Gracias al abandono y desprotección del Gobierno, los derechos humanos del Pueblo Colla son vulnerados por la ejecución de los proyectos mineros que desarrolla una empresa canadiense en el territorio ancestral de la Región de Atacama.
Un informe realizado por los abogados José Aylwin y Felipe Guerra, coordinadores del Programa Globalización y Derechos Humanos y del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, concluyó que al Estado de Chile le cabe una responsabilidad central en la vulneración de los derechos de la Comunidad Colla de Pai-Ote, así como de las demás comunidades collas que hacen vida en la región impactada por los proyectos mineros La Coipa y La Coipa Fase 7, que lleva adelante la empresa canadiense Kinross Gold Corporation, a través de su filial chilena Minera Mantos de Oro.
En el estudio titulado: «Evaluación de impacto en derechos humanos de proyectos mineros canadienses en territorio colla en Chile: El Caso de Kinross y la comunidad Pai-Ote«, Aylwin y Guerra indicaron que al menos seis proyectos mineros se encuentran actualmente en desarrollo en el territorio Colla.
Sin embargo, optaron por analizar en profundidad a La Coipa y La Coipa Fase 7, puesto que estos conforman una unidad productiva, que califica para ser considerada como un proyecto a “gran escala”, susceptible de generar un impacto mayor en el territorio de las comunidades collas.
“La decisión de abocarnos al estudio en profundidad de este proyecto minero en particular, surgió a requerimiento de la propia comunidad, que durante décadas ha debido convivir con esta iniciativa y soportar las graves consecuencias socioambientales que ha tenido para sus territorios de uso y ocupación tradicional”, expresó Felipe Guerra, citado por Observatorio Ciudadano.
Los investigadores indicaron que esta situación se ha dado porque el Gobierno no ha cumplido con su obligación de resguardar a estos pueblos indígenas frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, “siendo el deber del Estado de proteger uno de los pilares de los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas”.
Asimismo, con base en los resultados del estudio, determinaron que la empresa Kinross y el Estado de Canadá, “incumplen estándares de derechos humanos al desarrollar y/o apoyar esos proyectos con evidente afectación de los derechos de estos pueblos».
Megaproyectos mineros
El territorio de ocupación y uso ancestral del Pueblo Colla –que incluye el llamado “Cinturón de Oro de Maricunga”–, se encuentra bajo una fuerte presión debido a los intereses mineros que existen en la zona y la instalación de megaproyectos que afectan las zonas de veranada e invernada utilizadas por la comunidad y sectores importantes para el desarrollo de la trashumancia y la cosmovisión colla, tales como humedales y lagunas altoandinas, así como los acuíferos que los alimentan.
Entre estos grandes proyectos figuran La Coipa y La Coipa Fase 7, que son 100% propiedad de Kinross Gold Corporation de Canadá, a través de su filial chilena Minera Mantos de Oro.
La Coipa es una mina de oro y plata que se encuentra ubicada en la región de Atacama al norte de Chile, alrededor de mil kilómetros al norte de Santiago y 140 kilómetros al noreste de Copiapó, la cual inició operaciones en 1993, a través del método convencional de explotación a rajo abierto.
Aunque en octubre 2013 Kinross paralizó sus operaciones temporalmente– argumentando que no era rentable su explotación- Mantos de Oro siguió generando impactos ambientales significativos en el espacio de la alta cordillera que forma parte del hábitat de la Comunidad Colla de Pai-Ot, tal y como han denunciado los propios habitantes de la región.
En 2015 la compañía canadiense finalizó campañas de prospección en un nuevo depósito denominado Fase 7, un plan que fue evaluado ambientalmente bajo la modalidad de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 20, denominada “Prospección Geológicas Mantos de Oro”.
Durante este proceso, la empresa señaló que no existían grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el área de influencia del proyecto y que no se afectaría territorios indígenas, porque no existían tierras tituladas a favor de alguna comunidad indígena, lo que fue controvertido por la CONADI, al señalar que en el área cercana al proyecto existían comunidades colla constituidas al alero de la Ley Indígena, que contaban con tierras inscritas que eran usadas como estancias de veranada.
Sin embargo, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama decidió validar las afirmaciones de la empresa y descartó la presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto.
El pasado 12 de febrero, Kinross anunció que reabriría el yacimiento minero La Coipa fase 7, con una inversión de capital inicial de aproximadamente 225 millones de dólares.
Según los cálculos de la compañía se espera que el proyecto produzca un total de 690.000 onzas de oro, en la etapa de pre-stripping, la cual tiene fecha de duración hasta finales de 2020. Mientras que la producción comenzaría durante el primer trimestre del 2022 hasta el 2024, tal y como reseñó el portal Cooperativa.
Derechos vulnerados
Los derechos de los pueblos indígenas en Chile se encuentran protegidos por la legislación nacional e internacional. En especial, la Ley Indígena (19.253), promulgada en 1993, reconoce a los collas, junto a otros ocho pueblos, como las principales “etnias” de Chile.
En su artículo primero establece que: “El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”.
Sin embargo, tal y como revela el estudio de los investigadores del Observatorio Ciudadano, entre los principales derechos de la Comunidad Colla de Pai-Ote que se han visto vulnerados por los proyectos La Coipa y La Coipa Fase 7 figuran: el derecho a la igualdad y no discriminación; el derecho sobre la tierra, el territorio y sobre los recursos naturales de uso y ocupación ancestral; el derecho de consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado; el derecho a que se efectúen estudios de impacto socioambiental; y el derecho a la participación en los beneficios y la compensación justa.
Derecho a la igualdad y no discriminación
Los abogados José Aylwin y Felipe Guerra, denunciaron que las propiedades mineras que fueron otorgadas por el Estado de Chile y que sustentan los proyectos La Coipa y La Coipa Fase 7, no fueron consultadas con carácter previo a su otorgamiento a las comunidades colla «que hacen uso de los recursos existentes en la superficie», y que tampoco se consideró el «impacto socioambiental que dichas concesiones podían generar en la regió»n.
Recordaron que hasta la fecha no se han implementado mecanismos para que las comunidades participen razonablemente de los beneficios que reporta la explotación minera en su hábitat, ni puedan ser compensadas por los daños que les han sido provocados como consecuencia de esta actividad.
Los investigadores señalaron que otro ejemplo del trato discriminatorio del Estado chileno a esta comunidad es el derecho preferente que la legislación confiere al concesionario minero para usar las aguas que encuentre durante las faenas mineras
“El otorgamiento preferente de las escasas aguas existentes en este territorio para Kinross y el desarrollo de las faenas, además de afectar el acceso a dichas aguas de uso tradicional por la Comunidad de Pai Ote, como vimos, ha resultado en su contaminación con mercurio”, explicaron.
Derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos
Los autores de la investigación denunciaron la falta de demarcación y titulación de los derechos de propiedad tradicional de las comunidades colla «que hacen uso y ocupación del territorio donde se emplazan los proyecto»s, así como sobre los acuíferos que alimentan los sistemas de vegas y bofedales altoandinos.
“Concluimos que, en este caso, se ha vulnerado el derecho de propiedad de la Comunidad Colla de Pai-Ote sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de ocupación tradicional, al no haber el Estado procedido en casi dos décadas a su saneamiento y titulación”, afirmaron.
Derecho de consulta y consentimiento previo
A través del estudio realizado por Observatorio Ciudadano se pudo constatar que las concesiones mineras fueron realizadas sin respetar el derecho de consulta, ni de consentimiento libre, previo e informado de la comunidad; y mucho menos el de definir sus propias prioridades en materia de desarrollo.
También fue posible observar que la empresa Kinross desconoció la existencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el área próxima al proyecto La Coima, así como tierras de ocupación tradicional colla e, incluso, áreas protegidas susceptibles de ser afectadas.
“Esto tuvo como consecuencia que se haya validado que todos estos proyectos hayan sido evaluados mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sin consulta de las comunidades afectadas”, señalaron José Aylwin y Felipe Guerra.
Derecho a estudios de impacto socioambiental
Los abogados del Observatorio Ciudadano advirtieron sobre la ausencia de un enfoque de derechos humanos durante las evaluaciones ambientales a los proyectos mineros desarrollados por la empresa canadiense.
“Los comuneros entrevistados señalaron que el proyecto minero asociado a la mina La Coipa ha generado afectaciones graves al territorio y al medioambiente, poniendo en serio riesgo el sistema de vida y costumbre de la Comunidad Colla de Pai-Ote y sus miembros”, expresaron.
“En efecto, la economía ganadera, que constituye la base material y cultural de la forma de vida de esta comunidad, está en riesgo por la potencial contaminación de las aguas; la pérdida de territorio; la construcción de líneas eléctricas sobre vegas; las dificultades de acceso a las zonas de veranada por el cierre de caminos; el desecamiento de vegas y bofedales como consecuencia de la extracción de agua fresca para el proceso minero, afectándose ecosistemas que cumplen funciones ambientales y productivas insustituibles para preservar la biodiversidad y el sistema productivo tradicional de las comunidades colla” , explicaron.
Derecho a la participación en los beneficios
La empresa Kinross indicó que llegó a una serie de acuerdos con las comunidades indígenas collas para desarrollar su proyecto La Coima Fase 7, en los que se establecen apoyos para el desarrollo cultural, desarrollo productivo y capital de trabajo. Además de otros acuerdos relacionados con el medioambiente, que incluyen el resguardo de rutas de acceso y de vegas, así como el monitoreo de recursos naturales.
No obstante, los investigadores del Observatorio Ciudadano alertaron que en ningún caso estos acuerdos satisfacen los requerimientos de la participación en los beneficios establecido por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
“Es discutible, además, que se haya logrado compensar el daño causado a dichas comunidades, en particular el daño al medioambiente (…) y como consecuencia de ello, el daño cultural, toda vez que ha resultado determinante en el cambio de actividad criancera de trashumancia a la cual la cultura Colla está profundamente vinculada”, afirmaron.
Asimismo, denunciaron que a partir de las entrevistas y la información disponible sobre los proyectos se observó una serie de problemas derivados de los modelos de negociación de acuerdos monetarios, como son: “1) el surgimiento de comunidades indígenas funcionales a este tipo de acuerdos; y 2) la generación de afectaciones graves al tejido social y relaciones entre grupos y familias colla”.
Para los abogados Aylwin y Guerra, uno de los hechos más graves es la negativa de la empresa canadiense a reconocer la existencia de los derechos de la Comunidad Colla de Pai-Ote sobre sus tierras de ocupación.
Las conclusiones de su informe son devastadoras y plantean que el Estado de Chile no ha cumplido con su obligación de proteger al Pueblo Colla frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, en este caso de compañías mineras extranjeras como Kinross.
De acuerdo con los investigadores el Gobierno otorgó las concesiones mineras desconociendo el derecho de propiedad sobre las tierras y recursos que tradicionalmente han ocupado las comunidades collas y tampoco “hizo cumplir las leyes que tienen por objeto hacer respetar los derechos humanos a las empresas”.
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