personal», denuncia el PST.
Añaden que luego de las declaraciones del ministro «y las calumnias en redes sociales», no se hicieron esperar las amenazas de muerte y atentados contra el personal de salud. Por ello, las asociaciones médicas se han pronunciado y exigen la rectificación y la renuncia del ministro.
«Se trataba de una campaña sucia auspiciada desde la bodega uribista para desprestigiar la lucha de los trabajadores de la salud, poniendo a la población en su contra, pero también dejando correr entre la idea de que la pandemia no es real. Mientras los trabajadores de la salud dejan la vida en las UCIS, los verdaderos corruptos y mercaderes están disfrutando las ganancias en la cómoda cuarentena de sus mansiones», subrayó.
La PST denuncia que en Colombia el «sistema mercantilista de la Ley 100″ sólo beneficia «a los dueños de las clínicas privadas», pues «sólo les interesa la facturación y por supuesto vienen sobrefacturando, para sacar beneficio de toda esta tragedia.
«Esta es una realidad, pero que exista corrupción y que los capitalistas hagan negocio aprovechándose de la pandemia no quiere decir que no existe el virus, que no sea una amenaza real, o que el personal de salud esté inventando los casos o asesinando a las personas, la enfermedad y la muerte por la pandemia es una realidad, solo empeorada por estas situaciones lamentables», añade el partido.
El PST advierte, que en medio de este tipo de situaciones, «hay que hacer el esfuerzo de diferenciar (…) dado que se están usando para desprestigiar la lucha del personal de salud, pero también para apoyar la idea de que no existe el virus y demás teorías de la conspiración, para seguir reabriendo la economía».
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