La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) colombiana le ordenó al alcalde de El Copey, en el departamento del Cesar, la «suspensión inmediata» de la manipulación de los restos óseos que fueron hallados mientras se hacían excavaciones para inhumar los cuerpos de los fallecidos por COVID-19.
En un video que circuló por las redes sociales esta semana, se observaban los nichos recién abiertos y restos humanos, entre los que había cráneos y huesos de extremidades, que estaban a la vista o incrustados en las capas de tierra.
La JEP, órgano creado para procesar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado del país sudamericano, pidió a la autoridad local, Francisco Meza, suspender «la manipulación, inhumación, exhumación y traslado de estructuras óseas existentes en el lote o cementerio alterno de El Copey».
Se conoció que dos miembros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se encuentran en el sitio, «para verificar que sea protegido el lugar donde se presume hay personas desaparecidas del conflicto armado».
Previamente, la Comisión Colombiana de Juristas publicó en su cuenta de Twitter que en el cementerio de El Copey podía haber «víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos», y pidió a la Fiscalía y a la JEP «decretar medidas cautelares de protección, prevención y conservación» en el terreno.
En los registros audiovisuales colgados en las redes, «se observa la afectación sobre el terreno, la intervención descuidada que se hizo en las fosas y los restos humanos expuestos», agregó la comisión.
De igual modo, los juristas piden parar la intervención sobre el lugar y recuerdan que han solicitado «en distintas oportunidades a la Fiscalía que ordene a la alcaldía proteger los restos humanos (aproximadamente de 100 personas) que reposan allí y que esta ha desatendido».
Los juristas refieren los casos de Oscar Alexander Morales, Octavio Bilbao y Germán Leal, quienes fueron enterrados en ese lote en 2008, luego de ser presuntamente asesinados por miembros del Batallón de Artillería N° 02 La Popa, y ser presentados como muertos en enfrentamientos con el Ejército, a pesar de que sus familiares desmintieron que hubieran pertenecido a algún grupo armado.
Según los abogados, en el cementerio de El Copey no hay demarcaciones y no se han tomado medidas para localizar y proteger los restos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. «Con las nuevas excavaciones se corre el riesgo de dañarlos, mezclarlos y desaparecerlos para siempre», denunciaron.
Fuente: RT.
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