A cuatro años de que la activista activista medioambiental Macarena Valdés Muñoz fue encontrada muerta en extrañas circunstancias el 22 de agosto del 2016 en su casa de la comunidad mapuche Newen, diversos peritajes de expertos extranjeros han desmentido categóricamente la primera hipótesis de suicidio levantada por el Servicio Médico Legal de Valdivia en la autopsia realizada inmediatamente después del deceso.
El más reciente peritaje presentado a la Fiscalía de Panguipulli fue realizado por la perito mexicana Valeria Moscoso, quien concluyó que «no se encuentran elementos suficientes, ni en la biografía de Yudi Macarena Valdés Muñoz, ni en el análisis de los hechos vinculados a su muerte, que permitan sostener, de manera firma y con sustento en evidencia, la hipótesis que refiere que lo ocurrido responde a un suicidio».
Moscoso viajó al sector de Tranguil y construyó su estudio a partir del perfil psicológico y las vivencias de Macarena a lo largo de su vida , así como del entorno con el que se relacionaba; y describe a la activista mapuche describe como «una mujer que, previo a su muerte, se caracterizaba por ser segura de sí misma, independiente, clara y firme en sus convicciones, con una notoria energía vital, optimista, proactiva, paciente y responsable, poseedora de herramientas para adaptarse al contexto y con rasgos sociables y solidarios».
En su informe, la perito mexicana planteó que «existen varios elementos en el contexto alrededor de lo sucedido que sugieren la posibilidad de que los hechos hayan sido provocados por terceras personas», dando cuenta de la existencia de aspectos que pueden abrir nuevas líneas de investigación, como las tensiones en Tranguil desde la llegada de la empresa RP Global y las hostilidades a la comunidad en oposición a su instalación, entre ellas, el hostigamiento a los Collio Valdés, reseñó El Desconcierto.
Además, Moscoso validó la existencia de irregularidades y omisiones en el actuar de Carabineros, PDI, fiscales, peritos y jueces, junto a la existencia de «conclusiones emitidas a partir de exploraciones incompletas o inadecuadas».
Señaló que las negligencias de la investigación «constituyen muestras de violencia institucional y de victimización secundaria, las que, al mismo tiempo, se configuran como violaciones a los derechos humanos de carácter múltiple», contradiciendo los pactos internacionales ratificados por el Estado que promueven el acceso a la justicia, verdad, honra y dignidad de los pueblos.
En sus conclusiones, la experta sugiere conducir la investigación de manera eficaz, así como también garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, investigar adecuadamente aquellos incidentes y hostigamientos sufridos por familiares y la comunidad cercana a Macarena y, por último, «reconocer la verdad histórica de los hechos, así como dar conocimiento de esta a familiares y a la sociedad en su conjunto».
Peritajes confirman que no fue un suicidio
Este último peritaje psicosocial se suma al sólido informe presentado por el forence británico Jhon Clark a fines de 2019, el cual determinó que la muerte de Macarena Valdés no fue un sucicidio.
Clark es un referente mundial de la medicina legal. Durante años fue director del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow. También fue patólogo jefe del equipo forense designado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que realizó los exámenes post mortem de las víctimas de las matanzas en Srebrenica. Actualmente es perito de la Corte Penal Internacional (CPI).
En el informe publicado por la revista Proceso, el patólogo británico determinó que Macarena no se colgó, pero sí que la estrangularon con una ligadura y que ella trató de quitarse la cuerda sin lograrlo, porque una o más personas se opusieron tirando de la cuerda «con fuerza».
El perito también sostuvo que «existe la posibilidad adicional de que su cuerpo haya sido suspendido posteriormente, para hacer que la muerte pareciera un ahorcamiento suicida, en cuyo caso la marca final de la ligadura podría representar una combinación de ambos procesos».
Al momento de su muerte, Macarena Valdés lideraba junto a su pareja, Rubén Collío, la resistencia contra un proyecto hidroeléctrico que se instalaba, con dudosa legalidad, en el entorno de su comunidad mapuche.
Usando como argumento una supuesta depresión de la activista y el informe de autopsia del SML, la Fiscalía de Panguipulli (a cargo de la investigación) decidió cerrar rápidamente la causa, sin culpables y estableciendo el suicidio.
Sin embargo, el 21 de agosto de 2017, cuando se cumplía casi un año del deceso de Macarena esa Fiscalía reabrió el proceso y ordenó la realización de una segunda autopsia. Hizo esto tras el revuelo provocado por un metanálisis forense, firmado por el renombrado médico forense chileno Luis Ravanal Zepeda, contratado como perito por la familia de Valdés.
En la actualidad, Rubén Collío continúa esperando el cierre de la investigación por parte del ente judicial de Panguipulli y el traspaso del caso a tribunales.
«Hoy está solicitada a Fiscalía una copia actualizada de la carpeta investigativa con los avances que ha tenido el proceso desde la entrega de los peritajes de Clark y Moscoso, lo que debería estar listo para la quincena de agosto», explicó a El Desconcierto.
Frente a los retrasos, trabas e irregularidades que ha tenido el proceso los familiares de Macarena Valdés baraja la posibilidad de buscar justicia en un plano internacional también es una alternativa que maneja.
«Tenemos 4 resultados de peritos distintos que han firmado documentos diciendo que Macarena no se quitó la vida, por lo que esperamos la resolución de Fiscalía para apelar o no a organismos internacionales», afirmó Collío.
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