Advierten sobre tramitación del Senado de Convenio UPOV 91

En los países en que rige el convenio UPOV 91, se criminalizan los intercambios de semilla y en varios de ellos sólo se encuentra a disposición de los campesinos semilla «certificada» y/o transgénica, en el caso del maíz y la soya. El Senado discute esta semana el proyecto de ley.

El  próximo martes 11de junio el Senado reanuda la tramitación de la ley de Obtentores Vegetales, que deroga la actual ley de Semillas para hacer posible la promulgación del Convenio UPOV 91, hecho a medida de Monsanto y de las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas. Es muy posible que el Presidente Piñera esté así cumpliendo instrucciones de Obama  luego de su reciente encuentro, pero habrá que esperar un próximo Wikileaks para tener la total certeza de ello.

El proyecto de Ley de Obtentores, presentado  por la ex Presidenta Bachelet y resistido entonces por las organizaciones campesina y sociales a las que ella no recibió ni escuchó, contiene artículos que -entre otras aberraciones- prohíben el intercambio y guarda de semilla  y posibilitan que el obtentor  (Monsanto, Bayer, von Baer, Dupont, Syngenta, etc) demande al infractor por «piratería» como se hace en Europa, Estados Unidos y Canadá.

El pago del royalty o patente se extiende no sólo a la semilla sino los subproductos derivados de ella y se extiende la vigencia del registro otorgado al obtentor. La ley consagra el monopolio de la semilla por los obtentores, que tendrán todas las garantías en el mercado, lo que tiene como consecuencia implícita y obviamente  no declarada, la progresiva desaparición de la semilla campesina e indígena.

En los países en que rige el convenio UPOV 91, se criminalizan los intercambios de semilla y en varios de ellos sólo se encuentra a disposición de los campesinos semilla «certificada» y/o transgénica, en el caso del maíz y la soya. Recordemos que Brasil, China, Ecuador, entre otros NO han firmado este convenio, que no es un convenio emanado de Naciones Unidas sino ha sido generado por las transnacionales productoras de semillas y agrotóxicos (químicos) con el apoyo de los gobiernos.

Los senadores Alejandro Navarro, Ximena Rincón, Jaime Quintana, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Fulvio Rossi, Isabel Allende, Jaime Pizarro, José Antonio Gómez, Mariano Ruiz-Esquide, Soledad Alvear, Camilo Escalona, Pedro Muñoz Aburto, Patricio Walker, Guido Girardi y Ricardo Lagos Weber en 2011 plantearon ante el Tribunal Constitucional que el Convenio UPOV 91 aprobado ese año, era ilegal. El TC no acogió el fondo de la petición, y le devolvió  la pelota al Senado, para que hiciera una ley de Obtentores que cuente con consulta a los pueblos indígenas, y que asegure el resguardo del patrimonio genético de Chille y su biodiversidad.  Por ello,  hemos dirigido la siguiente carta a estos 17 senadores que mostraron sensibilidad en el tema

LA CARTA

La carta dirigida a los senadores dice:

Como Alianza por una Mejor Calidad de Vida RAP-Chile, integrada por la Red de Acción en Plaguicidas Chile, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI y el Observatorio de Conflictos Ambientales, OLCA, que integramos la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, nos hemos enterado que el próximo martes 11 de junio se reactiva en la Comisión de Agricultura del Senado, la tramitación del Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, que hasta ahora no tenía urgencia.

Desconocemos si se le ha puesto urgencia en las últimas horas. Nos llama poderosamente la atención el hecho de que la conocatoria a la sesión de la comisión, a la que asistirán el Ministro de Agricultura y el MInistro de Relaciones Exteriores, se realiza inmediatamente después de la visita del Presidente Piñera al Presidente de Estados Unidos, sr. Obama. Como Uds. recordarán, tanto este proyecto de ley como el Convenio UPOV 91 ya aprobado por el Senado en 2011, han sido discutidos bajo directa presión de la Casa Blanca (Tratado de Libre Comercio) a lo que se suma el poderoso lobby de las transnacionales encabezado por Monsanto y otras transnacionales, además de sus socios locales.

Como es de su conocimiento, pese a haber sido aprobado por el Congreso, el convenio UPOV 91 no ha sido promulgado debido precisamente a que algunas cláusulas del mismo son contradictorias con la actual Ley de Semillas, que sería derogada si se aprueba el proyecto en segundo trámite constitucional. En la oportunidad, se planteó que debió haberse discutido primero el proyecto de Ley de Obtentores.  Aunque el Tribunal Constitucional rechazó la objeción de legalidad presentada por ustedes señores senadores, con el respaldo de las organizaciones campesinas, sociales y ambientales, en esa oportunidad el Tribunal Constitucional no fue al fondo del asunto, y sostuvo   en su fallo que era al Senado a quien correspondía velar porque se cumpliera con la consulta a los pueblos indígenas (Convenio 69) y garantizar el resguardo de la biodiversidad y el patrimonio genético del país. En lenguaje popular, diríamos que el Senado «les devolvió la pelota».

Nos parece imprescindible recordar a Uds. que el proyecto de ley de Obtentores Vegetales contiene artículos que vulneran y criminalizan el derecho ancestral de campesinos e indígenas a guardar la semilla, y a practicar el libre intercambio de semillas, entre otras aberraciones. En los países de Europa y América en los cuales está vigente el convenio UPOV 91 gracias a la vigencia de nuevas leyes de obtentores de semillas, los productores agrícolas  ya han perdido esos derechos. Sin embargo, en diciembre de 2012, la Corte Constitucional de Colombia declaró inasequible la Ley 1518 de abril 2012 que aprobaba el Convenio UPOV 91 de Protección de Obtentores Vegetales. Las organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes y campesinas y de ciudadanos del país andino, consideraron el fallo como una primera victoria hacia la garantía plena de los derechos de sus comunidades sobre sus semillas en su lucha por la soberanía alimentaria.

En Chile, el convenio UPOV 91 se aprobó entre gallos y medianoche, mientras en las calles la ciudadanía movilizada rechazaba el proyecto HidroAysén. Sólo votaron en contra del proyecto los senadores Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo),  junto a José Antonio Gómez (Antofagasta), Alejandro Navarro (BioBio,), y Jaime Quintana (Araucanía).

 No aceptaremos que la Ley de Obtentores Vegetales sea tramitada en el Senado de una forma similar, por lo que esperamos de Uds., señores senadores,  que mostraron sensibilidad en el tema luego de esa nefasta aprobación del convenio pro Monsanto, que garanticen el derecho de las organizaciones campesinas, indígenas, sociales y ambientales a dar a conocer los fundamentos de su rechazo a este proyecto de Ley de Obtentores, que asegura el pago de patentes para los obtentores, en su gran mayoría transnacionales, y despoja de sus derechos a los pueblos campesinos e indígenas,  custodios, desarrolladores y guardadores de la semilla a lo largo de la historia.

 Por Lucía Sepúlveda Ruiz

 LEA ADEMÁS: El lobby de Monsanto en Chile