El conflicto en Melipeuco deriva en la visualización de poderes fácticos

Desde junio del año 2008, en Melipeuco, Chile, diversas orgánicas sociales como comunidades indígenas, organizaciones de empresarios de turismo, grupos de jóvenes y personas que individualmente concurren, se encuentran en un proceso de diálogo y organización, con el objetivo de participar e incidir en los lineamientos de inversión local, los mismos que se promueven globalmente por los gobiernos de turno, desde el Estado y desde el libre flujo de los capitales, que ya se traducen en proyectos y negocios del gran empresariado especulador, que para variar ( o para no variar), han dejado consecuencias devastadoras para el medio ambiente, ríos contaminados, paisajes invadidos, inestabilidad laboral.

Se trata, entonces, de agotar las instancias de participación que, al parecer por defecto, se encuentran a disposición de los vecinos y comuneros, así la organización social ha ido dilucidando formas de incidir y fiscalizar de manera ciudadana, en base a una comprensión crítica del sistema administrativo y de control público, que está operando sobre los proyectos de desarrollo comunal en ejecución y en carpetas de aprobación.

En Melipeuco, a pasos para nada tímidos, el flujo inversionista se despliega con amplia observancia a los principios de plena libertad económica, haciendo y deshaciendo; además a paso firme, se vale del principio de la autonomía de la voluntad aplicado con la vieja lógica de la bilateralidad de la relación privada, muy importante para hacerse de los recursos naturales, que son transables, por lo tanto, en la esfera del libre mercado y donde la gran empresa, claro, actúa con ventaja para hacerse de derechos de agua y tierras ricas en biodiversidad, del suelo y del subsuelo, lo que se traduce en una fórmula de desarrollo comunal planteada desde los directorios anónimos para una comuna que ha elegido claramente otro camino.

El clima de precariedad económica con que a menudo se caricaturiza a la “realidad social” de los “países pobres” o “en desarrollo”, según se expresa oficialmente, desencadena la necesidad virtualmente insoslayable de conferir la mayor soltura sistémica administrativa ante cualquier posibilidad de inversión privada a gran escala, entendiéndose esta última, como la forma que la sociedad se ha dado estructuralmente para encarar sus necesidades básicas o de consumo. Por su parte, las empresas que se observan en despliegue, viviendo el mito de su imprescindibilidad, en la zona de Melipeuco, sencillamente les toca llevar adelante el rol impulsor del desarrollo productivo, y lo hacen, se nota, sin respeto a plan estratégico comunal de desarrollo alguno.

Luego, la saturación medioambiental y el desorden inversionista se tornan la tónica. Resulta obvio, de acuerdo a la parásita filosofía de la libre empresa, se hace cuanto se pueda para rebajar costos, sacrificando de pasada, el nivel de vida, la cultura y el patrimonio ambiental de los habitantes naturales del sector, agreguemos la paz social. De tal manera se desconocen, cuando no se niegan, en la práctica, derechos anteriores y superiores a la libertad económica. Un punto pic, radica en que se lesionan derechos esenciales de ejercicio cultural, como lo hizo la piscicultura Los Fiordos, que devuelve el agua al río Peuco en condiciones que en menos de cuatro años obligó a cambiar formas de vida y ejercicios culturales ancestrales a vecinos y comunidades pehuenche, aún lo hacen.

Debiera asumirse desde la autoridad, digamos desde los tres poderes del Estado, más el poder contralor, que se está frente a una comuna con enorme presencia mapuche, se trata de un territorio ancestralmente muy vivo.

En Melipeuco, felizmente se ha levantado una posición de participación ciudadana, frente proyectos de pisciculturas termo e hidroeléctricas, la organización hasta la fecha intenta hacerse cargo de una conciencia colectiva informada sobre las consecuencias nefastas para el medioambiente que la inversión foránea ha tenido, el formado “Concejo Comunitario de Melipeuco”, interpreta a gran parte de las organizaciones del pueblo, que saben de los supuestos y tangenciales beneficios para la localidad y que se siente inconforme con la desigualdad que involucra la enorme ganancia para los accionistas anónimos, por cierto, que se instalan en el territorio con el favor legal y administrativo del gobierno de turno.

Resulta entonces totalmente lógico que sean en última instancia los afectados, los habitantes y vecinos del lugar, quienes soberanamente han de proceder a través de los recursos legales, jurisdiccionales, administrativos, y todos los que la organización promueva en pos de obtener garantías para asegurar el ejercicio de los derechos humanos amagados por los inversionistas.

Con todo, los espacios constitucionales de impugnación, garantizados por el propio Estado de Derecho, no se aprecian asumidos como instancia de prioridad pública. El tratamiento de los derechos en discusión cuenta con un mínimo ideal de equilibrio, en todo Estado de Derecho se requiere una ecuanimidad administrativa que marque hacia una discutibilidad justa a la hora de los pronunciamientos, por el momento sin embargo, se advierten casi puros oídos sordos de parte de los estamentos de Estado competentes.

Mientras, los pueblos originarios en general, avanzan a paso firme en sus procesos internos de reposicionamiento cultural, felizmente impulsados por una conciencia ambiental y pluricultural que recorre las naciones y el planeta.

La realidad palpable a nivel mundial, relativa al super valor que los recursos naturales adquieren crecientemente, es parte de lo que anima a la comuna de Melipeuco a ir más allá del aseguramiento “económico” a corto plazo.

Mientras, desde el gobierno se plantea un discurso, que fortalece un desarrollo para la Araucanía Andina sustentable y amparado preferentemente en un turismo que ha de aprovechar los intereses especiales que la comunidad se ha manifestado dispuesta y en condiciones de desarrollar ampliamente, pero que sin embargo se contrapone al comportamiento anchamente permisivo que se observa en los mismos organismos públicos con competencia ambiental, a la hora de pronunciarse durante la etapa de calificación de los proyectos productivos de grandes empresas dispuestas en el mismo territorio, y que son definitivamente incompatibles.

La necesidad de un comportamiento fiscal a la altura de la legislación ambiental y especial indígena, de la igualdad cultural y económica constitucionalmente consagradas, en fin del comportamiento activo que han asumido las comunidades y habitantes de la comuna en cuestión, no es sino la posibilidad que el aparato público tiene para hacer legitimar su propuesta económica para los ciudadanos, y para hacer carne las garantías constitucionales ampliamente superiores a las invocadas normas de Aguas, de Minería y de libre empresa, que sustentan la inversión especulativa en la comuna. Desde luego que la incorporación al derecho interno, de normas que reconocen una dimensión clarificada del derecho natural, como lo es el convenio 169 de la OIT, que ha de entrar en plena vigencia en septiembre de este año en Chile, son señales que pueden quedar truncas sino se hace vibrar el espíritu soberano que vive en esa legislación, que ya debiera estar gobernando la actividad pública en miras de justicia y paz social.

Deberá asumirse entonces, que la actividad de poderes fácticos que desde las sombras levantan bochornos para el camuflaje fácil de los abusos, o pretendiendo la neutralización de la organización, son expresiones que debemos leer, con otra óptica que la que porfiadamente el aparato estatal y de los medios, tienden a hacer permanecer en ese nivel de la conflictividad, cuando es disfrazable de pobreza, delincuencia o terrorismo.

Las organizaciones sociales de Melipeuco, que han atendido a su propia necesidad de resolver la conflictividad planteada, hoy se ha proveído de información a los organismos públicos que se mostraban incapaces de fiscalizar y de poner en regla a las empresas en funcionamiento a expensas de los ríos de la zona, y para la calificación de nuevos proyectos de inversión que esperan aprovechar la calidad y pureza de los recursos hídricos que abundan en la comuna cuyo nombre en mapuchedungun significa “junta de cuatro aguas”, ello sin mediar participación ninguna de la comunidad.

ULTIMA HORA, a 20 de marzo de 2009: Quizás hubo que decir en el artículo anterior, que relata como va hoy, la dignidad del pueblo de Melipeuco, que la diseñada prontitud de sus asambleas, elaboración de informes, cartas a las autoridades locales y regionales, mails, actividades y reuniones varias, ha despertado también la desesperación de quizás, quienes atentando contra los bienes e instalaciones de los voceros del Consejo Comunitario y de la Radio Arcangel de Melipeuco, y sembrando finalmente violencia y confusión, quieren devolvernos su propia manera de ver el mundo, que sencillamente rechazamos.

Fresio del Estero

Comunicaciones, Consejo Comunitario de Melipeuco.