Durante la noche de este domingo, los empresarios dueños de camiones agrupados en la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) firmaron una carta a nombre de cuatro federaciones de empresarios del transporte (FedeNorte, Fedequinta, Fedemaule y Fedesur) en la que amenazan con emprender un “paro indefinido” si el gobierno de Sebastíán Piñera no avanza con las 13 leyes represivas que se encuentran en el parlamento, incluyendo la polémica «Ley de Inteligencia».
«La fecha que hemos entregado es el jueves próximo a las 00:00 horas. Entendemos que es plazo suficiente para el Parlamento de la República y el Ejecutivo, que debiera poner urgencia a las 13 leyes que están descansando desde hace muchos años», dijo el presidente de la CNTC, Sergio Pérez.
«Es un paro indefinido hasta que se aprueben estas leyes», explicó en una rueda de prensa.
En su ultimátum a La Moneda aseguró que «no estamos para cortar las rutas de las carreteras de Chile, pero sí vamos a estar como un solo hombre: no vamos a trabajar, no vamos a abastecer a la nación, si es que el Parlamento no entiende claramente que tiene que sacar estas normativas urgentes, para entregar las herramientas al Ejecutivo y eliminar el grave problema que tiene Chile hoy, que se llama delincuencia en todas sus formas: narcotráfico, terrorismo, etcétera», reseñó La Izquierda Diario.
Consultado por Publimetro respecto a la movilización, desde el gremio de camioneros no confirmaron si sería de carácter indefinido o no. Sergio Pérez solo se limitó a señalar que «estar con la cadena de abastecimiento detenida, en medio de la pandemia, sabemos que es complejo«
Las amenazas del gremio llegan después de los hechos registrados durante la madrugada del pasado sábado 22 de agosto, cuando un camión que se dirigía al sur fue emboscado con disparos a la cabina , provocando que una niña de 9 años resultara herida con balas de perdigón.
Este hecho incrementa las tensiones existentes entre el gobierno y los empresarios con sectores del pueblo mapuche, quienes han reclamado la devolución de tierras ancestrales, el fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista y la libertad a los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu.
Pese al acuerdo entre el machi Celestino Córdova y el gobierno para deponer la huelga de hambre, la situación en La Araucanía se ha vuelto crítica como consecuencia de los ataques racistas perpetrados contra comuneros mapuche en Curacautín y Victoria a comienzos de agosto.
Leyes represivas
Los camioneros aumentan sus amenazas al gobierno de Piñera y buscan ejercer presión sobre el parlamento por 13 leyes represivas, dejando claro que “si no ven alguna señal hacia el avance de estas leyes, la movilización comenzaría el jueves”.
Estas leyes son:
- Ley de modernización de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones
- Ley de modernización del sistema de inteligencia
- Ley que modifica el Código Penal para permitir la utilización de técnicas especiales relacionadas con las conductas terroristas
- Ley que introduce mejoras en la persecución del narcotráfico
- Ley que fortalece la fiscalización y persecución de los delitos de robo y hurto de madera
- Proyecto que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica
- Modificación de la ley de control de armas
- Ley de especialización de policías
- La denominada «ley anti encapuchados»
- Le que establece un estatuto de protección a Carabineros, PDI y Gendarmería
- Modificación al Código Penal para aumentar las penas de usurpación de inmuebles y derechos reales
- Ley de reparación total de las víctimas de delitos de violencia rural, como lo establece el informe de la Mesa Asesora Presidencial. Liderada por el obispo Vargas.
- Ley Juan Barrios
La presión del gremio de camioneros se da justamente cuando está próxima la votación en la Cámara de Diputados de la polémica Ley de modernización del sistema de inteligencia del Estado, mejor conocida como Ley de Inteligencia, que el Ejecutivo ordenó tramitar con suma urgencia y que ha generado críticas, ya que pretende entregar nuevas atribuciones a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y más poder al Ejecutivo.
Aunque el proyecto ya pasó la barrera del Senado, en un debate que apenas fue conocido por la opinión pública dada la casi nula difusión de los medios, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados se ha vuelto una barrera infranqueable –por ahora– para el gobierno, resultado del creciente rechazo de la opinión pública contra la iniciativa.
Esta situación derivó en la censura al ex presidente de la instancia, Jorge Brito (RD), por parte de parlamentarios de la UDI, debido a su petición de analizar más detenidamente el proyecto antes de ser votado.
A principios de junio, Brito alertó sobre la iniciativa indicando que es propia de gobiernos autoritarios y que no correspondía debatirla en un contexto de crisis sanitaria, económica y social, como el que se vive hoy; por lo que desde la UDI se le acusó de tener vínculos con grupos “terroristas” de izquierda.
Dictatorial Ley de Inteligencia
Las mayores críticas se relacionan con el trasfondo de la norma que pretende que la inteligencia militar se involucre en temas de orden público, en lo que es del ámbito policial.
La norma plantea un sistema de inteligencia centrado en el poder Ejecutivo y bajo mando directo del Presidente de turno, sin límite ni controles de instituciones propias de un sistema democrático.
De aprobarse, se instalaría al propio Sebastián Piñera a la cabeza de una superpoderosa Agencia Nacional de Inteligencia que concentrará la información de todos los organismos en la materia.
De hecho, se encargaría de presidir las sesiones del Consejo Asesor de Inteligencia que estará compuesto por sus ministros y subsecretarios de Interior y Defensa, principalmente. Estas reuniones se podrán realizar tantas veces como el mandatario quiera y sus actas serán reservadas y estarán fuera de todo control.
De promulgarse la propuesta, Piñera tendría la potestad de elegir al director y al subdirector de la ANI, quienes dirigirán las unidades de inteligencia de las fuerzas armadas y de las policías. De este modo, el mandatario podría definir directamente el uso de las capacidades operativas de las unidades de inteligencia y estará facultado a solicitar la obtención de datos, incluso vía espionaje directo.
Así se establece en la Minuta Política y Técnica PDL que Fortalece y Moderniza el Sistema de Inteligencia, que fue elaborada por el diputado Jorge Brito.
Según este documento, de aprobarse la nueva normativa, las fuerzas armadas estarán obligadas a entregar información al director de la ANI, sometiendo a las unidades de inteligencia a los requerimientos de éste, que actuará en nombre del presidente.
La iniciativa ha sido criticada por implicar aplicación de la denominada «Doctrina de Seguridad Nacional», considerando a las organizaciones sociales y al movimiento popular como “enemigo interno”.
Por su parte, las Fuerzas Armadas asumirán funciones de inteligencia interna y no de seguridad externa.
También se obligará a las agencias de inteligencia de las fuerzas armadas a entregar “información residual” a la ANI, lo que las implicará en operaciones de inteligencia interna, que hasta ahora le estaban vedadas por la Constitución.
Sigue leyendo:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
