A través de una declaración pública, la Asamblea del Guasco Alto expresó su rechazo a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto el acuerdo suscrito entre la transnacional Barrick Gold, y el Consejo de Defensa del Estado, por la contaminación causada por el proyecto minero Pascua Lama.
«Insólito. Una de las empresas más grandes del mundo daña el medioambiente, afecta la salud de los habitantes de un Valle y ahora, avalada por un fallo inaudito, quiere obligar a una pequeña comunidad a pagarle las costas de un juicio», señalaron desde la Asamblea en un comunicado público, refiriéndose a los alcances del fallo judicial.
«En enero de 2020, Barrick Gold llegó a un Acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para restaurar el daño provocado a vegas altoandinas y llaretas, ambos ecosistemas frágiles que tardan siglos en desarrollarse, y que son prácticamente imposibles de recuperar. Estos daños se dieron en el marco del Proyecto Pascua Lama, ubicado en la cordillera del Valle del Huasco, Región de Atacama, y constituyen una de las aristas del proceso por el Cierre Definitivo en que Barrick ya está sancionada y cuyo fallo deberíamos conocer este mes», recordaron desde la Asamblea.
Sobre el acuerdo Barrick-CDE, las comunidades lo rechazan «de plano, pues además de liberar a la empresa de otro frente de judicialización, es insuficiente, vulnera el principio de indemnidad al no asegurar la restauración del daño, y es engañoso porque Barrick compromete medidas que aparentan ser ‘nuevas’ pero que ya eran parte de su obligación de protección, y por cierto, incumplidas».
«Además, y en una de las situaciones más graves que pone totalmente en entredicho la legitimidad del Acuerdo, en él participó como consejero del CDE un personaje cuyo nombre ya está saliendo de manera escandalosa en varios casos de conflictos de interés y corrupción: Rodrigo Quintana, que fue abogado de Barrick en 2016-2017, y que, por lo mismo, según la Contraloría, estaba impedido de participar en cualquier caso que involucrara a dicha empresa», agregaron las comunidades.
«Parece mentira, pero no lo es. Una pequeña comunidad, en su mayoría de agricultores y agricultoras, que defiende su agua y su tierra, ahora tendría que hacer beneficios para pagarle a la gigante multinacional que vino deliberadamente a destruir su ecosistema, que está sancionada por ello (por lo tanto, ya es criminal) y que no ha hecho sino corromper y ensuciar todos los espacios donde ha intervenido, partiendo por las instituciones del Estado a todo nivel y terminando en el sitio donde instaló su nefasto proyecto. Esto viene a ratificar, una vez más, para quién trabaja el Estado y el poder judicial en Chile», apuntaron desde el Asamblea.
Finalmente, las comunidades del Valle declararon «con decisión que NO vamos a pagar a Barrick. Que nos lleven a juicio. A nosotros no nos van a callar y tenemos dignidad. Seguiremos luchando por el agua, los glaciares, por un medioambiente limpio, por una conciencia limpia y por la vida».