· Temporalidad de nuevas concesiones, caducidad y extinción de derechos tanto antiguos como nuevos están entre las principales materias que se zanjarán.
· Aunque el presidente de la comisión, Alfonso de Urresti, comprometió para este lunes comenzar a ver los artículos, para hoy está en tabla la votación del retiro del 10% de los fondos de las AFP lo cual podría postergar la revisión de la reforma al Código de Aguas.
Por Patricio Segura
Para este lunes 20 de julio quedó agendada la votación de los artículos de la reforma al Código de Aguas que tuvieron reparos de constitucionalidad por parte del gobierno y los senadores Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI) y que están siendo revisados en la Comisión de Constitución del Senado. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura de la Cámara Alta, y tras 9 años de tramitación este es su paso previo a la votación del pleno.
Así lo comunicó el presidente de la comisión Alfonso de Urresti (PS) durante la última sesión de la comisión, donde se aprobó discutir las 3 materias constitucionales reparadas por los senadores oficialistas. En esta instancia también participan los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind.).
Sin embargo, será difícil que este lunes se concrete lo acordado. El proyecto de retiro del 10 % de los fondos de las AFP se tomó la agenda de la Comisión de Constitución, que este viernes comenzó a revisar el proyecto y que precisamente postergó para la próxima semana la votación.
Una vez que se retome la tramitación de la reforma al Código de Aguas el cuerpo de la discusión, explicó Allamand, se enfocará en tres divergencias constitucionales. “La primera, la más grande, es si el régimen nuevo se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Esa es la primera divergencia y ahí inciden tres o cuatro artículos” detalló. Agregó que “si se estimase que el régimen nuevo se ajusta a la Constitución, igual varios constitucionalistas que plantearon esa tesis dijeron ‘se ajusta pero de todas formas habría que hacerle enmiendas o hay prevenciones’”. Y, en tercer lugar, “vimos todas las normas nuevas del Código nuevo que impactan o invaden el régimen antiguo y ahí llegamos a 10 u 11 materias”.
Este análisis se tradujo en observaciones a los artículos 6, 17, 20, 129, 134, 147, 314 y los 1 y 2 transitorios ya aprobados, los que será revisados en las próximas sesiones bajo un prisma de constitucionalidad.
En la ocasión el director General de Aguas, Oscar Cristi, mencionó otros artículos por definir, sin embargo de Urresti descartó tal posibilidad: “Me sorprende un poco, porque no podemos abrir hasta el infinito la situación si no terminamos discutiendo todo el proyecto y nos convertimos en la tercera comisión que votará todo el articulado. Hemos hecho lo que planteó primero el Ministerio de Obras Públicas, lo que nos han señalado tanto usted como el ex director en relación a la discusión, el informe que han hecho los colegas Pérez y Allamand y nos concentraremos ahí” indicó. Además, el secretario de la comisión Rodrigo Pineda aclaró que tales artículos estuvieron a la vista al momento del análisis realizado por los senadores mandatados, por tanto su informe debe servir de marco del debate.
El primer tema a abordar será el Artículo 6º, ligado a los temas más cuestionados por el Ejecutivo y el gran empresariado: los derechos nuevos que serán otorgados como concesiones temporales y lo referido a la extinción de derechos cuando las aguas solicitadas no se utilizan, lo cual actualmente solo se grava con pago de patentes por no uso.
En las próximas sesiones también se votarían los artículos sobre caducidad de derechos, en el caso de aquellos cuyos titulares no se inscriban en el Conservador de Bienes Raíces con el fin de no pagar patentes por no uso.
Ante la crisis hídrica que sufre el país y los problemas institucionales y de gestión de las aguas, se espera que el Senado despache a la brevedad la reforma al Código de Aguas, previo a la llegada del verano, con el fin de contar con herramientas para una gestión más equitativa y ambientalmente sustentable de este bien público, esencial para la vida.