El régimen de Iván Duque pareciera imitar al de su mentor Álvaro Uribe (2002-2010) en cuanto a las deplorables cifras de sus polémicos «homicidios colectivos», un calificativo para tratar de suavizar un crimen que en términos reales y concretos constituye una masacres. A lo largo y ancho del territorio colombiano, las masacres tienen entre sus principales víctimas a dirigentes políticos de oposición, activistas sociales, ambientalistas, líderes indígenas y comunitarios, campesinos y excombatientes o exguerrilleros.
Las cifras no mienten con respecto a la dura realidad que golpea a Colombia con respecto a la violencia desatada. Diariamente aumentan las cifras de asesinatos, sicariatos, secuestros, torturas, desapariciones, extorsiones, entre otros crímenes que tienen como principales ejecutores a fuerzas del ejército, grupos paramilitares (de extrema derecha) y redes del narcotráfico que actúan bajo el amparo del Estado y las tropas estadounidenses que habitan en las bases militares instaladas en ese país.
El Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) -publicado este 24 de agosto- recoge en un informe, con corte del 23 de agosto de 2020, la cantidad de Masacres en Colombia en lo que va de 2020.
La data indica que desde el 1 de enero se han perpetrado 45 masacres, con un saldo trágico de 182 asesinados. El estudio se basó en análisis de noticias e informes públicos departamentales, de organizaciones sociales y de plataformas de defensores de Derechos Humanos. También consideraron reportes de entes oficiales como Defensoría del pueblo, Ministerio de Defensa, Fiscalía General, Policía, Armada y Ejército; además de medios de comunicación y Organizaciones No Gubernamentales.
La masacre más reciente fue un ataque armado contra una vivienda en el municipio Venecia, departamento de Antioquia, la tarde del domingo 23 de agosto. En el lugar resultaron tres personas asesinadas, entre ellas un adolescente de 17 años, y -por lo menos- una persona más herida.
El hecho de violencia fue perpetrado en el barrio Los Álamos. Esta fue la cuarta masacre que se presentó durante ese fin de semana, ya que el pasado viernes se presentaron dos hechos violentos en Arauca, y en el Cauca; y el sábado en Nariño.
El viernes hubo una masare en el corregimiento El Caracol, municipio de Arauca. Defensoría del Pueblo informó del múltiple crimen en contra de cinco personas. Después se supo que una masacre fue ejecutada en una alejada zona rural del convulso departamento del Cauca, donde seis personas fueron asesinadas. Los hechos ocurrieron en zona rural de La Uribe, corregimiento del municipio de El Tambo.
Luego, el sábado se conoció de un nuevo asesinato múltiple en contra de seis jóvenes en el sector de La Guayacana, en Tumaco, Nariño.
Las masacres son «homicidios colectivos» para Duque
En medio de esta situación, las familias que han sido víctimas de las masacres exigen al presidente, Iván Duque, que hable con la crudeza de la realidad que sufre Colombia y que no disfrace con calificativos que no representan la brutalidad de los hechos.
Duque se manifiesta en sus declaraciones para hacer mención a las masacres como «homicidios colectivos», algo que las víctimas consideran como una percepción ofensiva y que busca esconder la realidad.
Al respecto, Álvaro Caicedo, papá de uno de los menores asesinados en la masacre de Llano Verde, en la sultana del Valle, reclamó a Duque por no hablar con claridad y no ayudar a aclarar las masacres.
«Esto fue una masacre, esto no fue homicidio colectivo, fue una masacre que cometieron contra nuestros hijos. Vengan a colaborar para que haya verdad y justicia”, dijo este padre que rechazó el término de “homicidios colectivos”.
Caicedo también le envío un mensaje al presidente Duque: “Debería de ponerle el pecho como tiene que ser. No vengan a burlarse de nuestro dolor”, cita el medio colombiano Blu Radio.
Mientras esas familias siguen exigiendo justicia, desde la Mesa Nacional de Víctimas calificaron como “absurdas” las declaraciones de Duque y afirmaron que cuando ese tipo de análisis salen a flote, se evidencia la responsabilidad del Estado en esos crímenes por acción u omisión.
“O realmente no sabe en dónde esta ubicado o no entiende nada del conflicto que atraviesa este país. Sería muy bueno que todo el Centro Democrático y su bancada estudien lo que vivimos, todo el contexto político, porque solo dicen barbaridades que ni el más ignorante entiende”, aseveró Rosario Montoya, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas.
Además, agregó que “las masacres, si bien es cierto no se habían erradicado del todo, sí disminuyeron y trajeron un poco de calma en este país. Pero ahora están volviendo las masacres como si estuvieran regresando la misma estrategia del pasado”.
Pero, esta no fue la única controversia en la que estuvo el presidente Duque en medio de la alteración de orden público que vivió el país, porque una lluvia de críticas también cayó sobre el mandatario cuando comparó las masacres ocurridas en dos años de su gobierno con los 8 años de su antecesor, Juan Manuel Santos, pero sin mencionar los cruentos sucesos de la era de su mentor Álvaro Uribe.
Duque dice que los homicidios van «en descenso«
A pesar de los centenares de denuncias generadas por el asesinato indiscriminado de líderes sociales y la ejecución de masacres en todo el país, Duque insiste que las cifras han disminuido y que la culpa es estos hechos violentos son de los grupos irregulares que adversan el uribismo.
«Cerramos 2019 con una de las tres tasas de homicidio más bajas de los últimos cuarenta años (…) esta tendencia muestra que seguimos a la baja y tenemos que perseverar. Por supuesto, hay hechos que golpean la percepción de seguridad”, dijo Duque en declaraciones recientes, justo después de dos masacres seguidas el pasado 16 de agosto.
«Para muchos no pasó desapercibido que el jefe de Estado respondiera en una intervención pública, luego de dos masacres (cinco niños habían sido asesinados también en Cali), con un balance de cifras», escribió Germán Gómez Polo para el diario colombiano El Espectador.
Además, un tuit que publicó recientemente y en el que comparaba cifras de masacres de los ochos años del gobierno de Santos con los dos suyos, desató la ira en Twitter, discusión que fue mayor cuando, en discursos similares, Duque y Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, coincidieron en al decir que las masacres no eran nuevas, sino que venían de años atrás.
«En esa línea se ha mantenido el discurso gubernamental luego de las recientes matanzas. Y si bien hay elementos de verdad en lo que han dicho Duque y su ministro, hay cuestionamientos sobre si entregar cifras, ponerle espejo retrovisor al Acuerdo de Paz o llamar ‘homicidios colectivos’ a las masacres, porque ese es el ‘nombre preciso’, es lo que las víctimas necesitan escuchar», añade Gómez Polo.
“La respuesta ha sido desacertada. Evidencia cierta desconexión y falta de empatía, pero lo realmente preocupante es que parecería no haber otra respuesta”, comenta Iván Garzón, docente de la Universidad de la Sabana, quien considera que, más allá de la solidaridad, la ciudadanía espera de un primer mandatario es que garantice la seguridad y la presencia estatal, como parte de una respuesta efectiva. “¿Cuál es la estrategia para afrontar esta escalada de la violencia en el país?”, cuestiona Garzón citado por El Espectador.
Por su parte, para Patricia Muñoz, directora del programa de Gobierno de la Universidad Javeriana, Duque acude a situaciones ya conocidas para explicar los hechos de violencia, pero también se encuentra con un sector de la población que indaga sobre por qué no se tiene presente la exigencia de implementación del Acuerdo de Paz, que tiene un componente de inversión social y alternativas económicas, y de formación para los ciudadanos. “No podemos decir que estos hechos comienzan con este gobierno, pero hay unos compromisos que el Estado adquirió a través de la firma del Acuerdo”, recuerda Muñoz.
Sobre este asunto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), considera que el debate no se debe centrar en discursos, sino en exigir efectividad en las investigaciones. «Otro problema es si el Gobierno acierta en su función. Su responsabilidad es la de no tener una política que prevenga las masacres”, dijo.
Gómez Polo añade en su artículo que las cifras, más que escandalizar, deben es humanizar lo que sucede en Colombia y lo que sufren sus ciudadanos. «Como lo dijo Humberto de la Calle en su columna del domingo en El Espectador: ‘La estadística tapa el horror. Treinta y tres masacres en los últimos meses muestran que el asunto no es de cifras”.
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