Cierre de termoeléctricas a carbón al 2025 adelantaría el fin de Zonas de Sacrificio y el cumplimiento de compromisos climáticos de Chile

Este lunes 3 de agosto la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja aprobó y despachó a la sala el proyecto de ley que prohíbe la instalación, el funcionamiento y establece el cierre de las termoeléctricas a carbón, para el 2025.

El objetivo de este proyecto es reducir los gases de efecto invernadero, enmarcándose en el compromiso adquirido por Chile en el Acuerdo de París, de 2016, de las Naciones Unidas, en el que el entonces gobierno de Michelle Bachelet se comprometía a que Chile descarbonizaría su economía con tecnologías limpias.

El proyecto de ley establece la prohibición inmediata de instalar nuevas termoeléctricas a carbón y el cierre de todas ellas al 31 de diciembre de 2025.

El diputado Diego Ibáñez (uno de los impulsores del proyecto junto a todos los diputados de oposición de dicha comisión) explica a El Ciudadano los escenarios que se abren con respecto a la iniciativa: “Lo ideal es que esto se vote en la Cámara Baja y se lleve directamente al Senado, porque hay una mayoría en torno al proyecto”.

Sin embargo, el diputado de Convergencia Social advierte la posibilidad de que parlamentarios oficialistas presenten indicaciones que se aprueben en sala, lo que haría volver el proyecto a la citada Comisión. Luego, de ser aprobado ahí, debe volver al pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas para su aprobación o rechazo.

La Alianza Chao Carbón -más de 30 organizaciones territoriales, ONG y el Municipio de Coronel- sacó este 4 de agosto una declaración pública en relación con la aprobación de este proyecto en la Comisión de Medio Ambiente. En ella manifiestan que el gran apoyo parlamentario a esta iniciativa abre la oportunidad de adelantar la descarbonización eléctrica en Chile y establecería un nuevo estándar ambiental al prohibir por ley la instalación de estos proyectos contaminantes. En términos concretos, permitiría adelantar el cierre de 17 carboneras que aún no tienen fecha de cierre y que las empresas han propuesto mantener en operación hasta 2040.

Especificando aún más, Pamela Poo, politóloga y encargada de Políticas y Regulación en la ONG Chile Sustentable, destacó -en entrevista con El Ciudadano- la falta de compromiso de una empresa en particular: “Acá el tema de fondo es que AES Gener no ha ofrecido casi nada en materia de cierre de termoeléctricas. Y a mí me da la sensación de que ahí hay un tema político, geopolítico incluso. No olvidemos que la termoeléctrica Campiche (de Aes Gener) se aprobó con todas las presiones, incluyendo las de la Embajada de Estados Unidos”.

Energías renovables limpias

Pamela Poo expone la importancia de que, si este proyecto de ley se aprueba, venga acompañado de políticas públicas que consideren la aceleración de la construcción de líneas de transmisión necesarias para incentivar el ingreso de las energías renovables al sistema.

“El Gobierno debiera apuntar a aspectos esenciales para el desarrollo de las energías renovables no convencionales: Por una parte, debe considerarse un plan para mejorar el almacenamiento de la energía”.

Explica que actualmente hay vertimiento y pérdida de energía renovable, dado que se acumula y muchas veces no pueden ingresar todas a la transmisión.

En esta misma línea, Chao Carbón expone que este proyecto de ley constituye, además la gran oportunidad para erradicar en forma definitiva los contaminantes locales, lo que sería un tremendo avance en la reducción de CO2 y otros gases de efecto invernadero, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos y metas de mitigación del cambio climático de Chile y abre espacio a inversiones en nueva infraestructura energética limpia, como pilar para la reactivación económica sustentable.

El cierre adelantado de las termoeléctricas representa un incentivo para la industria de las ERNC y una señal de mercado importante para acelerar el reemplazo de energías sucias por limpias, señala la politóloga Pamela Poo.

El camino a la descontaminación es una tarea que involucra el esfuerzo de todos los sectores, y así lo plantea el diputado Ibáñez a esta periodista. “Esto amerita un trabajo muy fuerte de inversión pública por parte del Ejecutivo, de cooperación público- privada para fortalecer la pequeña y mediana empresa, la microempresa, la cadena de servicio, el turismo. Requiere un esfuerzo de todos los actores, de los empresarios, del gobierno y por supuesto, de todo el mundo político y social”.

Zonas de Sacrificio

Las zonas que se han visto más damnificadas por el actuar de la industria termoeléctrica a base de carbón son las comunas y localidades donde se instalan estas centrales. Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví y Coronel, representan las zonas más contaminadas por estas empresas, a las cuales les urge un plan de descontaminación efectivo y a corto plazo.

“Este proyecto plantea el desafío de que la crisis climática no puede esperar al 2040 y que, además, las zonas de sacrificio tampoco pueden esperar hasta ese año para comenzar un proceso de recuperación social y ambiental”, sostiene Ibáñez.

Este diputado plantea además que las zonas de sacrificios son lugares donde hay mucha desigualdad. “La contaminación es sintomática de esta desigualdad y el adelanto del cierre de termoeléctricas es una oportunidad para que se comiencen a desarrollar actividades que sean sostenibles con la vida de las personas que habitan estos lugares, con la vida de sus hijos y también con el ecosistema”.

Avanzar en la descarbonización del país, en materia de eliminar las termoeléctricas a carbón, es un tema prioritario para las zonas donde se instalan estas empresas y así lo denuncian las distintas organizaciones sociales y ambientales de estas zonas.

“Éticamente no es soportable plantearle a los ciudadanos que viven en zonas de sacrificio que tengan que soportar la contaminación atmosférica, de agua y suelo, por 20 años más”, enfatiza Pamela Poo.

“Los estragos provocados en estas zonas requieren ser remediados, se debe hacer una transición justa en los territorios que aborde temas sociales, económicos y ambientales”, según explica la politóloga.

Los supuestos problemas planteados por el ministro de Energía

En la comisión de Medio Ambiente, mientras se discutía el proyecto, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, detalló 5 “problemas graves” con respecto al proyecto de ley que -según él- implicarían la pérdida de 13 mil puestos de trabajo; riesgo de racionamiento eléctrico por “falta de capacidad de generación sin centrales a carbón”; alza importante en las cuentas de la luz hasta en 50%; riesgo “altísimo” de demandas por indemnización de perjuicios en contra del Estado, por incumplimiento de contratos; y la posibilidad que el proyecto sea declarado inconstitucional, alegándose que es “expropiatorio y podría afectar el gasto fiscal”.

Con respecto a estos dichos la también magister en sociología Pamela Poo acusa una falta de sustento en las declaraciones del ministro: “Sus declaraciones sobre racionamiento eléctrico son caricaturescos dado que no se presentó a la comisión ningún estudio que avale sus dichos”.

La profesional de Chile Sustentable continúa: “Los dichos de Jobet hacen recordar la campaña del terror que se hizo con HidroAysén, de que si no se construía este país iba a ‘quedar a oscuras’. Eso es una falacia. Ocupar esa técnica y esa retórica no suma al debate. Hay un simplismo, queriendo en el fondo convencer a última hora a los parlamentarios de no aprobar el proyecto”.

El diputado Ibáñez también se refirió sobre lo señalado por el ministro, coincidiendo con el análisis de la politóloga Poo: “Al ministro le faltó decir que se iba a incendiar Chile, porque es lo mismo que hicieron con HidroAysén, que la gente se quedaría sin luz y finalmente no ocurrió nada de eso. Es una campaña del terror”.

Ibáñez expresó que hoy lo preocupante “es cómo vamos a absorber esos empleos (que se perderán) de aquí a cinco años”. Sugiere que para eso deben generarse programas que, además, acojan la cesantía que deja la pandemia, y eso es plenamente lograble, con una estrategia de desarrollo que coloque en el centro la economía local y haciendo que el Estado apoye fuertemente a los pequeños empresarios, que hoy dan más del 60 por ciento del empleo en Chile”.

Sobre el carácter “expropiatorio” que mencionó el ministro, Ibáñez desmintió dichas afirmaciones: “Esto no es una expropiación, que implica un traspaso de propiedad sino que una regulación de una actividad económica que igual va a seguir existiendo, que es la generación de energía. Y esto también es parte de esa campaña del terror.”

Sigue el legislador: “si por cada regulación el Estado tuviese que indemnizar a los regulados ni siquiera el proyecto de bolsas plásticas sería posible. Entonces, aquí hay una campaña tergiversadora de lo que es el ordenamiento jurídico y de lo que sería la regulación de una actividad económica que protege el derecho fundamental a un medio ambiente libre de contaminación, a la salud y coloca el interés común y público por delante de la libertad económica”.

“Hoy Chile tiene un superávit de generación de energía. Contamos con 24.000 MW de capacidad instalada y la demanda máxima del país se encuentra en alrededor de los 11.000 MW”, explica Pamela Poo.

“Por lo tanto, el país no se va a caer con este cierre de termoeléctricas a carbón”, concluye la politóloga ambientalista.