Nacionalización del cobre, obra magna del Presidente Salvador Allende Gossens

Por Atilio Barrios Miranda / 04/09/20

La Nacionalización del Cobre fue uno de los ejes estructurales, parte de los profundos cambios contemplados en el Programa de la Unidad Popular, que llevó a la Presidencia a Salvador Allende.

El cobre ha estado presente en nuestra historia, por más de un siglo, por su impacto en nuestra economía y ser considerado, antes y ahora, como fundamental en las decisiones de Políticas de Estado.

Nacionalizar las compañías norteamericanas hirió poderosos intereses extranjeros, que influyeron en el cruento Golpe de Estado que puso fin a su mandato, el 11 de Septiembre de 1973, con la emblemática muerte del Presidente Allende.

LA ANTESALA DE LA NACIONALIZACIÓN

Naciones Unidas -hace 58 años- estableció:

“El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado” (ONU, Resolución 1803 (XVII), de 1962).

Los Programas de Gobierno de Tomic y Allende, de 1970, comprometían la Nacionalización del Cobre, necesario para rescatar el manejo pleno de una actividad estratégica para la economía nacional. Así, se avanzaba desde las etapas previas del “Nuevo Trato al Cobre”, de 1955, a la posterior “Chilenizacióndel Cobre”, pactada en el Gobierno de Frei Montalba, esta última, que permitía participar en el 50% de los beneficios de la comercialización.

En las décadas previas a la Nacionalización, las compañías extranjeras de la Gran Minería, la Kennecott (El Teniente), la Anaconda (Chuquicamata y Exótica) y la Andes Copper (El Salvador) y Cerro Corporation (Andina) fueron cuestionadas por tener altísimas rentabilidades, por no haber hecho las suficientes inversiones, por no aportar mayores beneficios al Fisco, por el abuso de los no retornos, por el abultamiento de costos locales y en el exterior, el uso intenso de depreciación acelerada, por el floreo en la extracción del recurso y, en suma, el no logro de otros beneficios que el país esperaba.

En esos tiempos, tanto, el Senado de la República, como, la Cámara de Diputados, tuvieron intensos debates e interconsultas con el Ejecutivo respecto al cobre. Así también, fueron presentadas iniciativas de proyectos de nacionalización por Senadores de la época que no prosperaron.

A modo de ejemplo, en 1953, es decir, muchos años antes de la Nacionalización, el Senado de la República manifiesta:

“que el Gobierno debe adoptar las medidas pertinentes para lograr mayor la influencia en el mercado del cobre, estimando inaceptable que sea el cobre considerado como material estratégico y como mercancía común, sometido a la ley de la oferta y la demanda, abogando por tener mayor control y de estimular el proceso de industrialización.”.

Ello tenía relación a que EEUU fijó bajos precios al cobre durante la Segunda Guerra Mundial y durante el conflicto de Corea, lo que provocó grave daño a Chile, ya que -en cierta forma- subsidiamos esos conflictos.

En 1953, en el Gobierno del Presidente Ibañez del Campo se crea el Ministerio de Minería, señal que indica el interés público por los temas mineros.

Estas circunstancias fueron el espíritu de la Ley Nº 11.828, del “Nuevo Trato al Cobre”, de 1955. Por esta Ley se dio varios estímulos tributarios y garantías, pero el resultado posterior fue negativo en cuanto a lograr mayor inversión y rendimientos al Fisco.

La “Chilenización pactada”, Ley Nº 16425, de 1965, de Frei Montalva, tampoco logró efectos mayores, creándose conciencia de que Chile debía avanzar a una Nacionalización de la Gran Minería por constituir una actividad estratégica para el país. El espíritu de este pacto era participar en un 50% de los beneficios de la comercialización del cobre.

En la conciencia colectiva pesaba la negra historia del salitre. El Financial Times, de Londres (07/02/89) publicó:

“Es muy general en Chile la opinión de que el Coronel (North) ha estado haciendo uso, con ventaja propia, de vastos recursos que muy bien habrían sido empleados para beneficio del pueblo chileno…”

A mayor abundamiento, en esa misma fecha, Francisco Valdés Vergara, publicaba en medios:

“Desgraciadamente, en Chile hubo un margen apreciable de dirigentes políticos que se dejó seducir por el oro extranjero, de ahí que pusieran su prestigio y su influencia al servicio de los grandes empresarios del salitre”.

La historia fue testigo que dichos intereses, enquistados en el Congreso, que se oponían a aportar justos tributos, provocaron la Guerra Civil que concluyó con el suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda, en Septiembre de 1981.

EL COBRE PASÓ EN UN MOMENTO HISTÓRICO A SER DE CHILE

En Diciembre de 1970, a días de asumido, el Presidente Allende somete al Congreso el proyecto de Reforma Constitucional para la Nacionalización del Cobre que, según su visionaria decisión, debía estar consagrada en la Carta Magna.

El 11de Julio de 1971 el Congreso Pleno -por unanimidad- aprobó la Reforma Constitucional de la “Nacionalización del Cobre”, decisión que contó con el voto y apoyo de todos los sectores políticos que reconocían el derecho que Chile tuviera el dominio y control de una actividad tan estratégica y gravitante (Ley N° 17.450). Esta nacionalización afectó a las empresas de la Gran Minería del Cobre y de la Compañía Minera Andina.

La Nacionalización del Cobre fueron parte de las propuestas insignes en los Programas presidenciales de los Candidatos Tomic y Allende, lo que permitió consensuar a todo el espectro político, incluso al sector de la Derecha, en tal histórica iniciativa.

Con ello Chile recuperaba el dominio pleno del cobre en poder de compañías extranjeras, cumpliéndose un anhelado sueño de que Chile pudiera beneficiarse en un 100% de la explotación de su cobre.

Factor fundamental de la Nacionalización era que el país no estaba obteniendo la retribución que correspondía por la explotación de su cobre, y que esa actividad era vital para el desarrollo del país.

Ese mismo 11 de Julio de 1971, el Presidente constitucional Salvador Allende, en la Plaza de los Héroes de Rancagua, encabezó los actos del “Día de la Dignidad Nacional y de la Solidaridad”, haciendo la analogía que el cobre pasaba a constituir “el sueldo de Chile”.

“Estamos –dijo Allende- en actitud positiva de ejercer un derecho inalienable para un pueblo soberano; el disfrute pleno de nuestros recursos naturales explotados por trabajo y esfuerzo nacional. Recuperar el cobre es una decisión de Chile, y exigimos respeto de todos los países y gobiernos por una decisión unánime de un pueblo libre”

Este magno hecho de soberanía – que contó también con el más amplio respaldo ciudadano- se hizo en un entorno político interno difícil y contra enormes presiones que desplegaron las compañías extranjeras al ser afectados sus intereses, acciones que habían desplegado ya antes de la asunción de Allende.

La “viga maestra” y “el sueldo de Chile” fueron las expresiones que quedaron en la conciencia colectiva como representativas de actos de soberanía del pueblo de Chile en defensa de su patrimonio minero y del enorme aporte que esa actividad podía hacer al país.

Digno de destacar, lo expresado por Allende en su alocución, ese 11 de Julio, cuando dijo:

“Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política”

En virtud de la norma decimoséptima transitoria, letra b) de la Constitución Política del Estado, incorporada por la Reforma referida de la Nacionalización, se estableció la facultad privativa del Presidente de la República para que el Contralor General “al calcular las indemnización que debe pagarse a las empresas nacionalizadas deduzca el todo o parte de las rentabilidades excesivas que las empresas nacionalizadas o sus antecesoras hubieren devengado anualmente a partir de la vigencia de la Ley N° 11.828”, esto es a partir del 5 de mayo de 1955.

Asimismo, se establece en esa Ley que la rentabilidad anual debe fijarse en el 10%de los respectivos valores libros (Decreto sobre rebaja de indemnización a las compañías del cobre, 29/07/71).

Esta doctrina de cálculo de indemnización, ejercida en pleno derecho, fue un mensaje al mundo para que países pudieren recuperar el dominio respecto a sus recursos o bienes públicos en manos del capital extranjero con una justa indemnización.

CODELCO, en representación del Estado de Chile, tomó posesión de las instalaciones productivas de las mineras americanas y se establecieron los Consejos de Administración delas Sociedades Colectivas del Estado a cargo de operación de las faenas. Se desplegaron ingentes esfuerzos para restablecer la producción e incluso para aumentarla a niveles superiores.

Se integraron desde el Ministerio de Minería, a CODELCO y a las empresas, un selecto grupo de profesionales que junto a los cuadros técnicos en terreno, asumieron el desafío de normalizar faenas.

Las exportaciones del cobre eran cerca del 75% del total exportado y los ingresos a la caja fiscal eran del orden de un 30%, es decir, el país era muy dependiente de esa actividad, Así también, tanto, Chuquicamata, como, El Teniente, eran complejos productivos de escala mundial.

Se vencieron múltiples dificultades en la toma de posesión de las faenas e instalaciones. Había que recuperar y mantener los niveles de la producción. La producción de las minas nacionalizadas, excluido lo aportado por ENAMI, se llevó de 541 mil toneladas a 615.000 en 1973.

La Nacionalización de las compañías extranjeras de la Gran Minería, en 1971, fue un gran reto para el país para vencer los mil obstáculos que pusieron las compañías afectadas.

Se venció el mito que pregonaron las compañías extranjeras “que tendríamos que comernos las piedras” porque no seríamos capaces de producir. La continuidad de producción se obtuvo con un esfuerzo encomiable, gracias al trabajo mancomunado de trabajadores, técnicos y del Gobierno de la época.

Cabe destacar que en esos años, el Estado tenía un rol activo en la economía.CORFO gestaba y promovía nuevas inversiones. La institucionalidad reconocía el derecho a la Educación, la Salud, la Previsión solidaria, a la vivienda digna, amén a otros beneficios sociales que hoy, en la época presente, al estar esos servicios en la esfera de los negocios, del modelo de mercado imperante, amparados por la Constitución del 80, no satisfacen a los más desprotegidos.

Los precios del cobre en el período previo a la Nacionalización y durante la Nacionalización, por efectos de que Chile regulaba su producción, tuvo niveles -en dólares promedio actualizados- de 6 US$/lb, muy superiores a todas las décadas posteriores.

Los precios nominales alcanzados en las décadas presentes, no superan a los record históricos de antaño, momentos en que existía mayor control sobre la actividad.

Las Cías. afectadas por la Nacionalización y el Gobierno norteamericano, heridos en sus intereses, desplegaron ingentes acciones para desestabilizar al Gobierno constitucional, apoyando a la oposición interna con recursos para campañas en medios de prensa y en sabotajes a los servicios básicos (Archivos desclasificados de la CIA).

En el exterior, restringiendo con embargos el comercio del cobre y accionando contra los flujos financieros de créditos y remesas, situación que culminó con el Golpe Militar de 1973.

El 11 de Septiembre de 1973 se truncó la vida del Presidente Allende, mandatario que heredó la Nacionalización del Cobre, como una de las obras más transcendentes para Chile. También, en CODELCO, se sufrió el rigor de las detenciones de ejecutivos y el asesinato, entre otros, de dos Gerentes Generales, de Chuqui y Salvador.

Con los años se ha reconocido “que CODELCO fue bien manejada por los responsables de laUnidad Popular”, según consignan los historiadores Joaquín Fernandois, Jimena Bustos y José Schneur (Historia política del cobre 1945-2008).

EL MODELO NEO-LIBERAL IMPLANTADO POR LA DICTADURA SIENTA SUS BASES EN LA MINERÍA, ABRIENDO EL CAMINO A LA DESNACIONALIZACIÓN

La cuestionada Constitución Política de 1980 del Gobierno Militar, ratificó la tradición de la Constitución de 1925, al señalar en su Art.19 N° 24: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

La Ley Reservada del Cobre, Ley N° 13196/58, prevista en el Gobierno del Presidente Ibañez, para un eventual conflicto externo, el Gobierno militar la hizo operativa a fines de 1973, gravando a CODELCO con el 10% de las ventas, para ser soporte financiero fundamental del régimen de facto. En tal decisión su fundamento fue asimilar un estado de “guerra interna”. Dicha Ley ha aportado, además, al financiamiento de gastos de las ramas de la Defensa Nacional. Razón determinante para que CODELCO no fuera privatizada, un seguro, que representó más de US$ 30 mil millones a valores actualizados. Esta Ley fue derogada por la Ley N°21174, de Septiembre del 2019.

Por el DL 1350/76 se crea la Corporación Nacional del Cobre con sus Divisiones productivas y por el DL 1349/76, la Comisión Chilena del Cobre, a cargo de controlar a la nueva CODELCO, entre otras funciones.

La ola privatizadora de la época del Gobierno militar no podía dejar ajena a la minería, tratándose de un sector apetecido con altos márgenes de rentabilidad.

A pesar de tal disposición constitucional, sectores ultraliberales, economistas ligados a la Escuela de Chicago, lograron imponer una legislación arbitraria, permisiva y con vicios de inconstitucionalidad, que permitió la vuelta de las transnacionales. Se impuso el criterio de que la nacionalización sólo había afectado a las citadas compañías americanas y no a toda la actividad y negocio minero. En cambio, los fundamentos esgrimidos por el Abogado Eduardo Novoa M., uno de los autores de la reforma de la Nacionalización, era que el cobre y su industrialización eran vitales y estratégicos para la Nación.

La legislación dictada en el Gobierno Militar sienta las bases para la “desnacionalización” del cobre: a) Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Concesiones Mineras, de 1982; b) Código de Minería, de 1983; c) DL. 600/74 y d) modificación del DL 1349/76 de COCHILCO, en los últimos 15 días del Gobierno militar.

La L.O.C. de Concesiones Mineras, estableció la aberrante figura de “concesión plena”, ilimitada en el tiempo y, por tanto, irrevocable y difícilmente expropiable. Complementada ésta con el Código de Minería de 1983, permite el libre acceso de las transnacionales a la “propiedad minera”. Las transnacionales concentran hoy vastos terrenos con potencial minero.

El ingreso del capital extranjero, de las transnacionales, se hizo vía el DL 600/74, institucionalidad que no evaluó ni negoció ninguna iniciativa de inversión en minería.

Dicho DL, establecía la “invariabilidadtributaria” y los “contratos-ley” con inversionistas extranjeros, estos ajenos a nuestro ordenamiento constitucional, ya que implica asumir que el Estado puede desprenderse de su soberanía para otorgar garantías a particulares;

Este mecanismo fue derogado, por la Ley 20.780, del 2014, en mérito a no ser lícito conceder un trato especial discriminatorio al capital nacional. El citado DLno pasaba el test de constitucionalidad, lo que fue fundamentado en el Senado en el 2005 con ocasión de la discusión del Royalty II..

Con toda esta legislación antes referida, la disposición de la Constitución del 80, relativa a la propiedad del Estado de los recursos mineros, pasa a ser letra muerta.

LA CONCERTACIÓN Y SIGUIENTES HAN SIDO INMUNES E INDIFERENTES A LA PÉRDIDA DE NUESTRO PATRIMONIO MINERO

Sorprende lo acontecido, en que el tema del cobre ha pasado a ser casi subalterno.

El proceso de desnacionalización, incipiente en la época de los 80 del Gobierno militar, es acelerado en los Gobiernos de la Concertación.

El Programa fundacional de la Concertación de 1989 prometió establecer una Política Chilena del Cobre, potenciar a CODELCO, la revisión de la legislación minera y de fijar una política más consecuente con la inversión extranjera para que ella aportara valor agregado y manufactura al recurso minero, y capitales líquidos de inversión en función del interés nacional. Ello está incumplido.

El modelo neo-liberal heredado y administrado por los Gobiernos de la Concertación y siguientes, ha llegado a su máxima concreción con lo acontecido en el sector minero, a saber:

• La Ley Nª 19137, de 1992, de Asociación de Codelco con Terceros, ha permitido el traspaso de valiosas pertenencias y la tercerización de servicios;
• El Tratado de Integración Minera Chile-Argentina, del 2001, ha permitido el controvertido proyecto de oro y plata Pascua-Lama, uno de los más ricos en recursos del orbe, que nada aporta a Chile;
• Ocho veces ha aumentado la producción desde la Nacionalización, provocando la sobre-producción en varios años. El precio llegó a los 60 ctvs/US$ la libra en Octubre del 2001, con mínimo aporte a los fondos fiscales;
• Constatación por la Comisión Especial del Senado, del 2004, de que por mil subterfugios las mineras extranjeras hacen elusión y eluden impuestos por medio de “precios de transferencia”, depreciación acelerada, alta relación deuda/inversión, organizarse como sociedades contractuales mineras (no S.A) para eludir fiscalización, etc.;
• Un 60% de la producción se exporta en concentrados, con mínimo valor agregado, que permiten abastecer fundiciones y refinerías en otros países, como China y Japón. Miles de millones de US$ se pierden por año al no procesarlos en Chile;
• Fuertes fluctuaciones de precios, afectado por rachas especulativas. Menos del 1% de nuestro cobre se transa en la Bolsa de Metales de Londres y en COMEX. Los concentrados no tienen mercado de referencia;
• Las inversiones en su mayor parte no son inversiones propiamente tales. Son aporte de deudas, avaladas por el recurso minero nuestro, que se computa a la deuda externa país y riesgo-país. Parte importantísima de la deuda externa de Chile, se explica por US$60 mil millonesasociados a inversión extranjera.
• Miles de millones de US$, fueron autorizados por el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) y por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), en las décadas pasadas, con alto componente “inversiones-deudas”. No fueron evaluados ni negociados los contratos como correspondería, situación que se mantiene;
• CODELCO por Ley tiene restringido su ámbito de acción, limitada a sus actuales pertenencias, anteriormente, afectada por la Ley Reservada de las FF.AA. Hoy por el impuesto adicional del 40% que la grava y por la entrega de todos sus excedentes al Fisco, situación que la pone en desventaja en su competitividad;
• Las transnacionales mineras que operan en Chile, con domicilios en otros países y en paraísos tributarios, operan con reglas emanadas de “contratos-ley”, secretos, impuestos por ellas, que afectan soberanía y crean una particular forma de explotar y comercializar valiosos recursos del negocio minero. Es inexplicable que -ante una eventual demanda al Estado chileno- se renuncia a la soberanía de los Tribunales de Justicia de Chile;
• El interés de las transnacionales son contrarios al interés de Chile. Nuestro país desea el máximo retorno y contribución. Aquellas, asegurar abastecimiento a bajos precios y pagar mínimos impuestos;
• La administración “fiduciaria”, pactada en los referidos “contratos-ley”, permiten, entre otros: la libre repatriación de capitales y utilidades, el disponer que los retornos e ingresos de lo exportado se queden en el exterior;
• Los recientes TLC con países industrializados nos amarran a un Chile proveedor de materias primas y de recursos naturales, alejándose la “segunda fase exportadora” prometida por la Concertación, que es la manufactura y el valor agregado a los productos primarios y
• La institucionalidad del sector es débil. La Comisión Chilena del Cobre no cumple sus funciones. No asesora ni coordina con el SII para determinar la base imponible de tributos, tampoco a Aduana para verificar los contenidos de las múltiples sustancias contenidas en los concentrados, no fiscaliza a las empresas privadas ni evalúa las iniciativas de inversión minera, ni menos formula una Política minera, funciones estas que están en su Ley Orgánica (DL 1349/76).

LA PARADOJA QUE SE HA PRODUCIDO

Hoy más de los 2/3 de la producción del cobre de Gran Minería está en manos de las transnacionales y su aporte ha sido “un crecimiento empobrecedor”. Más producimos y menos obtenemos. El país no le pone precio a sus recursos naturales y cualquiera se apropia de ellos, teniendo una débil legislación e institucionalidad carente de una acción “negociadora”.

Chile tiene, también, una de las cargas impositivas más baja respecto a otros países del mundo, lo que resta recursos al Estado de Chile para enfrentar las enormes carencias que todavía subsisten.

La minería del cobre representa un nivel de producción de casi 6 millones de toneladas/año, representando más del 50% de nuestras exportaciones, con valores de US$ 40 mil millones.

Sorprende que el aporte de los últimos años a las arcas fiscales, sean de menos del 5% de sus ingresos. Que, además, los ingresos de la minería del cobre “promedio de los últimos 4 años, ha sido 1% del PIB, muy por debajo del 8,4% del PIB observado en el año 2006 (Economía y Negocios, El Mercurio, 21/08/20).

CODELCO, a pesar de todas sus limitaciones y problemas de gestión, produciendo hoy sólo el 25% de la actividad, ha entregado desde 1974 a la fecha más US$ 100 mil millones al Estado de Chile. Hoy CODELCO sigue aportando a Chile más que todas las 15 transnacionales que operan en Chile. Estas transnacionales hasta el 2005 no aportaron recurso alguno a la caja fiscal. Lo grave es que se esté explotando intensamente el cobre, un recurso no renovable, hipotecando el futuro del país.

CHILE SUFRE UN GRAVE DETERIORO AMBIENTAL POR LO AGRESIVO DE LA EXPLOTACIÓN MINERA

La permisiva legislación minera y ambiental, y la inacción de la institucionalidad sectorial, ha permitido que se desarrollen proyectos sin evaluar los eventuales impactos en su entorno.

La actividad minera ha afectado el modo de vida de muchas comunidades del Norte y del Altiplano chileno, a los recursos de agua y agrícola de los pueblos norteños, amén que las compañías mineras demandan fuertes consumos de energía eléctrica, cuya inversión en Plantas generadoras no la hicieron. La Pequeña y Mediana Minería, hoy casi extinguida.

¿En cuanto se valoriza los costos ambientales que dejarán las mineras al cierre de su ciclo productivo?

En suma, Chile, un distrito rico a nivel mundial en recursos mineros y estable en lo político, de por sí atrayentes al capital extranjero, entrega condiciones y privilegios más allá de lo razonable para el acceso indiscriminado de intereses foráneos, sin evaluar previamente la real conveniencia e impacto de tales proyectos, y sin tener la debida fiscalización una vez en operación.

EL ROYALTY MINERO, UNA TAREA PENDIENTE

Referencia especial tiene el “Royalty II” aprobado en Mayo del 2005 (Ley Nº 20026) que no es un royalty propiamente tal, sino un Impuesto Específico a la minería, sobre la base de utilidades, de mínimo rinde. Subvaluación de ingresos, sobrevaloración de costos, lo denominado “precios de transferencia”.

Con el mayor precio del 2006 de 3,05 US$/libra, y con exportaciones sobre los US$ 30.000 millones, este impuesto ascendió a US$ 892 millones, casi todo aportado por CODELCO. Lo irrisorio, es que el “Royalty II”, determina que ese Impuesto Específico, por una disposición transitoria, es crédito del Impuesto de Primera Categoría. Es decir, ese tributo, como pseudo costo, está siendo pagado con ingresos fiscales propios.

Aplicar un verdadero Royalty es la justa compensación por el uso de un recurso agotable que afecta el patrimonio natural, que es de todos los chilenos, es decir, es el pago de la materia prima del negocio. Hay un compromiso intergeneracional. Lo que hoy explotemos afecta el legado patrimonial que dejaremos a nuestros descendientes futuros.

PROPUESTAS PARA RECUPERAR DOMINIO Y SOBERANÍA RESPECTO AL COBRE

Con ocasión de la discusión del Impuesto específico (Royalty II), los H. Senadores Silva Cimma, Parra y Ávila, presentaron en Mayo del 2005, tres proyectos de leyes que están ingresados a trámite legislativo y que duermen en el Senado, a saber:

1. Declarar al cobre como sustancia no concesible, para que -de ahora en adelante- sólo el Estado lo explote;
2. Reforzamiento de COCHILCO para mejorar facultades de fiscalización y permitir regulación de la producción, esto último, decretadopor el Ministerio de Minería y Hacienda, para fijar el nivel máximo de producción anual y volúmenes de exportación a alcanzar por cada uno de los productores de la gran minería del cobre;
3. Obligación de las empresas mineras extranjeras de Gran Minería, hoy Sociedades Contractuales Mineras y Sociedades de Responsabilidad Ltda., de constituirse como S.A. abiertas, incorporando esa norma en la Ley Nª 16624, antigua Ley de la Gran Minería, aún vigente.

De prosperar estas iniciativas -que modifican sustancialmente las bases de nuestra política y legislación minera- sería el comienzo de la recuperación de dominio y soberanía en el manejo de una actividad tan vital para la economía del país y obtener una más justa participación, antes del previsto agotamiento de un recurso que le es propio.

Chile tiene la oportunidad histórica de reformular la política minera de puertas abiertas que ha tenido. El cobre y la minería, como actividad estratégica, pueden contribuir a la solución de las carencias sociales, de la marginalidad y la exclusión que caracteriza a nuestra sociedad, en la que impera el individualismo y la concentración del poder económico en poder de una clase dominante amparada en un poder político obsecuente y pasivo.

El Estado “subsidiario”, que recibimos del Gobierno militar, representa ingresos al Fisco de 20% del PIB. Es un Estado disminuido, falto de iniciativas, propio de los países en que se ha impuesto el nuevo capitalismo por medio de la globalización que proviene de los países más poderosos. Ha permitido la pérdida de identidad y de manejo propio en decisiones transcendentes para nuestra sociedad.

Producimos el 40% del cobre exportado que necesita el mundo y en nada podemos controlar su precio o regular su producción. La OPEP, con menos participación en el petróleo, si influye en el mercado. Contrasta ello con países europeos que protegen el bienestar social y con los países del sudeste asiático que tienen Estados fuertes con visión y apoyo, en alianza con privados, que lideran áreas industriales estratégicas en el mercado mundial.

Recuperar el dominio pleno de nuestros recursos mineros, el Cobre, el Litio, el Molibdeno, el Cobalto y un sinnúmero de sustancias mineras y no metálicas, es de la mayor relevancia. Debemos ser imaginativos en el uso de esos recursos y dar la máxima transparencia porque está en juego lograr un mejor destino a nuestros conciudadanos a través de una economía más humana y solidaria. Requerimos un Estado más proactivo y ejercer dominio de nuestros valiosos recursos naturales.

El cobre -como otros recursos mineros- es un recurso no renovable y su explotación irracional compromete el patrimonio minero de Chile.

La falta de una real Política Minera de estas últimas décadas, la carencia de voluntad política, desidia de la institucionalidad sectorial, autocomplacencia y falta de autocrítica respecto a esta actividad, considerada estratégica, ha llevado a que Chile no esté teniendo un justo retorno de beneficio de esa actividad.

EN CONCLUSIÓN, ES NECESARIO ESTABLECER UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA LA MINERÍA Y RECUPERAR EL DOMINIO DEL COBRE

Con una visión de país y de responsabilidad intergeneracional de mediano y largo plazo, tal Política Minera debiera orientar sobre lo que se espera de esa actividad:

1. Fijar el aporte de la minería estatal, que debe ser creciente, un marco acotado que tendrá la minería privada, a fin de regular la producción para cautelar sustentabilidad al recurso minero;
2. La defensa de los precios;
3. Incorporar valor agregado y
4. Garantizar la mayor contribución que recibirá el Estado, que es el legítimo dueño de esos recursos.

En suma, el país, un distrito rico en recursos mineros y estable en lo político, de por sí atrayente al capital extranjero, y con un potencial de mercado espectacular por los nuevos desarrollos del Asia, China y la India, entre otros, entrega condiciones y privilegios más allá de lo razonable para el acceso indiscriminado de los intereses foráneos, sin evaluar previamente la real conveniencia e impacto de tales proyectos.

El cobre -un metal insustituible y noble, que no tiene reales sustitutos- seguirá ligado a los desarrollos de la energía, la electrónica, las comunicaciones, la inteligencia artificial, que lideran el crecimiento del planeta.

Nos hemos impuesto, por la presión de las economías capitalistas, un modelo neo-liberal de mercado, cuya expresión son las Transnacionales, la nueva cara del imperialismo.

Ha permitido que se instaure un modelo económico que no vela por la protección de nuestros recursos naturales ni por las necesidades básicas de nuestros conciudadanos. La exclusión, la falta de empleos dignos, la desigualdad y la concentración del poder económico y político son la realidad en el Chile de hoy.

Es de desear, también, que los dirigentes y ejecutivos de CODELCO hagan una gestión eficiente, transparente y proba de la empresa, que es de todos los chilenos, y a separar aguas del Consejo Minero, del cual integran, porque no tienen el mismo objetivo que los conglomerados extranjeros, que en su campaña de relaciones públicas se visten con los éxitos y aportes de CODELCO.

MENSAJE FINAL

Inspiración del Presidente Allende fue lo expresado por el destacado Poeta Vicente Huidobro, hace más de 90 años, en su texto “Balance Patriótico” a raíz de la presencia ya dominante de empresas extranjeras en la industria del cobre:

“¡Pobre país; hermosa rapiña para los más fuertes! Así vienen, así se dejan caer sobre nosotros; las inmensas riquezas de nuestro suelo son disputadas a pedazos por las casas extranjeras…..Ellos fijan los precios de nuestra materia prima al salir del país y luego nos fijan otra vez los precios de esa misma materia prima al volver al país elaborada”

Con ocasión de la dictación de la LOC de Concesiones mineras, de 1982, el ex Senador Radomiro Tomic hizo una feroz crítica de ella, en pleno Gobierno Militar. Dijo:

“el delirio de Chicago y otros factores inherentes al enmudecimiento del interés nacional por la prepotencia autocrática, amenazan con destruir todo lo que el país había logrado en el control de su destino ligado al cobre. Peor aún, si la Ley Minera 18097, llega a aplicarse y a perdurar, el país habrá abdicado de su soberanía. No será Chile, sino las más grandes transnacionales del mundo, transformadas en enclaves extranjeros, con privilegios de rango constitucional, quienes decidan cuales serán los niveles de vida de los chilenos y los límites de la independencia nacional”.

¡Qué sabias palabras! La realidad de hoy confirma sus aprensiones

La causa del cobre y su recuperación, como de todos sus recursos del patrimonio natural, debe ser la gran causa de Chile, de todos los ciudadanos que quieran un mañana mejor.

El Estado, en razón a lo anterior, y rectificando profundamente el actuar con las políticas públicas, podrá disponer así de mayores recursos, como otrora los tuvo, para así atenuar la gran deuda social, la pobreza y la inequidad, y financiar inversiones productivas de reemplazo ante el agotamiento de nuestro actual patrimonio natural.

Chile hoy, más que nunca, requiere ingentes recursos para enfrentar la crisis social, sanitaria y económica que vive.

Nuestra clase política actual debe tomar conciencia de los graves daños que se está provocando a nuestro patrimonio la actual explotación irracional a manos extranjeras y prever el Chile que legaremos a nuestros descendientes en el mediano y largo plazo. Conminarlos a ser autocríticos, no autocomplacientes, no limitarse a seguir acariciando el poder y de ser influenciados por el intenso “lobby” que despliegan los grandes intereses económicos, particularmente, las Transnacionales que copan ya muchas esferas del quehacer nacional.

Lo acontecido en los años recientes en la minería y el recuerdo de lo que motivó la Nacionalización, nos lleva a hacer una profunda reflexión autocrítica que despierte conciencias para aunar voluntades en pro de volver a rescatar el dominio pleno de nuestros recursos mineros, porque está en juego la dignidad y futuro de nuestra Patria y el que Chile obtenga una más justa participación en la explotación de un patrimonio que le es propio y que también pertenece a las futuras generaciones.

Este objetivo a emprender -de recuperar la soberanía de nuestro principal recurso minero- debiera ser el mejor reconocimiento a la memoria eterna a la causa que Salvador Allende nos legó.