Un exministro de Guatemala se entrega a la justicia tras permanecer cuatro años prófugo

Alejandro Sinibaldi quien se encontraba fugitivo desde el 21 de julio de 2016, fue puesto a disposición del Juzgado "B" de Mayor Riesgo para afrontar cargos de corrupción

Sofia Belandria

25/08/2020 6:07am

El exministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Otto Pérez Molina y empresario de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, se entregó este lunes a la justicia de su país después de cuatro años fugitivo, tras haber sido acusado por cinco casos de corrupción.

El exministro, con el acompañamiento de las autoridades, salió de la ciudad de Florencia (Italia) rumbo a Ámsterdam (Países Bajos). Después se trasladó a la capital mexicana y luego a Tapachula, desde donde se desplazó por vía terrestre hasta Guatemala.

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La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
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El exministro afirmó a través de un comunicado que se «somete a las autoridades judiciales y fiscales confiando en el profesionalismo, objetividad y transparencia de sus funcionarios», y pidió que el proceso judicial inicie «sin ningún sesgo o presión mediática».

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, confirmó que hace nueve meses los abogados del exfuncionario le comunicaron su deseo de ponerse a disposición del sistema de justicia para afrontar los cargos.

"El Ministerio Público a través de sus diferentes Fiscalías entre ellas la FECI, ha trabajado fuertemente por la desarticulación de las redes criminales y procurar la búsqueda de la verdad y justicia para las víctimas de los crímenes perpetrados por estos actores", Fiscal General pic.twitter.com/mHVZMpq3s9
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Por su parte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, informó que el exministro fue puesto a disposición del Juzgado «B», de Mayor Riesgo, por ser donde se gestionó la primera orden de captura en su contra.

Asimismo, Sandoval aclaró que el exfuncionario, quien se encontraba prófugo desde el 21 de julio de 2016, no firmó ningún acuerdo de colaboración con el Ministerio Público y, por ende, serán los jueces los que decidan su futuro.