Funcionarios del SII rechazaron rol asignado por el Gobierno y el Parlamento en la implementación del «Bono a la Clase Media»

Este lunes, las asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), agrupados en AFIICH y ANEIICH, rechazaron el rol asignado por el Gobierno y el Parlamento en la implementación del denominado «Bono a la Clase Media», y denunciaron el silencio cómplice del director del Servicio, Fernando Barraza.

A través de un comunicado de prensa, los funcionarios del SII afirmaron que «más allá del contenido de esta medida, las y los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos constatamos con asombro cómo la ley aprobada por el parlamento (boletín 13656-05), en su artículo 6, asigna a nuestra institución la implementación del aporte fiscal para la clase media, pese a no guardar ninguna relación con nuestro rol institucional».

«Nuestro servicio históricamente ha colaborado con todos los organismos nacionales e internacionales que lo han requerido, a través de la suscripción de convenios de colaboración mutua e intercambio de información, sin embargo, es primera vez en nuestra historia que el Gobierno y el Parlamento disponen a través de una ley simple, la realización de tareas que no guardan ninguna relación con nuestra labor, vulnerando gravemente nuestra autonomía y trayectoria institucional, y generando un precedente preocupante respecto al futuro», agrega la declaración.

En ese sentido, los funcionarios recordaron que «de acuerdo a la ley orgánica que rige nuestro servicio, contenida en el DFL 7/1980, el rol del SII es la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos establecidos o que se establecieren, mientras que nuestra misión institucional señala expresamente que nuestro rol es procurar que cada contribuyente cumpla cabalmente sus obligaciones tributarias, aplicando y fiscalizando los impuestos internos de manera efectiva y eficiente, con estricto apego a la legalidad vigente y buscando la facilitación del cumplimiento».

«Si bien comprendemos que las capacidades técnicas y disponibilidad de tecnologías de la información le permiten a nuestro servicio el desarrollo e implementación de tareas de este nivel de complejidad, hemos constatado que los sistemas están totalmente colapsados y los contribuyentes no pueden acceder a los tramites propios y necesarios para el desarrollo de sus actividades comerciales, como por ejemplo la emisión de boletas de honorarios u obtener permisos colectivos, por lo que se han generado múltiples reclamos», puntualizaron en el texto.

Asimismo, manifestaron su preocupación por el hecho de que las autoridades «dispongan de nuestra institución para la realización de funciones y tareas que no guardan ninguna relación con su labor, sin dejar de exigir a sus funcionarios cumplir con la carga laboral existente, ni capacitarlos adecuadamente antes las diversas consultas que surgen de un área que no es la que vemos día a día».

«Creemos que esta decisión constituye un error de proporciones aún insospechadas, que desperfila nuestro sentido de Servicio y aleja a los funcionarios de sus tareas esenciales, como son la aplicación y fiscalización de los impuestos establecidos por ley, en momentos que nuestro país necesita más que nunca velar por la sostenibilidad de su recaudación tributaria», añadieron las agrupaciones de funcionarios.

Críticas al director nacional del SII

Otro de los puntos mencionados en el comunicado, tiene que ver con el «silencio cómplice de nuestro Director Nacional Fernando Barraza, quien conociendo los resultados de estudios de nuestras asociaciones, que reflejan índices alarmantes de desgaste y exposición a riesgo de enfermedades profesionales producto de los múltiples desafíos que hemos debido enfrentar durante esta pandemia, siga exponiendo a nuestros funcionarios a nuevos requerimientos de implementación inmediata, confundiendo una vez más su rol como máxima autoridad tributaria del país, con la de funcionario de confianza del gobierno de turno».

«Lamentamos profundamente que nuestra máxima autoridad quien tiene por responsabilidad normativa y moral resguardar la integridad de sus funcionarios, nuevamente exprese certeramente un divorcio con ellos y con la necesidad real del país. Hacemos un llamado a todas las autoridades del país, a cuidar nuestra institución y sus funcionarios, que cumplen un rol trascendental para la sostenibilidad de Chile», concluye el comunicado.