Organizaciones de mujeres calificaron de histórica la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano en el caso de una adolescente abusada sexualmente en una entidad educativa que terminó con el suicidio de la menor.
«Esta es una victoria sin precedentes. La Corte entendió que el caso de Paola es el de otras miles de niñas y adolescentes que fueron víctimas no solo de sus abusadores sino de la falta de educación sexual y reproductiva en toda la región», dijo en conferencia de prensa virtual Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
El 14 de agosto, la Corte IDH en su fallo concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantizan el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, y a la educación.
Igualmente, dijo que el Estado incumplió su obligación de intervenir frente a actos de violencia contra la mujer y de prevenirlos.
Según dijo Lita Martínez, directora Ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, en la misma conferencia de prensa, la sentencia es emblemática, de transcendental importancia puesto que es el primer caso en que la Corte Interamericana trata sobre violencia sexual contra las niñas, específicamente en el ámbito educativo.
Paola era acosada y abusada sexualmente por Bolívar Espín, el vicerrector del plantel al que asistía.
Paola murió en 2002, tras ingerir pastillas de fósforo blanco, y desde ese entonces su mamá, Petita Albarracín, ha buscado justicia.
En 2001, cuando Paola tenía 14 años y cursaba el segundo año de educación básica, Bolívar Espín, vicerrector del colegio al que asistía, aprovechando su situación de poder la engañó y abusó sexualmente, dice la sentencia.
La situación se repitió por más de un año y, pese a que el personal del colegio conocía lo que sucedía, nadie dijo nada porque la situación estaba normalizada debido a los estereotipos de género que tenía la comunidad educativa, por lo que tendían a culpar injustamente a la joven.
Petita Albarracín, madre de la víctima, dijo que con el fallo se limpió el nombre de su hija, quien, fue culpabilizada de los hechos por parte de la justicia ecuatoriana.
El fallo también condena a Ecuador al pago de una indemnización tanto por daños materiales como inmateriales; obliga a Ecuador a declarar un día de lucha contra la violencia sexual en las aulas, a publicar información estadística sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños y sobre la marcha de los trámites de las respectivas denuncias.
El Estado también está obligado a capacitar al personal del ámbito educativo en temas de abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual, y a brindar atención, asistencia y orientación a las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y a sus familiares.
El caso fue presentado en 2006 por el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano Para la Promoción y Acción de la Mujer.
El fin de semana, el presidente Lenín Moreno dijo en su cuenta de Twitter que el Estado ecuatoriano ejecutaría la sentencia.
Cortesía de Sputnik
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