Dirigentes sociales y políticos, junto a pobladores bajo amenaza de ser relocalizados y vecinos de Cochrane, recurrieron ante la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén para que, en primer lugar, invalide la resolución de calificación ambiental de mayo de 2011 y, además, declare la nulidad de la notificación de ésta.
Pobladores amenazados de ser relocalizados, vecinos de Cochrane, dirigentes sociales y políticos son algunos de los firmantes de dos escritos ingresados este mediodía en Coyhaique en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Aysén. Uno tiene por objetivo revocar la resolución de calificación ambiental (RCA) que en mayo de 2011 dio el vamos el polémico proyecto HidroAysén, mientras que el segundo busca declarar la nulidad del proceso de notificación de la respectiva aprobación a quienes realizaron observaciones durante la tramitación.
Ambas presentaciones se realizaron este 31 de mayo por ser el último día legal previsto para presentar una solicitud de este tipo, toda vez que la notificación de la RCA, luego de la votación del 9 de mayo de 2011, se realizó el 1 de junio de ese año y la norma define en dos años el plazo para recurrir en contra a partir de la fecha de la notificación. Con este paso los pobladores, ciudadanos y organizaciones buscan un pronunciamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental, que preside la intendenta Pilar Cuevas, sobre la validez de la resolución. Este es un procedimiento de naturaleza jurídica distinta a los recursos de protección que en abril 2012 rechazó la Corte Suprema (en fallo dividido 3 contra 2).
Según explicaron los encargados técnicos del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Daniela Castro y Manuel Passalacqua, los requerimientos se basan en dos aspectos fundamentales.
Quienes exigen la invalidación de la RCA argumentan que en ésta hay omisiones relevantes y esenciales debido a que ciertos impactos no fueron consideradas durante la evaluación, que en el documento se detectan cambios importantes en los principios que sustentan el análisis técnico (modificación de informes) y que existen impactos mal evaluados (sobre el hábitat del huemul, la afectación del Parque Nacional Laguna San Rafael, la dinámica natural de los ríos, el efecto de los glofs en la seguridad de las personas, los impactos sinérgicos, la relocalización de las familias, etc). Este requerimiento fue presentado por los pobladores Lili Schindele, René Muñoz y Rosa Millar Quinto, los vecinos de Cochrane Carlos Garrido, Elvis Valdés, Gabriel Garrido, Elena Cea, además del obispo Luis Infanti. También por la ex intendenta Viviana Betancourt, la comunicadora social Claudia Torres, el presidente de la Fundación Aysén Futuro Antonio Horvath Gutiérrez, el dirigente de los pescadores artesanales Iván Fuentes, el senador RN Antonio Horvath Kiss y la empresaria regional Miriam Chible, entre otros dirigentes y organizaciones.
El asesor legal del CDP, Erwin Sandoval, puntualizó que existe otro grupo de personas que, habiendo ingresado observaciones, no presentó reclamaciones por no haber sido notificado directamente de la RCA, ya que el procedimiento fue realizado por el SEA a través de su publicación en diarios de circulación nacional y regional, además del Diario Oficial, y no mediante carta certificada. Varios de estos recurrentes son pobladores sin acceso a los medios de comunicación de este tipo; Margarita Baigorria, Drina Montenegro, Sergio Tejeda y René Moneva, entre otros. En su caso solicitan que se anule la notificación.
IMPLICANCIAS DEL RECURSO
Para el senador Horvath, quien concurrió esta mañana al SEA, “estos dos recursos vienen en un momento preciso, porque sabemos que hay algunas advertencias de que el Comité de Ministros se quiere reunir para, entre comillas, calificar ambientalmente las observaciones que se han hecho, como una segunda instancia a lo que se hizo dos años atrás”. “La verdad es que ese Comité de Ministros está muy desnaturalizado, donde hay distintas declaraciones, incluso del precandidato Longueira, que dan a entender que esto ya estaría acordado, cocinado, entonces no hay ninguna garantía” señaló el parlamentario.
Claudia Torres, quien además es precandidata independiente a la Cámara de Diputados, se refirió a “lo vergonzosa que fue la notificación para los pobladores afectados y las respuestas tipo que dio el SEA respecto del proyecto HidroAysén, independiente del lugar de donde vivieran. En Los Ñadis, Cochrane, Río Pascua, Lago Quetro les dieron las mismas respuestas, ni siquiera evaluando que sus condiciones, y las observaciones que hicieron, eran diversas”.
La también precandidata (PS) a la Cámara Baja y presidenta de la Corema hasta antes que ingresara a evaluación HidroAysén, Viviana Betancourt, reconoció que la legislación ambiental chilena es de “pésima calidad”, sin embargo lo cual el proyecto, para ser aprobado, tuvo que “vulnerar incluso esa ley, que ya es mala o establece bajísimos estándares de protección del medioambiente en nuestro país”. A su entender en este caso se cometió “una serie de irregularidades, desde el inicio de su presentación y análisis, y eventualmente su resolución por el Comité de Ministros. ¿Qué ocurre si esto sigue su camino y fuese aprobado, lo cual ha sido anunciado en todas partes?”. Su respuesta fue clara: “Sirve como un antecedente jurídico para avalar una presentación ante los tribunales ambientales recientemente establecidos”.
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
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