Las comunidades indígenas del sur están ocupando terrenos sin aguardar el visto bueno del Estado pues, consideran que están retomando sus sitios ancestrales.
El conflicto mapuche volvió a aparecer en la agenda argentina en medio de una confrontación política sobre la disposición de tierras en disputa y la posible respuesta del Estado frente a las proclamas ancestrales: reconocer territorios para las comunidades o protagonizar desalojos a manos de las fuerzas del orden, esa es la cuestión.
Al sur del país, en la Patagonia, la hermosa localidad de Villa Mascardi acapara la atención hace días, siendo una escondida jurisdicción de la provincia de Río Negro, a tan solo 35 kilómetros de la turística ciudad de Bariloche. En efecto, aquel pueblo plagado de montañas nevadas, con un lago digno de una postal, la naturaleza verde y su típico clima seco, es el escenario de la cruzada que enfrenta a un grupo de raíces indígenas con vecinos «en defensa de la propiedad privada», gobernadores y, por supuesto, la Policía.
¿Qué está pasando?
Allí, hace tres años que la comunidad Lafken Winkul Mapu ocupa algunas hectáreas del conocido Parque Nacional Nahuel Huapi, que reclama como propias. Se trata del mismo lugar donde fue asesinado en 2017 el joven Rafael Nahuel, ‘Rafita’, un mapuche de 21 años que, según la autopsia, falleció por una bala de la Prefectura. Aquella situación quiso ser disfrazada como un «enfrentamiento» por parte del Gobierno de Mauricio Macri, y la Justicia todavía no emitió una sentencia final contra el prefecto implicado. Igualmente, por la conmoción generada en su momento, no prosperó el desalojo, y en 2019 el peronismo arribó a la Presidencia.
El tiempo pasó, pero no la tensión. Aquel grupo permaneció firme en el sitio, aumentando el malestar a su alrededor. El punto de ebullición llegó el último sábado, cuando decenas de personas con banderas argentinas llegaron en sus vehículos a la Ruta 40, que conecta casi todo el sur, para protestar y repudiar a los indígenas. Lo llamaron el «Banderazo Patriótico». Estos lugareños alegaban ser víctimas de ataques incendiarios, además de piedrazos contra viviendas y automóviles particulares.
Por su parte, la gobernadora provincial, que no puede enviar a uniformados al parque nacional para expulsar a esos mapuches, solicitó al Gobierno de Alberto Fernández que actúe de inmediato. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, una antropóloga con un discurso contra la ‘mano dura’, no solo se rehusó a interceder por considerar que este es un conflicto político-territorial que excede a su cartera, sino que el propio Ministerio impulsó una denuncia penal contra los manifestantes. ¿El argumento? Se habría incentivado la portación de armas, «con intenciones de generar y producir hechos de violencia». De hecho, la comunidad mapuche señala que sobraron las consignas racistas.
La situación de Mascardi es solo un reflejo de lo que pasa en otras zonas de la provincia. En El Bolsón, reconocido por muchos como el ‘pueblo hippie’ del sur, unas 140 familias vinculadas a la cultura aborigen se instalaron en otro terreno disputado. Esto causó diatribas del intendente, que las acusa públicamente de tener presuntos fines inmobiliarios, como la venta ilegal de valiosas tierras. También hubo pequeñas protestas vecinales, luciendo otra gran bandera albiceleste.
La visión del Parlamento Mapuche
En las últimas horas, medios hegemónicos lanzaron publicaciones especiales sobre el tema, repasando todos los ataques a la propiedad privada en la zona, atribuidos a la comunidad mapuche ya mencionada. Sin embargo, ninguno de ellos consultó a las agrupaciones aborígenes, para dar su visión del problema o, por lo menos, conocer su reclamo histórico. Incluso pusieron en duda su condición de mapuches, argumentando que el Estado no los reconoce como tal y que las otras comunidades no aceptan al grupo Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi.
En el Parlamento Mapuche de Río Negro tienen una visión completamente opuesta. Esta organización representativa, nacida en los 80, sirve de nexo entre el Estado provincial y los grupos aborígenes, algo clave para una jurisdicción que alberga a por lo menos 160 comunidades. La entidad cuenta con cuatro consejeros, que cobran un salario de la administración pública, pero son designados por las agrupaciones.
Su vocero, Orlando Carriqueo, desmiente a la prensa local y le dice a RT que «la mayoría de las comunidades reconocen a Lafken Winkul Mapu como mapuche». E insiste: «Hay una mirada occidental sobre el reconocimiento, pero se autodefinen como comunidad, y no necesitan un papel del Estado para serlo». Así, remarca su preexistencia en la Patagonia, antes de que Argentina y Chile se conformen como países, hecho histórico contemplado en tratados internacionales y la Constitución local.
También detalla que ese grupo tiene relación con el Parlamento, aunque no participa de forma activa, porque no es obligatorio pertenecer. Es que uno de los pilares mapuches es la autonomía de las comunidades. De hecho, cada una «define cómo ocupar el territorio», repasa. Y confirma el apoyo: «No vamos a permitir que el Estado vaya y los mate». Sobre las acciones indígenas que acapararon la polémica, subraya que «no son tomas, son reivindicaciones territoriales». Y añade: «Se vienen dando históricamente, hubo un auge entre 2000 y 2006. Van a seguir produciéndose, a medida que más comunidades se conformen y haya más cuestiones de identidad, incluso en las grandes ciudades».
Carriqueo alerta que en la provincia hay cinco órdenes de desalojo contra comunidades, pero planean resistir: «¿A dónde va a ir esa gente?». Por otro lado, dice que los incendios de cabañas que se les adjudican son un montaje de las fuerzas de seguridad, «con grupos parapoliciales implicados». Al respecto, piensa que las críticas son injustas: «Nos piden que cuidemos el modo de reclamar, pero mientras tanto nos matan de a poco, y somos tildados de violentos. El único muerto, lo tiene la comunidad».
Así, al igual que otros millones de argentinos, este hombre es inquilino: «Si yo presento una nota en la Municipalidad diciendo ‘soy mapuche, denme tierra’, se me ríen en la cara». De hecho, otro de los problemas que preocupa al Parlamento es que, en las ciudades, la mayoría de los mapuches vive en las zonas más pobres, algo muy visible en Bariloche. «Hay que dimensionar el conflicto territorial en Argentina», plantea el referente, «aunque es un problema de Latinoamérica».
Asimismo, para este portavoz es indignante que el foco de atención se pose sobre una pequeña porción de tierra en Villa Mascardi, cuando hay empresarios con extensiones inmensas: «Mientras Lewis tiene un miles de hectáreas, a Lafken Winkul Mapu no le reconocen 10, 20 o 30».
En la región patagónica, «a cinco siglos de la llegada de Colón», hay una frase mapuche muy repetida, que es «petu mongueleiñ» (aún estamos vivos). Así, con un conflicto que lleva más de 140 años entre autoridades nacionales e indígenas, Orlando destaca la necesidad de asumir los errores del pasado. «Si Argentina no reconoce que ha nacido de un genocidio y la expropiación del territorio, con la matanza de nuestros abuelos, será muy difícil cambiar una sociedad», considera. De todos modos, la disputa continúa: «O nos entregan tierras aptas y suficientes, o va a haber problemas».
Cortesía Leandro Lutzky RT
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