A fines de marzo la empresa OBE Chile, mandatada por Edelaysén para construir la central hidroeléctrica Los Maquis en las cercanías de Puerto Guadal, paralizó sus faenas. Luego de tres meses de trabajo, la pandemia ya desatada obligó a la constructora a tomar esa drástica decisión producto del riesgo que trabajadores yendo y viniendo significaban para un poblado con alta tasa de adultos mayores y personas con enfermedades de base.
Edelaysén intentó reiniciar faenas en junio, lo que generó el rechazo de la comunidad. Ante esto, la eléctrica se comprometió a no reabrir la faena mientras dure la crisis sanitaria. En concreto, en tanto se mantenga el estado de excepción.
Aunque han avanzado ya casi la mitad del cronograma establecido, en las últimas semanas se ha conocido un antecedente insólito: Edelaysén no cuenta con los derechos de agua definitivos necesarios para operar la central. Y tampoco tiene aún la autorización para construir la bocatoma.
Los derechos de agua originales son de 1985 y 2003, que por años estuvieron en manos de Enrique Valdivieso Valdés, dueño de los terrenos donde operaba la antigua central con el agua del río Los Maquis. En 2017 traspasó estos derechos a Inversiones El Chabunco (que constituyó junto a Eugenio Valdés), sociedad que entregó en 2018 el usufructo de los derechos de agua a Edelaysén para la construcción de la central.
Sin embargo, el 13 de noviembre de 2019 El Chabunco ingresó dos solicitudes de traslado de sus derechos de agua, tanto del punto de captación como de restitución, los cuales aún están en trámite bajo los expedientes VT-1103-8 y VT-1103-9. Ese mismo día Edelaysén solicitó autorización para la construcción de la bocatoma, en curso bajo el expediente VC-1103-7.
Para la legislación chilena, según han establecido tanto la Dirección General de Aguas como la Corte Suprema, los traslados de derechos de agua operan como nuevas solicitudes, incluyendo un nuevo análisis de caudal ecológico. Actualmente, solo los adjudicados en 2003 cuentan con un mínimo legal de 36 l/s, aunque la empresa ha comprometido dejar pasar 336 l/s extra para fines escénicos. Los de 1985 no están gravados bajo esta figura de protección ecosistémica.
La apuesta de Edelaysén de avanzar en la construcción sin tener los derechos de agua definitivos es riesgosa, toda vez que hoy depende de lo que resuelva la DGA: puede rechazarlas o modificar sustancialmente sus caudales de forma que sea inviable la operación del proyecto según lo planificado. Más complejo aún es que tampoco cuente aún con la autorización para la construcción de la bocatoma, solicitud que se basa en los puntos de captación de los traslados aún pendientes.
Sin agua para beber
Ante una consulta vía Ley de Trasparencia, el Departamento de Agua Potable Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas de Aysén (DOH) informó que los derechos de agua ya constituidos en el río obstaculizan las posibilidades de vecinos de Puerto Guadal de acceder a agua para su consumo desde la zona alta del río Los Maquis. De estos, 1.891 l/s en promedio anual están en manos de El Chabunco; 0,75 l/s de un poblador.
“Existe una demanda de pobladores que se encuentran en la periferia de la localidad y que no se encuentran conectados al sistema de agua potable rural (APR) de la localidad… una de las alternativas considerada deberá ser, evaluar al Río Los Maquis como alternativa para la instalación de una captación superficial” informó el organismo.
Tras consultar a la DGA, esta comunicó a la DOH que “no existe disponibilidad para constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre el Río Los Maquis, lo que limitaría la opción de evaluar la construcción de un sistema gravitacional que pueda abastecer a las familias del sector alto de Puerto Guadal y al propio sistema APR. Lo anterior implica que sólo será posible evaluar los costos de reevaluación del recurso desde el lago General Carrera, lo que podría volver inviable el proyecto”.
- Derechos de agua originales son de 1985 y 2003. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2019 se ingresaron dos solicitudes de traslado tanto del punto de captación como de restitución, los cuales aún están pendientes de autorización. En paralelo Edelaysén solicitó en la misma fecha permiso para construir la bocatoma, el cual también está en trámite y depende de que se autorice el traslado de los derechos de agua.
- Según informara la Dirección de Obras Hidráulicas, 99,9 % de los derechos de agua constituidos a favor Inversiones El Chabunco impide que pobladores accedan a agua para su consumo desde el sector alto del río Los Maquis o incluso la ampliación del sistema de agua potable usando dicho curso hídrico.
A fines de marzo la empresa OBE Chile, mandatada por Edelaysén para construir la central hidroeléctrica Los Maquis en las cercanías de Puerto Guadal, paralizó sus faenas. Luego de tres meses de trabajo, la pandemia ya desatada obligó a la constructora a tomar esa drástica decisión producto del riesgo que trabajadores yendo y viniendo significaban para un poblado con alta tasa de adultos mayores y personas con enfermedades de base.
Edelaysén intentó reiniciar faenas en junio, lo que generó el rechazo de la comunidad. Ante esto, la eléctrica se comprometió a no reabrir la faena mientras dure la crisis sanitaria. En concreto, en tanto se mantenga el estado de excepción.
Aunque han avanzado ya casi la mitad del cronograma establecido, en las últimas semanas se ha conocido un antecedente insólito: Edelaysén no cuenta con los derechos de agua definitivos necesarios para operar la central. Y tampoco tiene aún la autorización para construir la bocatoma.
Los derechos de agua originales son de 1985 y 2003, que por años estuvieron en manos de Enrique Valdivieso Valdés, dueño de los terrenos donde operaba la antigua central con el agua del río Los Maquis. En 2017 traspasó estos derechos a Inversiones El Chabunco (que constituyó junto a Eugenio Valdés), sociedad que entregó en 2018 el usufructo de los derechos de agua a Edelaysén para la construcción de la central.
Sin embargo, el 13 de noviembre de 2019 El Chabunco ingresó dos solicitudes de traslado de sus derechos de agua, tanto del punto de captación como de restitución, los cuales aún están en trámite bajo los expedientes VT-1103-8 y VT-1103-9. Ese mismo día Edelaysén solicitó autorización para la construcción de la bocatoma, en curso bajo el expediente VC-1103-7.
Para la legislación chilena, según han establecido tanto la Dirección General de Aguas como la Corte Suprema, los traslados de derechos de agua operan como nuevas solicitudes, incluyendo un nuevo análisis de caudal ecológico. Actualmente, solo los adjudicados en 2003 cuentan con un mínimo legal de 36 l/s, aunque la empresa ha comprometido dejar pasar 336 l/s extra para fines escénicos. Los de 1985 no están gravados bajo esta figura de protección ecosistémica.
La apuesta de Edelaysén de avanzar en la construcción sin tener los derechos de agua definitivos es riesgosa, toda vez que hoy depende de lo que resuelva la DGA: puede rechazarlas o modificar sustancialmente sus caudales de forma que sea inviable la operación del proyecto según lo planificado. Más complejo aún es que tampoco cuente aún con la autorización para la construcción de la bocatoma, solicitud que se basa en los puntos de captación de los traslados aún pendientes.
Sin agua para beber
Ante una consulta vía Ley de Trasparencia, el Departamento de Agua Potable Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas de Aysén (DOH) informó que los derechos de agua ya constituidos en el río obstaculizan las posibilidades de vecinos de Puerto Guadal de acceder a agua para su consumo desde la zona alta del río Los Maquis. De estos, 1.891 l/s en promedio anual están en manos de El Chabunco; 0,75 l/s de un poblador.
“Existe una demanda de pobladores que se encuentran en la periferia de la localidad y que no se encuentran conectados al sistema de agua potable rural (APR) de la localidad… una de las alternativas considerada deberá ser, evaluar al Río Los Maquis como alternativa para la instalación de una captación superficial” informó el organismo.
Tras consultar a la DGA, esta comunicó a la DOH que “no existe disponibilidad para constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre el Río Los Maquis, lo que limitaría la opción de evaluar la construcción de un sistema gravitacional que pueda abastecer a las familias del sector alto de Puerto Guadal y al propio sistema APR. Lo anterior implica que sólo será posible evaluar los costos de reevaluación del recurso desde el lago General Carrera, lo que podría volver inviable el proyecto”.