El fundamento de la acusación se sostiene en haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación, al haber permitido el bloqueo de las carreteras por parte de un gremio empresarial, asumiendo el perjuicio que eso significa para la población en términos de desabastecimiento y aumento de precios en algunos bienes.
La diputada jefa de la bancada comunista, Camila Vallejo, señaló al respecto que «el daño que se ha producido a niños, niñas y adolescentes en la afectación del servicio en la entrega de alimentos de la Junaeb, lo que han denunciado incluso los supermercados con el problema del desabastecimiento, el daño que se ha producido a los pequeños y medianos empresarios que han perdido su mercadería o en varias regiones con el desabastecimiento de alimentos o incluso de combustible, no se va a acabar producto de que decidan bajar ahora el paro».
En ese sentido, Vallejo fue clara en apuntar a las responsabilidades del gobierno en este punto y en especial, al Ministro Víctor Pérez, lo que avalaría la Acusación Constitucional: «Este daño ya está hecho y se pudo haber evitado si no hubiese sido por el actuar negligente del Ministro del Interior Víctor Pérez, incluso complaciente con las amenazas de este gremio empresarial. Es por eso que estamos trabajando con fuerza en empujar una Acusación Constitucional por el incumplimiento de sus deberes en el resguardo de las personas, sobre todo en este contexto de crisis sanitaria», indicó la parlamentaria.
En tanto, la diputada y abogada Carmen Hertz, respaldó la presentación de esta Acusación Constitucional, indicando que el Ministro permitió una conducta que lidia con lo sedicioso.
«Nosotros vamos a impulsar una acusación constitucional porque este tipo de conductas de las autoridades no pueden quedar impunes cuando infringen notablemente la Constitución y las leyes, el daño está hecho, el Ministro no invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado y permitió esta conducta que linda con la sedición», afirmó Hertz.
Finalmente, la diputada Karol Cariola hizo énfasis en la diferencia de trato del Gobierno y de Carabineros ante las manifestaciones ciudadanas versus la paralización de los camioneros, e insistió en el costo político que debe asumir el Ministro por sus acciones y decisiones.
«Estas diferencias son inaceptables y creo que el Ministro del Interior ante la responsabilidad de lo que ha venido ocurriendo, debe asumir los costos políticos y es por eso que nosotros como bancada hemos tomado la decisión de acusarlo constitucionalmente, de unificar esfuerzos con otras bancadas de Oposición que han planteado también esta situación, y creemos que es muy importante que esto no quede en la impunidad, porque creemos que los camioneros han hecho uso y abuso del poder que tienen», sostuvo Cariola.
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