Bases para un acuerdo democrático

Se ha ido instalando la convicción sobre los riesgos que podría traer consigo para la estabilidad política del Estado la permanencia de un modelo institucional y económico que adolece de la suficiente legitimidad en la ciudadanía, y que de no proponerse medidas correctivas y reformas sustantivas es cuestión de tiempo para que una solución no institucional ponga término a un orden erigido sobre las llamas de La Moneda hace cuarenta años. Es hora de avanzar a un acuerdo democrático entre quienes conforman la mayoría social del país.

Se agotó el tiempo para seguir exponiendo sobre la realidad que amenaza el sistema político chileno, signado por una profunda ilegitimidad y déficit de representación. Prácticamente todos los estudios de opinión pública arrojan los mismos resultados: la ciudadanía ve con hastío cómo la clase política o élite sólo legisla para sí y la mantención de sus privilegios, haciendo oídos sordos una y otra vez las demandas sociales por modificar el sistema político y económico.

Al mismo tiempo, lo  real para la mayoría social es que el núcleo político dirigente está ubicado en el lado de los privilegios llegando a establecerse formas de auto protección  como el apoyo de la Fundación Pinochet al senador Escalona, el entendimiento PDC-PS-PPD-RN para preservar cupos  parlamentarios ante una asamblea constituyente, o la carencia de empatía para escuchar las demandas de cambio.

En un cuadro de fractura entre gobernantes y gobernados, de crisis de representación terminal, es imprescindible avanzar a un Acuerdo Democrático que permita superar la amenaza del desgobierno y el endurecimiento de la represión estatal como respuesta, con los costos que esto podría acarrear.

Un nuevo entendimiento para una gobernabilidad democrática exige a todos los actores políticos de oposición al actual modelo institucional y económico, como son los partidos Ecologista-Verde, Igualdad, Humanista, Regionalista Independiente, Progresista, que respaldan candidaturas presidenciales frente a los dos bloques que sostienen el actual modelo —Nueva Mayoría y Alianza—, establecer un diálogo franco y de respeto con los movimientos sociales y políticos que han jugado roles determinantes y de liderazgo en la oposición real al modelo, integrado por los estudiantes, trabajadores, agrupaciones regionales, movimiento ambientalista, movimiento Tod@s a La Moneda, Izquierda  Autónoma,  Revolución Democrática,  UNE,  CONES, CONFECH,   deudores habitacionales, organizaciones campesinas y sindicales, sociales de base, entre tantos organismos de la sociedad civil.

Tal acuerdo democrático exige establecer una base mínima de consenso que se funde en primer lugar en el ejercicio de la soberanía popular, a partir de a) convocatoria a una Asamblea Constituyente, la  cual genere una nueva institucionalidad política y económica, y b) la propuesta de un plan de gobierno de transición que se establezca entre el desarrollo del proceso de diseño, preparación, convocatoria y ejecución de la Asamblea Nacional Constituyente, y la instalación de las nuevas autoridades políticas del Estado Democrático que surja de la deliberación del pueblo de Chile y sus legítimos representantes.

Este Acuerdo Democrático y sus componentes programáticos deben ser la tarea central a la que se aboque la plataforma de trabajo político-social en lo inmediato.

Más allá de las limitaciones que impone al diálogo abierto la próxima elección parlamentaria y presidencial, las bases para su desarrollo deben ser abordadas a la brevedad dada la velocidad con que se están precipitando los acontecimientos.

Se trata, a fin de cuentas, de una responsabilidad con la sociedad frente a los silencios y lejanía de los partidos políticos tradicionales respecto del clamor por cambios, especialmente de la inmensa mayoría que no se siente identificada ni con la Nueva Mayoría ni la Alianza, a quienes ve como parte responsable de los problemas que vive día a día.

Por Adolfo Castillo