El expediente Harvey

por Francisco Marín Castro

El capitán Rafael Harvey Valdés es el único oficial del Ejército que ha sido condenado por “sedición” en toda su historia. No corrieron dicha suerte los autores del golpe militar que, en 1973, acabó con la vida del presidente Salvador Allende y con el régimen democrático por él encabezado. Tampoco recibieron similar castigo los autores del “tacnazo”, del “tanquetazo” ni del “boinazo”.

A Harvey, que tenía una hoja de vida impecable, se le acusó de sedición y se le exoneró del Ejército por “indicarles -a soldados conscriptos- que con desertar nada ocurriría aparte de firmas mensuales sin privación de libertad”, como se afirma en sentencia de justicia castrense. Pero, en los hechos, el capitán selló su suerte al denunciar reiterados ilícitos del Alto Mando. Con lo obrado en el caso Harvey “el presidente Piñera compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile”, nos señaló el abogado Nelson Caucoto.

El capitán Rafael Harvey Valdés (39) es un hombre muy especial. Es el único oficial que tiene la medalla de oro a la mayor tradición militar del Ejército, la que le fue conferida el año 2000. 

No es para menos: dos de sus tatarabuelos fueron generales. Uno de ellos, Arturo Puga Osorio, incluso fue -por 9 días- presidente de la Junta de Gobierno de la República Socialista de Chile, en junio de 1932. 

Su bisabuelo, el general Rafael Fernández Reyes, fue Comandante en Jefe del Ejército; mientras que otro bisabuelo, Enrique Valdés Muñoz, también fue general. Su abuelo Enrique Valdés Puga llegó a Mayor General; mientras que su padre, Hugo Harvey Parada, a coronel. 

Rafael Harvey Valdés sólo llegó a Capitán. Y, salvo que el presidente Sebastián Piñera acoja un recurso de Reclamación presentado el pasado 22 de junio, no podrá continuar su carrera militar, dado que el Ministro de Defensa Alberto Espina firmó -el 22 de mayo- un decreto que determina su “retiro absoluto” de las filas castrenses. 

Seguro que Rafael hubiera volado mucho más lejos de no haber sido porque en 2015, en momentos en que se desempeñaba como comandante de soldados del Regimiento de Artillería N°1 “Tacna”, de San Bernardo, denunció la corrupción de superiores directos. 

“Quiero representar a Usía la bajeza moral y lo miserable de los mandos del Ejército de obligar a pagar a soldados conscriptos de familias de escasos recursos, por elementos de abrigo que se deben adquirir por la Ley Reservada del Cobre, pero que no se hace porque los fondos que corresponden a esa ley sufren de apropiación indebida”. Así señaló Harvey -en carta de 3 de junio de 2016- al presidente de la Comisión Investigadora de Fraude en el Ejército, Jaime Pilowsky.  

Antes, el 10 de julio de 2015, el capitán Harvey ofició al comandante en jefe de la II División Motorizada General de Brigada Schafick Nazal Lázaro para presentar un reclamo en contra del Comandante del Regimiento de Artillería Nº1 “Tacna” coronel Marcelo Masalleras Viola y en contra del Cdte. de Grupo Rodrigo Manríquez Lerou como cómplices, por el delito de estafa (Art.466 Código Penal) y delito de malversación de caudales públicos (Art. 235 Código Penal) que afectó al personal de SLCs (conscriptos) de esta Unidad”. Así consta en dicho documento, que tuvimos a la vista.

En el punto “2” de dicha denuncia, la defensa de Harvey afirma que “en cumplimiento a la obligación que ordena el Código Procesal Penal vigente como empleado público (Art. 175 letra b.) y en su calidad de egresado de Derecho, ha representado a los mandos estas irregularidades y producto de esto, ha sido víctima de acoso laboral, discriminación, menoscabo,  malas calificaciones y opiniones reflejadas en su hoja de vida e incluso graves insultos y malos tratos sumado a órdenes y contraordenes,  por estos hechos que no sólo revisten carácter de delito y que atentan contra disposiciones de nuestro Sr. Comandante en Jefe (CJE) y de la COTRAE (Contraloría del Ejército),  sino que afectan al eslabón más  vulnerable de nuestra institución, como lo son nuestros SLCs, razón de ser del Ejército”.

En agosto de 2015 fue removido del mando de soldados. Al despedirse de ellos les manifestó los derechos que les asistían, como denunciar cobros indebidos y malos tratos de los que fueran víctimas. 

Cuando hizo las denuncias por corrupción, Harvey pidió acogerse a la Ley 20.205, que “Protege al funcionario público que denuncia faltas a la probidad¨. Pero, increíblemente, el Ejército le respondió por escrito que él no estaba efecto a esa ley anticorrupción ni a ninguna otra que tuviera que ver con faltas a la probidad. 

El 3 de julio 2016, TVN emitió un programa Informe Especial relativo al “Milicogate” en que Harvey ratificó y amplió sus acusaciones. Específicamente denunció la corrupción del coronel en retiro Juan Vega Manríquez y del coronel Marcelo Masalleras Viola, activo hasta hoy. 

Cabe señalar, en primer lugar, que el capitán Harvey Valdés contaba con la autorización del Ejército para participar en dicho programa de televisión. Respecto de los mencionados coroneles, debe indicarse que en sendos informes de la CGR -que tuvimos a la vista- constan las malversaciones y fraudes al fisco cometidos por Vega y Masalleras. Se trata del Informe Investigación Especial Regimiento Logístico No 1, “Bellavista”; y del Informe Especial 112/2016, sobre el Regimiento de Artillería N°1 “Tacna”.

Tras la emisión de dicho programa de TVN, el comandante en Jefe de la II División Motorizada General Oscar Rojas Arís emanó -el 2 de agosto de 2016- la Orden Reservada N°01 en que se estableció el arresto por 15 días de Harvey. 

La justificación: “por efectuar imputaciones graves en un medio de comunicación social abierto a todo público, desacreditando la imagen institucional, efectuando juicios de valor que lesionan la dignidad militar de oficiales en servicio activo y en retiro, que dejan dudas sobre la honorabilidad de estos, faltando a las formas del respeto debido a sus superiores (…) incurriendo en faltas a la disciplina que constituyen un grave incumplimiento a sus deberes militares”.

El General Rojas Arís estampó en la hoja de vida de Harvey una anotación de demérito que supuso “menos cinco puntos” en su calificación profesional, lo suficiente como caer en Lista 4 “deficiente”. 

Con esto, su vida militar caía en el ocaso, más no su lucha en pos de la probidad y por la refundación del ejército “que está secuestrado por la corrupción”, como señala en entrevista con El Ciudadano. 

En ese bregar por la justicia, sus medallas y galones se acumulan sin tregua y sin pacto. Porque no es menor lo que él ha hecho: ante la nula respuesta de gobierno y las instituciones, ha decidido enfrentar la corrupción y a quienes la sostienen, sin más armas que la verdad y su ejemplo. Rafael Harvey se ha echado la historia al hombro.

El primero de todos

La trayectoria de Harvey Valdés es insólita para un militar: es el único capitán de línea de la Escuela Militar que, en toda su historia, se ha titulado como abogado. Considérese que los abogados que hay en el ejército son contratados como tales y, una vez dentro, los disfrazan de militares. No es el caso de Harvey. 

Su título lo obtuvo en la Corte Suprema el 2 de agosto de 2017. No fue fácil alcanzar dicho logro: hasta último momento el Alto Mando institucional intentó impedir que este diploma le fuera entregado. Argumentaban que Harvey había sido procesado por “sedición impropia” y que, por lo mismo, no reunía los requisitos para titularse. En aquel momento la Fiscalía pedía 10 años de cárcel para él. 

El máximo tribunal desoyó estas razones, al no haber condena en este caso, la que de todos modos llegaría (en primera instancia) el 20 de diciembre de 2018. Fue dictada por el Segundo Juzgado Militar, que decretó 5 años de reclusión militar en su grado máximo.

La justicia castrense había iniciado el proceso, en 2015, sosteniendo que Harvey había inducido a desertar a 13 soldados conscriptos que realizaban el servicio militar en el Regimiento de Artillería N°1 de San Bernardo, los que acusaron cobros indebidos, malos tratos y amenazas por parte de superiores.

“Al indicarles que con desertar nada ocurriría aparte de firmas mensuales sin privación de libertad, y que estaban en su derecho de irse del Regimiento, contribuyó a formar la convicción de que podían abandonar sin mayores problemas, lo que implicó una inducción o incitación a cometer las deserciones”, señala la sentencia.

Este castigo convirtió a Harvey, otra vez, en un caso emblemático. Y no es para menos: Harvey es el primer oficial condenado por sedición en toda la historia del Ejército. 

En entrevista con este director, Harvey hace un reparo, a este respecto: “en 209 años de historia, hechos como el ‘ruido de sables’, el ‘tanquetazo’, el ‘tacnazo’, el ‘golpe militar’, el ‘boinazo’, el ‘servilletazo’, no fueron considerados actos de sedición”. 

“Y a mi -agrega- cuyo único móvil ha sido que el Ejército se guíe por un proceder de rectitud, me condenan por sedición… esto no puede ser, no puede pasar en Chile”, señala en la entrevista.

Esta persecución contrasta con los reconocimientos recibidos, incluso de parte del propio Estado. En 2017, en el Bicentenario del Ministerio de Defensa Nacional (Mindef), el titular de esta cartera José Antonio Gómez le confirió la Medalla Bicentenario, en la Categoría Primera Clase “por su contribución y desarrollo de actividades institucionales, de modo sobresaliente”.

Tanto la Unión Europea (2007) como Naciones Unidas (2013) le entregaron reconocimientos por su destacada participación en misiones de paz en Bosnia Herzegovina y Haití, respectivamente.

Cabe hacer notar que Harvey es el único capitán del Ejército que ha ocupado el cargo de “Jefe de planes y decisiones estratégicas en las misión de paz en Haití”, en el Cuartel General de la MINUSTAH, siendo clasificado en lista 1 “Muy Bueno” (en la calificación del Ejército de Chile) hasta que denunció hechos de corrupción.

Un dato más: Harvey es el único oficial de línea, egresado de la Escuela Militar, que ha cursado un diplomado de postítulo en Derechos Humanos en la Universidad de Chile. “Al principio, era el bicho raro del curso”, comentó el oficial, soltando una risa.

Sin embargo, sus mayores orgullos militares parecen ser otros: ser denunciante de corrupción al interior del Ejército, pese a los costos que de ello se han derivado; el haber planteado, el 6 de junio de 2018, la creación de la Oficina (Departamento) de Derechos Humanos del Ejército, en propuesta de la que él es ideólogo y redactor; y ser autor del proyecto de ley que protege a funcionarios de las Fuerzas Armadas (FFAA) que denuncien actos de corrupción. Este último aporte amerita detenerse. 

Ley “Rafael Harvey” 

El proyecto conocido como “Ley Rafael Harvey” fue aprobado, en su primer trámite constitucional, por la Cámara de Diputadas y Diputados, con 144 votos a favor (unanimidad), el pasado 23 de junio. 

“Este proyecto de ley nace porque empezamos a ver actos de corrupción groseros y descarados, desde 2014 en adelante. Yo hago una denuncia el 2015 y ya existían otros que habían hecho denuncias y que habían sido también dados de baja ese año. 

“Me encuentro con que no hay protección para los denunciantes. La Ley 20.205 -de 2007- ‘que protege al funcionario público que denuncia irregularidades y hechos de corrupción’ dejó afuera a las FFAA y de Orden. Entonces yo hago el nexo entre el hecho que el Ejército y Carabineros tienen en sus manos los dos más grandes fraudes de la historia de Chile y no hay protección para quienes denuncian”, señala el capitán, en la entrevista.

Añade: “Al ver esta aberración pedí por escrito a la Contraloría que protegiera a los denunciantes de corrupción”. Como respuesta el ente contralor emanó el dictamen 78.299, de 2016, que confirmaba que no hay protección para los denunciantes de corrupción en las FFAA ni de orden. 

“Cuando en 2016 me estaban pasando a retiro, quise hacer algo simbólico: el 3 de junio 2016 haciendo alusión a mi caso, presenté un proyecto de ley, de un solo artículo, en que sostenía que había que incorporar en la ley 20.205 a las FFAA y de Orden”.

Cuenta Harvey que notificó personalmente de esta propuesta a los principales estamentos del Estado como: Senado, Cámara de Diputadas y Diputados, Tribunal Constitucional, CGR, Consejo para la Transparencia. Lo hizo “para que ninguno dijera a futuro que no tuvo conocimiento o para evitar que alguno intentara arrogarse la autoría del proyecto como lo hace vilmente el Ministro Espina y el Subsecretario Galli, faltando gravemente a la verdad”.

Narra que el 17 de octubre del 2018 le presentó dicho proyecto al diputado Jorge Brito, presidente de la Comisión de Defensa. “Lo acogió y estudió con distintos asesores y uno de ellos me llama el 24 de octubre para decirme que había conseguido apoyo transversal, de derecha, centro e izquierda, y que ya contaba con la firma de 10 diputados”. 

El proyecto se presentó oficialmente el 25 de octubre del 2018 y, en lo sustancial, es el mismo proyecto presentado simbólicamente por Harvey dos años antes. Y, a la luz del gran apoyo concitado entre los diputados, claramente puede llegar a convertirse en ley.  De concretarse, será una ley inspirada en su lucha, escrita por él y que llevará su nombre. Sincerémonos: no muchos pueden contar algo semejante.

El Laberinto de la corrupción

El calvario del capitán Rafael Harvey muestra hasta que nivel el sistema favorece la corrupción en el Ejército y en las FFAA. También como las instituciones, incluyendo Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, además del Ministerio de Defensa (Mindef) y la Presidencia de la República, son proclives a mantener el statu quo.

En la conversación con este redactor, que ha sido a distancia como casi todo en tiempos de pandemia, Rafael Harvey hace un ejercicio imaginario de lo que tiene que hacer un denunciante de corrupción. 

“Supongamos que tengo antecedentes fehacientes que pueden involucrar a comandantes en jefe en un hecho de corrupción. Voy al Ministerio Público a presentarlo y el fiscal Abbot me dice: ‘mire, nos tenemos que declarar incompetentes, porque delito militar ejercido por un militar en ejercicio de sus funciones corresponde al Código de Justicia Militar’. Se derivan los antecedentes al Juzgado Militar. Allí esos antecedentes de corrupción llegarán a un subordinado del CJE que lo puede llamar a retiro cuando quiera. Entonces lo único que puede hacer un juez militar es archivar el caso y liquidar al denunciante al informarle al CJE que lo querían acusar de algún delito. Luego, trato de entregar estos antecedentes a la Cámara de Diputados, porque son los fiscalizadores de los actos de gobierno. Así que los llevo a su Comisión de Defensa. 

“Cuando hice esto, el secretario de dicha comisión me citó por escrito, el 16 de noviembre de 2018, para que el 20 de noviembre siguiente expusiera sobre mi denuncia en relación con la existencia de una red de protección a la corrupción en el ejército. Extrañamente, el 19 de noviembre me llaman y me dicen que van a cambiar la sesión”, relata Harvey.

Agrega que se pudo enterar que este gobierno generó una directriz que impide que puedan ir a declarar al Congreso oficiales en servicio activo, sin el permiso del CJE. “¿Cómo le pido permiso a él para ir a denunciarlo ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados?. ¡Imposible!”, expresó Harvey. 

Sigue con su disquisición: “Si voy a la Contraloría y entregó antecedentes de corrupción que involucran a un CJE ¿Qué pasa? La Contraloría no investiga delitos, investiga irregularidades. Lo único que va a hacer es entregarle todos los antecedentes de corrupción al mismo denunciado, y le pide que haga una investigación e informe resultados. O sea: le está diciendo al CJE que sea super autocrítico y que se sancione a sí mismo. 

Luego, si se intenta denunciar hechos de corrupción, que involucran a un CJE, al ministro de Defensa Alberto Espina, a este no le interesa. A él solo le interesa pasearse en los cocteles y recibir regalos corporativos de las FFAA… ¡nada más!. A mi me denegó 32 audiencias y la única vez que recibió de mi antecedentes de corrupción, que si involucraban a un CJE, fue en el caso de seguimiento de la Dirección de Inteligencia (DINE)”. 

Esa audiencia, entre Harvey y Espina, fue el 12 de agosto del 2019. Estuvo relacionada con la solicitud 33 de audiencia y, en específico, con el escándalo conocido como “Operación Topógrafo”. Este dice relación con intercepciones telefónicas y se detonó dos días antes tras publicaciones de Radio Bío Bío y La Tercera. Fueron víctimas de dicha operación, además de Harvey, otros tres militares denunciantes de corrupción y el periodista Mauricio Weibel.

“(Espina) me recibió solo para ese efecto, no para recibir denuncias por corrupción. ‘¿Adivine qué hizo con los antecedentes sobre uso fraudulento de la Ley de Inteligencia que le entregué y que involucraban al CJE?’. Ese mismo día, se los pasó al Fiscal General Militar. Él es un Coronel de Justicia, que lo único que hace es revisar si esos antecedentes son o no constitutivos de delito. Pero ese fiscal es un subordinado más del CJE… esto es un laberinto, ni siquiera con lo que ha pasado, ha cambiado algo”, describe el oficial.

Denuncias

Las 32 solicitudes de audiencia realizadas al Ministro Alberto Espina -entre el 2 de octubre de 2018 y el 9 de agosto de 2019- constituyen una buena fuente documental  para entender el calado de lo denunciado por Harvey en contra de superiores jerárquicos del Ejército.

Por ejemplo, en solicitud de audiencia -hecha por Ley del Lobby 20.730- de 4 de marzo de 2019, Harvey apunta derecho al corazón del CJE Martínez. En el ítem “especifique las materias a tratar”, el tataranieto de generales, afirma:

“Representar, informar y entregar antecedentes documentales que involucran al actual CJE, General de Ejército Don Ricardo Martínez Menanteau en viajes y comisiones de servicio irregulares efectuadas entre los años 2011 y 2012, lo cual sólo puede conocer el Señor Ministro de Defensa Nacional como su superior jerárquico, dado que, pudiera causar un problema a este Ministerio de Defensa en caso de verificarse próximamente, y seguir dañando la imagen de nuestro querido Ejército, como lo han hecho la mayoría de los oficiales Generales”. 

Uno de los aspectos en que Harvey más hincapié ha hecho en sus denuncias, se vincula a los variados casos en que oficiales procesados por corrupción han sido ascendidos. Uno de ellos corresponde al oficial Nelson Cantillana quien, el 1 de enero de 2011, fue ascendido al grado de Mayor, pese a que -desde octubre de 2008- estaba procesado por fraude al Fisco por cerca de 44 millones de pesos. Como en todos los casos que hemos conocido, sus aseveraciones se demostrarían veraces.

Expulsado, pese a ser denunciante

Tal como señala el capitán Harvey al presidente Piñera, en inédita carta de 22 de junio de 2020, “desde marzo de 2015 a la fecha de este reclamo, ha sido un hecho indubitado y no controvertido la calidad de denunciante de hechos de corrupción previo a toda calificación, como consta en sentencia Rol 77.605-2018 de la Iltma Corte de Santiago”. 

“Cuando denuncié, pedí al Ejército, bajo documento de fecha 7 de julio de 2015, acogerme a la ley 20.205, que ‘protege al funcionario público que denuncia faltas a la probidad’, pero extrañamente el Ejército me respondió por documento que no está afecto a esa ley anticorrupción ni a ninguna otra que tenga que ver con faltas a la probidad”. 

Hay otro documento que corrobora fehacientemente los dichos del condenado capitán. Se trata del memo. GMDB (P) N° 12900/1312/5 del Gabinete del Ministro de Defensa, fechado en Santiago, el 14 de mayo del presente. Viene firmado por la capitán Paula Cordero Chávez y es en respuesta a una solicitud de búsqueda documental solicitada por la jefa de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional, diez días antes.

“Solicito tener a bien a este Ministerio (MINDEF) la entrega de copia simple de política, resolución, lineamiento, directriz, oficio, documento, orden o cualquier decisión escrita adoptada o dispuesta por parte del Sr Ministro de Defensa Nacional respecto de las medidas de protección que ha dispuesto y/o que otorga esta cartera del Estado, a fin que los militares que tengan calidad de denunciantes no sean objeto de represalias, acoso persecución y, en consecuencia, se produzca su desvinculación de las instituciones armadas”. Esto, en relación con denuncias que estén siendo aún investigadas y que vayan en contra de superiores jerárquicos.

La respuesta de la Secretaría del Gabinete ministerial del MDN, es decidora, casi de antología: “No se encontraron antecedentes de lo solicitado”. Es decir, no hay ninguna norma que proteja a los denunciantes en los casos señalados.  

Luego que -en 2018- la Junta de Selección de Oficiales del Ejército y la Junta de Apelaciones de Oficiales del Ejército, de 24 de septiembre del mismo año, recomendaran la exclusión de Harvey, el CJE, General Ricardo Martínez propuso el retiro Institucional absoluto del Capitán Harvey al Ministerio de Defensa, con fecha 4 de octubre de 2018, materializándolo el Ejército el 30 de noviembre de 2018, en que se ordenó la entrega de cargos y se dispuso el despacho forzado de su unidad, que era la División Doctrina del Ejército, indudablemente por el hecho de ser el capitán Harvey un denunciante de hechos de corrupción militar.

No obstante, el 18 de diciembre de 2018 el ministro Espina ofició a la Comandancia en Jefe del Ejército, señalando que no se cursaría el retiro hasta que se resolviera un Recurso de Protección presentado por Harvey. No cumplió.

La Corte de Santiago determinó -en sentencia 77.605, considerando 22, parte conclusiva; del 7 de junio de 2019- que, el haberle negado al sancionado oficial el conocer la identidad de quienes participaron de la Junta de Apelaciones “constituye una omisión ilegal” pues esta prerrogativa no está comprendida “en el secreto que incluye la reglamentación militar en relación a las sesiones y actas de dicho órgano”. Además, la definió como “arbitraria”, toda vez “que en su calidad de denunciante de eventuales actos de corrupción de superiores jerárquicos -que han dado origen a investigaciones administrativas, una de ellas vigente- las normas que rigen el proceso de calificación pierden su eficacia a su respecto al desconocer la identidad de los miembros de su jefatura que como integrantes de la Junta de Apelaciones fueron designados para controlar la idoneidad de los criterios empleados para su evaluación, no garantizándose por tanto ni  la imparcialidad y objetividad de ese órgano”.

En consecuencia, dicha Corte ordenó al Ejército proporcionar la identidad de los oficiales participantes de la Junta de Apelaciones que sancionó la marginación del oficial.

Pese a ganar este punto, la Corte de Santiago estableció -en el considerando 11 de la misma sentencia (parte considerativa)- que “el proceso de evaluación del recurrente se ha ceñido al régimen jurídico aplicable a las calificaciones de las FFAA, no vislumbrándose arbitrariedad o una decisión desprovista de motivación”.

El 3 de enero de 2020 la CS rechazó la insistencia de Harvey por invalidar la citada decisión, lo que quedó refrendado en sentencia 17746-2019.

Así las cosas, el 1 de abril de este año el Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez emitió el oficio 1595/3524 por medio del cual solicita se curse el retiro de Capitán Harvey “de conformidad a los dispuesto por la Junta de Selección de Oficiales del Ejército de 2018”.

De esta manera, se llegó al 22 de mayo pasado, cuando el ministro Espina “optó por liquidar la carrera de este oficial denunciante de hechos de corrupción acaecidos en su institución, en los cuales han estado involucrados oficiales superiores y generales, firmando el decreto exento de retiro N° 118406/2441/2020, del único oficial del Ejército que tiene calidad de denunciante en la causa conocida públicamente como Milicogate ‘Fraude histórico descubierto en el Ejército de Chile’, (…) el que se investiga en la causa Rol Nº 575-2014, instruida por la Sra. Ministra en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte Marcial, doña Romy Rutherford Parenti”.

Así se expresa Rafael Harvey en la mencionada carta a Piñera -de 22 de junio- en la que interpone un Recurso de Reclamación en contra de Espina y solicita al jefe de Estado, en virtud del Artículo Nº 57 de la Ley Nº 19.880, “tenga a bien ordenar la ‘Suspensión del acto de retiro’, a fin de suspender la vulneración de derechos que se denuncian en este acto y evitar que sus efectos perniciosos se vuelvan irreparables”.

Como expresión que lo suyo no es dejar nada al azar y evidenciando que está muy bien asesorado -sus abogados son Nelson Caucoto y Francisco Ugás- Harvey convirtió la notificación de su retiro en un jaque contra sus matarifes. 

En efecto, al mostrársele el 28 de mayo el Decreto Exento RA N° 118406/2441/2020 de la Subsecretaría de las FFAA, para que lo firme como recibido, Harvey escribió, de puño y letra, que no estaba conforme con lo resuelto, agregando 10 razones que lo justifican. Por su valor histórico, transcribimos íntegramente este, hasta ahora, desconocido texto:

1.- No conforme con lo notificado; 2.- Presentaré recurso reposición jerárquico en subsidio; 3.- El Decreto corresponde a un decreto supremo y no exento, en consecuencia debió ser firmado por su excelencia el Presidente y el Ministro de Defensa; 4.- Falta toma de razón del Contralo General de la República (CGR); 5.- No corresponde el retiro toda vez que el Sr Ministro (Espina), con fecha 12 de agosto de 2019, señaló que “en tanto el capitán Harvey (figure) como denunciante de corrupción no formaré el retiro”. 6.- La condición de denunciante de corrupción se mantiene al día de hoy; 7.- En efecto, a la fecha se mantiene vigente una denuncia en contra del Cdte en jefe actual, el General Martínez, por fraude al fisco y una denuncia por una red de protección a la corrupción, entre otros, que constan en causa 575-2014 por fraude en el Ejército conocido como “Milicogate”. 8.- El presente decreto de retiro viola tratados internacionales y convenciones suscritas por el Estado de Chile, vigentes a la fecha, como asimismo contraviene la ley 20.205 que “protege al funcionario público que denuncie irregularidades y hechos de corrupción”; (además) vulnera la sentencia de la excelentísima Corte Suprema en causa 32.615-2019 y contraviene el dictamen de la CGR 18.311 del 8 de julio de 2019. 9.- El Decreto no hace mención ni considera la información contenida en el Recurso de Invalidación presentado por el suscrito ante el sr Ministro con fecha 14 abril 2020, Oficio 1000/02; 10.- Hago presente y denuncio en este acto que copia idéntica a este decreto fue filtrado por parte del Ministro de Defensa a la prensa, publicado por el medio abierto Radio ‘Biobio’ con fecha 27 de mayo 2020, vulnerando la Ley 19.628 ‘sobre protección a la vida privada’, requiriéndose en este acto que se investigue este grave hecho”.

“No conforme, 28 de mayo 2020;

Rafael Harvey Valdés – Capitán .- Denunciante de corrupción”.

Harvey es el único oficial en los 209 años de historia del Ejército en denunciar a generales por corrupción. También es el único oficial que ha sido condenado por sedición.

Hay otros méritos que es digno señalar: él es el único oficial de línea, egresado de la Escuela Militar, que ha cursado un diplomado en DDHH, en la Universidad de Chile. También es el único capitán en la historia que ha sido pasado a “complemento” estando en lista 1 “Muy Bueno”. 

Piñera y Espina

¿Cuál es el rol que juegan en el laberinto de corrupción del Ejército, el presidente Piñera y el ministro Espina? -le consultamos al oficial.

El ministro se hizo parte de la corrupción, es un cómplice activo. Yo le he entregado antecedes y documentos que dan cuenta de corrupción de generales, malversación de fondos, fraudes que también involucran al comandante en jefe, pero al ministro eso no le interesó. Lo que yo supe por otra fuente es que el ministro había respondido que no tenía capacidad investigadora y por eso no puedo recibir los antecedentes. Pero, ¡eso es falso! ya que por ley tiene que recibirlos. Si él no tiene capacidad investigadora tiene que pedir un Ministro en Visita, dada la jerarquía del denunciado. Y si no es verdad, tiene que liquidarme a mi, por injurias y calumnias, pero no tiene otra opción. No puede decir: ‘es que yo no recibo a quien me quiera denunciar hechos de corrupción de los generales’. 

Prosigue: “sus generales son corruptos y tiene que hacer algo porque es el ministro de Defensa y no está ahí para ir a cócteles”. Se sulfura el oficial: ¡lo que el ministro hace al dar de baja al único oficial que era denunciante en el ‘milicogate’, es poner una lápida, un tapaboca, a cualquiera que quiera denunciar algo! ¡El ministro lo que ha hecho es dar rienda suelta a la corrupción!

A este respecto Harvey subraya: “aquí las cosas no pueden quedar en la nada. Si yo estoy tratando de encubridor de la corrupción al ministro de Defensa, él tiene dos alternativas: o hace que se investiguen los hechos que denuncio, o me coloca una querella por injurias y calumnias, pero ¡esto no puede quedar en nada!”. 

Remata el oficial disidente: “estoy pidiendo por favor que Espina se querelle en mi contra para poder dar cuenta ante la justicia que él es parte activa de la corrupción” y que incurrió en “falta de servicio y notable incumplimiento de deberes como Ministro de Estado”. 

“El Presidente tiene que decidir de qué lado está: si del lado de los denunciantes o de los corruptos. De no pronunciarse y de hacer efectivo el retiro, significa que va a hacerse parte de la corrupción. ¡Nada más! Y de ocurrir eso, vamos a tener que evaluar la presentación de una querella criminal en la que acusaré al Presidente Piñera y al ministro Espina de ser cómplices activos de la corrupción”. 

Harvey recuerda específicamente una frase emitida por Piñera el 10 de febrero pasado, en relación a una posible red de corrupción al interior del MOP a la que habría estado vinculado el exdiputado UDI Gustavo Hasbún: «En materia de corrupción vamos a tener tolerancia cero», señaló entonces el Mandatario.

Ahora Harvey le cobra la palabra al señalar: “Es la hora de demostrar que hay coherencia entre sus dichos y sus actos”.

Téngase presente que Piñera tiene hasta el 22 de julio para resolver la denuncia de Harvey en contra del ministro Espina, estampada en el recurso de reclamación presentado el 22 de junio.

Piñera compromete responsabilidad internacional del Estado de Chile

En el caso de Rafael Harvey es “primera vez en la historia de Chile que un presidente y un ministro en Defensa no firmaron un decreto de retiro” emanado por el Alto Mando del Ejército. Eso ocurrió en noviembre de 2017, cuando ostentaban dichos cargos Michelle Bachelet y José Antonio Gómez. Hasta entonces “siempre los ministros de Defensa y los presidentes habían actuado como meros buzones de lo que decían los generales”, sostiene en entrevista con El Ciudadano, el abogado Nelson Caucoto. 

El jurisconsulto destaca que el decreto de retiro del mencionado oficial es “ilegal” toda vez que el ministro Espina “no tiene la facultad de firmar un Decreto Supremo (DS)” dado que quien tiene esa prerrogativa es el Presidente.

El jurista defensor de Harvey, acota que el presidente puede autorizar a un ministro a firmar un DS, pero -indica- eso se debe consignar en el decreto cursado, precisando que se hace “por mandato” o “con autorización del Presidente”, formula que no aparece consignada en este caso.

“El día que la autoridad civil firmó el decreto supremo de retiro de Harvey estaba en conocimiento que estaba incurriendo en una infracción de carácter internacional, por violar la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, expresa el reconocido abogado de derechos humanos.

Caucoto señala que con lo obrado en el caso Harvey el presidente Piñera “compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile, porque indudablemente que este caso va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Reportaje publicado en la edición 241, de junio de 2020, de El Ciudadano