La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó al Gobierno de su país que adopte medidas de protección para garantizar la vida de los desmovilizados de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó el alto tribunal, componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las ex-fuerzas guerrilleras.
La medida se «tomó luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales» de los exguerrilleros de las disueltas (FARC) que están sometidos a su jurisdicción.
La información agrega que «más de 200 comparecientes han sido asesinados, fenómeno que ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc» de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), especializado en estudios de paz, destacó una nota de la agencia EFE.
En esa dirección, la JEP ordenó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y a la Unidad Nacional de Protección «llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil».
222 asesinatos de combatientes desmovilizados
Según el partido FARC alrededor de 222 exmiembros de la insurgencia han muerto debido a la espiral de violencia contra los excombatientes, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc, publicó, por su parte, el portal web de la televisora multiestatal Telesur.
En este sentido, agregó la nota, la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, realizar gestiones para la «efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político FARC».
La solicitud surge después que la JEP evaluó en dos audiencias «la grave condición de seguridad» y las razones que llevaron a efectuar el traslado de 93 personas, entre desmovilizados de las FARC y sus familiares, del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del caserío Santa Lucía, en Ituango, al municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.
Igualmente, le dio un término para remitir los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra los desmovilizados.
El acuerdo de paz colombiano de 2016 permitió la desmovilización de unos 13.000 hombres y mujeres del extinto grupo armado.
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