James Anaya, relator sobre asuntos indígenas de Naciones Unidas en Chile

Según dirigentes indígenas la venida a Chile del relator especial sobre asuntos indígenas de Naciones Unidas, abogado James Anaya, es un hecho gravitante dada la agudización de la vulneración de derechos hacia los pueblos indígenas; el lento avance en materia de reconocimiento de derechos a estos pueblos, de sus tierras, territorios y recursos naturales; y la aplicación de leyes especiales, como la Ley antiterrorista, en la criminalización de su protesta social.

En el marco de esta visita, el Observatorio Ciudadano, organización no gubernamental de derechos humanos, entregó completo informe sobre situación de los derechos indígenas en Chile y del cumplimiento por parte del Estado chileno de las recomendaciones de 2003 del anterior relator, Rodolfo Stavenhagen.

Con mucha expectación dirigentes indígenas esperan la visita oficial del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, quien estará en Chile del 5 al 9 de este mes.  El Relator, cuya primera actividad será precisamente la reunión con organizaciones indígenas de la Región Metropolitana, mañana domingo a partir de las 14:00 horas en la sede de Amnistía Internacional Chile, tiene como mandato “examinar las formas de superar los obstáculos existentes para la plena y eficaz protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas”, recibir y reunir información sobre “violaciones denunciadas de sus derechos humanos y libertades fundamentales” y a la vez “formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas y actividades adecuadas para evitar y reparar (estas)las violaciones”.

Otro de los objetivos, es hacer un seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, tras su visita a Chile el 2003, así como explorar las distintas iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno para implementar el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en septiembre de 2008, y para promover la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU, aprobada por su Asamblea General con el voto favorable del Estado chileno.

Para ello, el Relator se reunirá con distintas autoridades de gobierno, entre ellas la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; con miembros del poder judicial y parlamentarios; con organizaciones indígenas, de derechos humanos y académicas que trabajan en la materia; con representantes locales de organismos de Naciones Unidas, además de desplazarse al norte y sur del país, para conocer en terreno la realidad de las comunidades indígenas afectadas por megaproyectos de extractivos y energéticos que se desarrollan en sus territorios ancestrales.  El martes 07 de abril en el Hotel Frontera, de Temuco, y el jueves 9 en el Auditorio de la Caja de Compensación Los Andes en Iquique (se adjunta agenda).

El propósito de estas reuniones es hacer un balance de lo realizado hasta por el Estado y brindar a las organizaciones indígenas la oportunidad de presentar al Relator información oral y escrita sobre los avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones de su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, así como en relación a los retos que representa la puesta en práctica de las disposiciones del Convenio No. 169 y de la Declaración de Naciones Unidas.

RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS

En el marco de la visita, el Observatorio Ciudadano, organización no gubernamental de derechos humanos hizo llegar al relator un completo informe sobre el cumplimiento por parte del Estado a las recomendaciones que hiciera el 2003 el entonces relator, Rodolfo Stavenhagen.

En dicho informe, Stavenhagen denunció una criminalización de la protesta social mapuche por parte del Estado, debido al aumento de casos y juicios en los tribunales. Y pidió la no aplicación de leyes excepcionales en su contra, como la Ley antiterrorista, así como estudiar la posibilidad de una amnistía a los defensores de derechos humanos de estos pueblos movilizados por sus demandas territoriales.  Del mismo, hizo hincapié en la labor que tienen los medios de comunicación frente a estas situaciones de vulneración, otorgan una cobertura “amplia y equilibrada” que permita una mejor comprensión del conflicto por parte de la ciudadanía y que incorporé como fuente a todos los actores involucrados.

Al respecto, Stavenhagen señaló que “Los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen uno de los problemas históricos más graves que afectan a los pueblos indígenas de Chile, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos”, por lo mismo recomendó prestar atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; que se agilice y amplíe el Fondo de Tierras de CONADI; que se asegure el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de la comunidades indígenas; que se tomen las medidas necesarias para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales y que se asegure la asistencia letrada de calidad y bilingüe.

Concluyendo que “A pesar de los esfuerzos realizados desde el retorno de la democracia al país, la población indígena sigue estando marginada del reconocimiento y la participación en la vida pública del país, como resultado de una larga historia de negación, exclusión socioeconómica y discriminación por parte de la sociedad mayoritaria”.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano “Las recomendaciones formuladas en el informe de misión a Chile del anterior Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas fueron y siguen siendo una gran contribución a la generación de conciencia en la sociedad chilena sobre la crítica realidad de los pueblos indígenas y de las relaciones interétnicas en Chile. Lamentablemente, dichas recomendaciones no han llegado a implementarse de manera plena y efectiva, en gran medida debido a la falta de voluntad de los gobiernos de los Presidentes Lagos (2000-2006) y Bachelet (2006-2010), los que más allá de la retórica, no las han consideradas de manera seria como orientadoras de su accionar en relación con los pueblos indígenas”.

Ello, de acuerdo al mismo documento “estuvo determinado en gran medida por la prioridad que ambas administraciones han dado a la expansión de las inversiones extractivas y de la economía global hacia los territorios indígenas, ricos en recursos naturales, por sobre el respeto y la materialización de los derechos de los pueblos indígenas a los que formalmente han adherido”.  Sumado a la débil normativa medioambiental que existe en Chile y de su Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para lograr defender efectivamente los derechos de estos pueblos y garantizar el derecho a consulta previa.

En el caso de Lagos, pese a haber recibido durante su mandato los lineamientos de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo trato, así como las del relator Stavenhagen, y de haber comprometido una serie de iniciativas para mejorar la relación de estos pueblos con el Estado y respeto a sus derechos, en su informe el Observatorio da cuenta de la creciente proliferación de proyectos de inversión y que el gobernante “no promovió la reforma de la legislación antiterrorista, a efecto de restringir los tipos penales amplios que ésta sanciona y, por el contrario, la utilizó profusamente en contra de personas y organizaciones mapuche, contrariando lo afirmado en la respuesta de su gobierno al informe del Relator”.

Por su parte la presidenta Bachelet, agrega el informe, “no mostró, al principio de su gobierno, indicios de cambios sustanciales en la política hacia los pueblos indígenas, ni voluntad de recoger las recomendaciones del Relator Especial.  Por el contrario, su administración no solo mantuvo las indefiniciones que fueran características de la política de su antecesor en La Moneda, sino también, las contradicciones entre el discurso y la práctica.  Cabe recordar que siendo candidata Bachelet se comprometió a que durante su gobierno tendría presente el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas, así como el del Relator de la ONU para los derechos indígenas sobre Chile, ambos.  Además, se comprometió a no aplicar la Ley antiterrorista en el denominado conflicto mapuche”, algo que claramente no ha cumplido, a la luz de las últimas condenas bajo la figura terrorista, donde ha sido el Estado –al igual que el Ministerio Público- los que han invocado dicha legislación en el marco de estos procesos (se adjunta informe).

DIRIGENTES: EL ESTADO NO HA RESPONDIDO CABALMENTE A LAS RECOMENDACIONES

Cecilia Mendoza Yere, presidenta de la Asociación Likanantay Kausama, cuenta que recibió una invitación especial de la ONU hace dos semanas atrás, en que había que inscribirse previamente para reunirse con el Relator y que está muy contenta de su visita.  “Me hago grandes expectativas porque aquí en Chile el gobierno no está respondiendo a nuestros intereses.  Por ejemplo, se quedó corto en su política reconocer y el Convenio 169 de la OIT, la gente no lo conoce, en muchos casos ni siquiera lo ha leído, tampoco conocen en profundidad lo que dicen los informes de la relatoría.  Y el Estado está obligado a difundirlos”, señala con firmeza.

Mendoza agrega que en el norte los pueblos indígenas luchan cada día por que “se les respete su derechos a sus recursos naturales, al medio ambiente, especialmente el agua.  Pues la gran minería y las empresas transnacionales se están apropiando de este recurso, poniendo en peligro no solo la vida de las personas, sino también, el ecosistema con su vida vegetal y animal”.

A la misma conclusión llegó la investigación que da forma a la reciente publicación “La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile”, de la abogada Nancy Yáñez y el geógrafo Raúl Molina, del Observatorio Ciudadano.  “Hemos visto que aquellas comunidades que han dado pasos sustanciales hacia la recuperación de sus territorios ancestrales también ven amenazados sus derechos a causa de la actitud dual del gobierno, que se nutre entre la contradicción de la política indígenista de reconocimiento de derechos y la política de desarrollo económico basada en la explotación primaria de los recursos naturales, sin garantizar los resguardos ambientales”, señala el libro.

Para los dirigentes indígenas entrevistados, poco o nada de las recomendaciones del relator Stavenhagen se han cumplido.  Por el contrario, siente que se ha agudizado y reafirmado la respuesta de judicialización de la demanda social indígena, especialmente en el caso mapuche.

Uno de los dirigentes mapuche que fue víctima de la criminalización de la demanda y movilización mapuche y que debió pagar con cárcel, es el lonko de la comunidad Diádico Aniceto Norin, condenado a cinco años y un día de prisión por el delito de amenaza terrorista con el uso de testigos encubiertos.  “Desde la venida del relator Stavenhagen, hasta ahora, no se han respetado los derechos mapuche.  Siguen vulnerándolos y siguen encarcelándonos con la aplicación de la ley antiterrorista, no ha habido una respuesta real a las demandas que nuestros hermanos están reivindicando.  Nosotros tenemos una demanda histórica por la tierra y no tenemos respuesta” manifiesta el lonko.

Además agrega y reitera que “continúa la militarización dentro de las comunidades mapuche y eso es grave para nosotros, no solo para mí como persona, sino para todos mis hermanos que viven en distintos lugares”.  Finalmente recuerda que actualmente tiene una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las irregularidades de su proceso, y que espera “plantear todos estos temas, cuando el relator esté en Temuco”.

Por su parte Lenky Atan Ito, presidenta del Consejo de Organizaciones Urbanas Rapanui, considera: “esta visita del relator de mucha importancia y debería de venir mucho más seguido, por tantas irregularidades que existen en Chile, donde nuestros derechos y recursos son permanentemente vulnerados.  Porque (el gobierno) privilegia más lo económico que nuestros derechos.  Por eso nosotros tenemos muchos problemas con nuestras tierras, de vivienda y de salud también, que son todos derechos fundamentales”.  Añade que su pueblo “demanda autonomía, pero ellos nos tratan de imponer algunas cosas sobre esas autonomías, como por ejemplo el derecho a la consulta hacia nuestro Consejo de Ancianos, al cual ellos no consideran o no quieren tomar en cuenta”. Termina señalando que ellos demandan tierras que están en manos de particulares.

Para el dirigente Aymara Ramón Ibáñez Quispe, nacido en el norte de Chile y en la actualidad director del Centro de Estudios y Difusión de la Cultura Andina, en el caso de “los aymaras, nosotros esperamos que se promulguen las leyes, normas y medidas necesarias para que el Convenio 169 esté en plena implementación como en todo estado de derecho…, además de los derechos de agua y la explotación minera en territorio indígena.

Otra preocupación es el grado de participación en el desarrollo de políticas públicas que afectan a los aymaras, como el problema es la discriminación que todavía existe en la sociedad Chilena en general”, apunta a continuación.

Finalmente, Ibáñez interpela al Estado por la escasa representación indígenas en instancias política de decisión, preguntando cuántos ministros, senadores, embajadores hoy se autodentifican como  indígena.  “Esa es solo una muestra de que el multiculturalismo no es la solución, sino avanzar hacia una sociedad intercultural.  Los indígenas somos sujetos de derecho y es deber de las instituciones del Estado facilitar los medios, tanto económicos como de apoyo jurídico, para poner nuestros planteamientos en la agenda del Estado”.  Y agrega que “las organizaciones aymaras han avanzado a un discurso unitario en los grandes temas que les interesan, aunque con matices particulares, según el lugar donde viven.  Mi mensaje es seguir  avanzando en ese mismo espíritu y, como siempre, que estemos dispuestos a escuchar y dialogar dentro del respeto que deben tener todas las opiniones para el bienestar de nuestras futuras generaciones”.

TRAYECTORIA DE JAMES ANAYA

De origen apache, James Anaya es un referente internacional en materia de derechos indígenas, que vendrá a constatar los avances y retrocesos sobre la materia en Chile.  El 27 de marzo de 2008, en razón de estos méritos, fue elegido Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas.

De profesión abogado, ha sido titular de la cátedra de Derecho y Políticas de los Derechos Humanos en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos.  Donde realiza sus investigaciones en amplias ramas del derecho, especialmente del indígena.

En su desempeño como abogado, Anaya consiguió el primer fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del reconocimiento de los derechos colectivos indígenas sobre sus tierras y recursos, en el caso de la comunidad Awas Tingni contra la República de Nicaragua.  Caso que marcó toda una línea en la jurisprudencia de la Corte, y que hoy es estudiado y reproducido por diferentes escuelas y facultades de leyes del mundo.

Por Paulina Acevedo y Elías Paillan

Observatorio Ciudadano

Mandato del Relator

El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Prof. S. James Anaya nuevo Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. El Prof. Anaya es Profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad de Arizona (Estados Unidos). El Profesor Anaya asumió su mandato el 1 de mayo de 2008.

En el marco de la  resolución 6/12 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial tiene el mandato de:

(a) Examinar las formas de superar los obstáculos existentes para la plena y eficaz protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, de conformidad con su mandato, e individualizar, intercambiar y promover prácticas óptimas;

(b) Reunir, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los indígenas y sus comunidades y organizaciones, sobre las violaciones denunciadas de sus derechos humanos y libertades fundamentales; y

(c) Formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas y actividades adecuadas para evitar y reparar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.