Las primarias del SI y el NO

 Las  elecciones  primarias de Nueva  Mayoría y  la Coalición, donde fueron electos  Michelle  Bachelet  y  Pablo  Longueira,  no  son sino  una  proyección del plebiscito de  5 de octubre de 1988, por  lo que  sus  resultados y conclusiones deben ser analizados  con prolijidad a la vez que  comprenderse las consecuencias  futuras de ese fenómeno.

Aun cuando no se  disponga de datos  precisos  sobre el  perfil etario de los votantes en las elecciones  primarias del 30 de  junio, debe concordarse en que  quienes  asistieron a ese proceso fueron mayoritariamente  adultos  mayores de 45 años,  con una  ausencia de  jóvenes. El que  votaran tres  millones de  personas, un 22.4% del padrón electoral  vigente,  es un hecho  relevante  por cuanto  se  ha reproducido en el tiempo  la lógica  de SI y el NO  del plebiscito de  sucesión presidencial de la dictadura.

Lo que resulta relevante es  la merma  electoral del pinochetismo, que  cae de un 44.1 %  obtenido en 1988 a un  28 %; y  la Concertación ampliada —hoy  Nueva Mayoría—, sube de  un 55.99 %  a  72 %,  siendo  desconocida  la filiación de 77.6% de quienes no votaron, lo que abre razonables  dudas  acerca de la  representatividad del  sistema  político que impera en el país.

Este es un dato que  no puede  estar  ausente de  todo análisis político. Las personas que concurrieron  a  las urnas el 30 de  junio,  más  allá de expresar  una clara adhesión a  Michelle  Bachelet lo hicieron principalmente para  derrotar  simbólicamente a la derecha  del  “gobierno  militar”  una vez más.  Por cierto, parte de ese electorado de  adultos jóvenes  y adultos  mayores  que  reprodujeron  viejos condicionamientos estructurales,  lo hicieron  motivados  por las promesas  de cambio que levantó la candidata.

No puede  ponerse en duda la  movilización electoral de las primarias, pero es  imprescindible  reconocer que  se trató  más de  una  elección presidencial entre  el  pinochetismo  y la Concertación  que  una  primaria de selección de candidatos. Desconocer este  hecho es  no querer comprender  que el modelo  político y económico se ha reproducido a lo menos desde  1988, y  tal  reproducción  es  un acto  de voluntad deliberada cuyos  orígenes  los encontramos en el pacto de gobernabilidad  y desmovilización social que  legitimó el modelo  económico e institucional de la  ideología  neoliberal y de la contrarevolución de 1973.

En sí  mismo,  lo ocurrido es  un dato de realidad que  tiene consecuencias a futuro  y que  señalan  un rumbo  que, de  no  corregirse, puede devenir en una ruptura institucional en el corto  plazo con consecuencias imprevisibles.

Chile se encuentra  escindido entre los integrados al orden condicionante de la  Constitución de  Pinochet-Guzmán —la mayoría  política  en el poder ejecutivo y   legislativo—, mayoritariamente  hijos del Plebiscito de 1988,  y la mayoría social, sin  poder  político,  jóvenes,  movilizados  por  cambios en la educación,  asamblea  constituyente, agua,  nacionalización del cobre, aborto, matrimonio igualitario,  fin a las AFP,  entre otros.

De  persistir el modo de dominación  política de una minoría sobre la mayoría social se  ve  difícil ilusionarse con una nueva  etapa de  la “democracia de los acuerdos”  o con una política  en “la medida de lo posible” una vez más.

La  colisión entre la lógica de reproducción y  la lógica de  transformación del orden imperante, podrían tener  lugar antes de que se extingan los  últimos  exponentes de la  fuerza del  No.  Es  mejor anticiparse al diluvio.

Cabe, en consecuencia,  establecer  un nuevo acuerdo de gobernabilidad  fundado en el restablecimiento de la soberanía popular,  que  supone  la  convocatoria  a  los “estados generales” del país, a través de  una Asamblea  Constituyente.  Sólo  a través de la  más  amplia  participación de la ciudadanía  se podrá  restablecer  la confianza  quebrantada en el sistema político.

No  pueden  los  condicionamientos  normativos, menos aquellos  percibidos como ilegítimos —Constitución de Pinochet-Lagos—,  impedir que  la soberanía  popular se  exprese; ello equivale  a una  forma de  dictadura  encubierta, contra la cual el pueblo  tendría derecho a rebelarse.

Sea cual sea  el resultado de  17 de  noviembre, intentar  desconocer  el clamor del pueblo expresado  desde  fines de los años 90 y  reafirmado  año a año  no sólo  expresa  una insensatez  política, sino  su abandono y  desde luego,  aceptar un cuadro de  desgobierno que  se  está  preanunciando. Es la  hora del realismo político.

Por Adolfo  Castillo