Entre los múltiples aportes de la Universidad de Chile para fortalecer la respuesta del país ante el COVID-19, la semana pasada el plantel entregó a la Mesa Social liderada por el Ministerio del Interior el informe “Bases para una comunicación de calidad en tiempos de pandemia”.
El texto fue elaborado por las Premio Nacional de Periodismo María Olivia Monckeberg y Faride Zerán, junto a los académicos y académicas de la Universidad de Chile José Miguel Labrín, Ximena Póo, Lionel Brossi, Rodrigo Uribe, Emmanuelle Barozet, Claudia Heiss y el jefe de prensa del plantel, Simón Boric.
Uno de los supuestos de los que partieron las y los expertos U. de Chile fue que “la situación compleja que estamos viviendo requiere dar respuestas urgentes a la ciudadanía en aquellos temas que inciden en su vida cotidiana, considerando la incertidumbre no sólo sanitaria, sino también social, económica y política. Tal demanda debe atenderse con garantías de libertad de expresión y ejercicio autónomo de la prensa”, según indican en el documento.
El informe establece criterios y medidas para distintos actores: las autoridades, los organismos públicos y privados, los medios de comunicación y también la ciudadanía. en tanto conjunto de audiencias. Así, tareas clave para los liderazgos públicos y autoridades a cargo serían transmitir una estrategia de enfrentamiento que muestre que se está a cargo del problema en su complejidad y etapas; proveer de información de manera oportuna, evitando adelantarse o llegar muy tarde; ser una fuente clave y confiable de información para la ciudadanía; entregar información de modo constante, para no generar vacíos comunicacionales que entreguen espacio al ruido comunicacional, de modo veraz y transparente; ayudar a manejar las expectativas ciudadanas y enfrentar la desinformación en pos de la entrega y circulación de información de calidad.
Los expertos consideran que el concepto de liderazgo de opinión trasciende al Gobierno o a las autoridades políticas en general, y que estaría dado por “diversos actores que juegan un rol en la creación o emisión de mensajes, y por el nivel de credibilidad que logren concentrar. No es sólo la autoridad política, sanitaria y económica del gobierno central quienes son los llamados a conducir este período de crisis. Son también las y los alcaldes, expertos, agrupaciones gremiales, medios de comunicación, organizaciones políticas y sociales, quienes en lo concreto poseen responsabilidad en lograr un manejo comunicacional adecuado”.
En alerta frente a viralización de noticias falsas
Las y los académicos de la Universidad de Chile advierten a la Mesa Social que “en el contexto de la crisis sanitaria por el COVID-19, la desinformación puede ser mucho más dañina e incluso letal, en el sentido de que cuanto más se crea en la desinformación que circula, hay más propensión a tomar decisiones de riesgo o a dejar de cumplir con lo que las autoridades sanitarias recomiendan como por ejemplo, distancia social, lavarse las manos, confinamiento, entre otras medidas”.
Añaden que esto se agrava con la presencia de líderes que niegan la evidencia científica sobre la situación sanitaria y participan de la desinformación.
¿Qué hacer? En cuanto a los medios, recomiendan buscar mayores garantías de pluralismo para el fortalecimiento democrático; orientar su cobertura a las necesidades de las audiencias en cuanto a la información sanitaria; establecer claramente criterios de ética y responsabilidad social con grupos vulnerables; comunicar con perspectiva de género y pertinencia local; entregar información especializada al alcance del público general y evitar los riesgos del sensacionalismo y estigmatización de grupos específicos.
Para las audiencias, también hay tareas, en especial para quienes son usuarios de redes sociales. A ellos se les insta a no compartir información dudosa, ya que se podría recepcionar como contenido legítimo por otros usuarios, especialmente si son amigos de confianza o familiares, y también reportar o denunciar en las plataformas digitales la información engañosa, malintencionada o dudosa, o que pueda implicar un riesgo para la seguridad, salud o bienestar de las personas.
Además, el grupo redactor del informe identificó espacios de mejora en la legislación actual. Así, proponen requerir que la información pública vía ley de Transparencia sea entregada en forma más expedita y rápida a los periodistas, ya que según el texto “los plazos actuales son extremadamente largos para el adecuado desempeño en investigaciones periodísticas”.
Esto se suma a un cambio legislativo para incrementar la transparencia en entidades privadas: corporaciones, empresas, clínicas, laboratorios, isapres, AFPs y otras para que entreguen información en forma completa y oportuna ante los requerimientos periodísticos.
Fuente: Diario y Radio U. de Chile
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