Comisión de Familia analizó responsabilidades institucionales en caso Ámbar

Con la participación de diversas autoridades del país, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas analizó el reciente caso de la violación y asesinato de la menor Ámbar Cornejo, crímenes respecto de los cuales es imputado Hugo Bustamante, pareja de su madre, quien fuera beneficiado con libertad condicional tras cumplir solo 11 de 27 años de condena por un doble homicidio.

Las y los diputados dieron cuenta en su debate de las responsabilidades que les compete a las instituciones del Estado involucradas en el tema, especialmente aquellas que deben velar por la protección de las niñas, niños y adolescentes. En tal plano, se abrió un debate político y judicial sobre las mecanismos que se emplean para acceder al beneficio de la libertad condicional y sobre los cuidados que debe tener el Estado con los menores de edad.

Al respecto, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, resaltó que estos casos llevan a hacer una reflexión a nivel de Estado, respecto de lo que se tiene que corregir y con la mayor premura. “Es el desafío que tenemos”, aseguró en su presentación, la cual incluyó un desglose de los cambios legales promulgados en enero de 2019.

En ese contexto, Valenzuela señaló que la Ley 21.124 modificó el sistema de Libertad Condicional, precisamente, para concebirla “como un beneficio y no como un derecho”. Además, indicó que, en el 2012, la nueva Ley 20.587 le quitó al Ministerio de Justicia la competencia para decidir quién podía recibir la libertad condicional, quedando, exclusivamente, en manos de las Comisiones de Libertad Condicional de las Cortes de Apelaciones, compuestas por jueces que rotan cada año.

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, explicó que los informes que emite el organismo están fijados en un modelo que sugiere una determinación de riesgo de reincidencia -que se clasifican en alto, medio y bajo- y la capacidad de respuesta de cada individuo a esta intervención, conducente a disminuir los factores que puedan a estas personas repetir su conducta.

Asimismo, detalló que en el caso de Hugo Bustamante Pérez, no participó ni fue parte de la intervención que propuso el área técnica de Gendarmería de Chile y fue categórico en indicar que “el informe para acceder a la libertad condicional fue negativo”.

Protección fallida

A su turno, la directora nacional (s) del Sename, Claudia De la Hoz, señaló que no podía entregar todos los antecedentes sobre el caso, atendida la confiabilidad de reserva y sensibilidad de los datos. Además, dijo que existen dos investigaciones penales abiertas.

No obstante, realizó una cronología de las acciones que efectuó el organismo y otras instituciones para proteger a la menor y lamentó que se fallara en la materia, punto de vista que fue compartido por la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.

“Efectivamente fallamos como Estado. Han sido muchos años de deuda”, declaró Bown, quien instó a tramitar con premura los proyectos de ley que establecen el cierre del Sename y promueven una nueva institucionalidad, una destinada la protección especializada de la niñez y adolescencia y otra a los adolescentes infractores de la ley penal, ambas materias ya aprobadas por la Cámara de Diputadas y Diputados.