Violaciones a los DD.HH. durante junio de 2013

Fracasó proyecto sobre amnistía para violadores de DDHH

05 de junio: La Cámara de Diputados rechazó un proyecto presentado por legisladores del oficialismo que buscaba remitir las penas a los condenados por violaciones a los DDHH durante la dictadura militar.

La iniciativa presentada por el diputado Jorge Ulloa (UDI) buscaba “eliminar la responsabilidad penal de los militares acusados de crímenes contra los derechos humanos” bajo el régimen militar. Según el autor del proyecto, perseguía “fortalecer la justicia, equidad e igualdad penal y procesal para todas las personas procesadas o condenadas por hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados declaró inadmisible la norma, en el entendido de que los proyectos de ley sobre amnistía e indulto deben ingresar a tramitación por el Senado y no por la Cámara Baja.

MINISTRO CARROZA DICTA PROCESAMIENTO POR SECUESTRO

11 de junio: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó cuatro procesamiento a ex integrantes de la Dirección de Inteligencia -DINA- en la investigación por el secuestro calificado de José Calderón Ovalle, ocurrido el 17 febrero de 1975, en la Región Metropolitana.

El ministro Carroza procesó a Rolf Wenderoth Pozo, Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko y Marcelo Moren Brito.

RECTOR REPUDIA INGRESO DE CARABINEROS A CASA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

13 de junio: Un rechazo tajante realizó el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, ante el ingreso de Carabineros a la Casa Central donde hubo estudiantes heridos y detenidos.

Pérez calificó como “inaceptable” la “brutal invasión hecha por Carabineros a las dependencias de la Casa Central, golpeando y apaleando a nuestro estudiantes” y agrego que “con esto se ha roto una tradición de respeto a la Universidad de Chile”.

CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO RECHAZA RECURSO DE QUEJA EN CAUSA MAPUCHE

13 de junio: La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de queja presentado por la fiscalía regional en contra de fallo absolutorio que dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol en favor del comunero mapuche Mijael Carbone Queipul, imputado en calidad de autor del delito de homicidio frustrado.

En fallo unánime, consideraron que no existió infracción en la sentencia que absolvió a Carvones Queipul y que el recurso de queja pretende que se realice un tercer juicio en contra del comunero, lo que contraviene los principios que rigen el sistema de enjuiciamiento chileno y pactos internacionales suscritos por el país como el Pacto Internacional y Derechos Políticos y artículo 8 Nº 4 de la Convención Americana de DDHH, que prohíben el doble enjuiciamiento.

CASO SORIA: FISCAL JUDICIAL RECOMIENDA RECHAZAR EXTRADICIÓN A ESPAÑA

14 de junio: La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó al ministro del máximo tribunal Juan Araya no continuar tramitando el pedido de extradición de seis ex agentes de la DINA investigados en España, por el asesinato del ex diplomático Carmelo Soria Espinoza, ocurrido el 16 de julio de 1976 en Santiago.

La fiscal Maldonado sugiere desestimar el pedido del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de Madrid para indagar la responsabilidad del ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, y los ex agentes José Ríos San Martin, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres y René Quilhot Palma, en el homicidio del diplomático español.

La decisión considera el hecho de que en Chile se encuentra abierta una investigación por el homicidio a cargo del ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas Rocha, quien indaga la participación de ex agentes de la Brigada Mulchén de la DINA en el delito.

“En el caso concreto del pedimento de extradición, cabe consignar que varios de los requeridos han sido condenados en Chile por hechos de similar naturaleza, o se encuentran en procesos aún no afinados, y que en el caso del principal implicado, el ex director de la DINA, el requerido Manuel Contreras Sepúlveda en Chile se encuentra condenado a más de 150 años de privación de libertad, por hechos considerados como crímenes del lesa humanidad, sin beneficios de cumplimiento alternativo, lo cual en todo caso revela la voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales de que los hechos violatorios de derechos humanos no queden en la impunidad y por otro lado de que existiría un impedimento en su entrega, mientras no cumpliera con las penas impuestas en Chile, ya que su entrega material debiera ser diferida”, sostiene el dictamen.

MINISTRO CARROZA DICTA PROCESAMIENTO POR EL SECUESTRO CALIFICADO

14 de junio: El ministro en visita Mario Carroza dictó procesamiento en la investigación por el secuestro calificado de Amelia Bruhn Fernández, ocurrido a partir del 4 de octubre de 1974, en la Región Metropolitana.

El magistrado encausó a seis agentes de la DINA por el secuestro de la militante del MIR y decoradora, detenida en calle Catedral de la comuna de Santiago, y que permaneció en el recinto de detención de José Domingo Cañas.

El ministro Carroza sometió a proceso en calidad de coautores del delito a César Manríquez Bravo, Orlando Manzo Durán, Manuel Contreras Sepúlveda,Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Ciro Torré Sáez.

CONFIRMAN CONDENA A CONTRERAS POR EL CASO DOCKENDORFF

17 de junio: La justicia ratificó la condena a prisión de seis miembros la cúpula de la DINA, por el secuestro calificado de Muriel Dockendorff, una estudiante universitaria, de 23 años, militante del MIR, detenida en 1974.

En un fallo dividido, la VI Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las penas dictadas en primera instancia por el juez especial Alejandro Solís, de 15 años de cárcel contra el general (r) Manuel Contreras, ex director de la DINA, el ex brigadier Miguel Krassnoff y el coronel (r)Marcelo Moren Brito.

Otros tres antiguos agentes, el ex suboficial Basclay Zapata, el ex oficial de Carabineros Gerardo Godoy y el ex coronel de Gendarmería Orlando Manzo fueron sentenciados a 10 años de prisión.

Con este fallo, Manuel Contreras acumula condenas por más de 295 años de prisión en decenas de juicios por violaciones a los DDHH cometidos durante la dictadura.

La Corte, no obstante, rechazó una demanda civil presentada por los familiares de la víctima al considerar que no es competencia del tribunal.

‘REPORTEROS SIN FRONTERAS’ PIDE A CHILE “VERDADERO PLURALISMO INFORMATIVO”

17 de junio: La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió a Chile que adopte una nueva legislación que garantice un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación en el espacio de difusión, “una ley más igualitaria” que haga posible “un verdadero pluralismo informativo”.

La RSF destacó en su informe que cerca de 95% de las publicaciones de prensa escrita se encuentran en manos de 2 grupos de comunicación privados: El Mercurio y COPESA, mientras que alrededor del 60% de las estaciones de radio pertenecen al grupo de prensa español Prisa.

La organización pidió al Estado chileno que despenalice los delitos de prensa, en particular el de difamación, como lo hizo Argentina en 2009.

RSF exhortó a la policía “a respetar la integridad física y el trabajo de los periodistas y reporteros gráficos, “quienes con frecuencia son víctimas de abusos” de las fuerzas del orden, al margen de los movimientos de protesta, por lo que pidió al Ministerio del Interior que sancione a los responsables de eventuales agresiones contra la prensa.

MINISTRO MUÑOZ DECIDE EXTRADITAR A EX JUEZ ARGENTINO OTILIO ROMANO

18 de junio: El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, resolvió extraditar al ex juez argentino Otilio Romano, quien en 2011 escapó a Chile y solicitó asilo político, tras ser acusado en su país de encubrir delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar Argentina.

El 16 de mayo pasado, la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó al ministro Muñoz aprobar la extradición de Romano.

El ministro Muñoz llegó a la conclusión de que se cumplen los requisitos para extraditar a Otilio Romano por existir presunciones fundadas de participación en 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas. A ello se añaden 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de torturas, un delito de allanamiento ilegal y un delito de denegación de justicia, previsto en el artículo 274 del Código Penal argentino.

Tras la decisión anunciada por Muñoz, la Corte Suprema deberá pronunciarse en definitiva si acepta o no el pedido de extradición.

CORTE SUPREMA RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN POR BENEFICIO A CONDENADOS EN «CASO DEGOLLADOS»

18 de junio: La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado en contra del alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, por conceder el beneficio de la salida dominical a Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, condenados por los delitos de homicidio en el denominado caso “Degollados”.

El fallo determina que no existe actuar ilegal o arbitrario de la autoridad al conceder el beneficio a los condenados.

CONFIRMAN CONDENAS A INTEGRANTES DEL COMANDO CONJUNTO

21 de junio: La justicia ratificó la condena de prisión contra cinco integrantes del Comando Conjunto por el delito de secuestro calificado de tres militantes comunistas sucedidos entre 1975 y 1976.

En un fallo dividido, la VII Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó penas de 5 años de prisión contra el general retirado de la Fuerza Aérea (FACH) Freddy Ruiz Bunger, César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola y el ex oficial de Carabineros Manuel Muñoz Gamboa, y de 4 años contra el ex oficial de la Armada Daniel Guimpert Corvalán.

Los militares fueron condenados como autores de los secuestros calificados de José Sagredo Pacheco, Alfredo Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli Company, mientras Guimpert Corvalán fue declarado culpable por el mismo delito contra el último de los nombrados.

Los condenados formaron parte del llamado Comando Conjunto, un organismo formado principalmente por integrantes de la Fuerza Aérea, civiles de extrema derecha y ex integrantes de partidos de izquierda que colaboraron tras ser torturados.

Entre 1975 y 1977, el Comando Conjunto, que coordinaba labores de inteligencia de la FACH y Carabineros, persiguió y eliminó a miembros del Comité Central del Partido Comunista (PC).

Dos de las víctimas de este proceso, José Sagredo Pacheco y Alfredo Salinas Vásquez, ambos miembros del PC, fueron detenidos el 3 de noviembre de 1975 en Santiago, se les trasladó a la Base Aérea de Colina, en donde se les torturó y se perdió su rastro hasta la fecha.

A su vez, Juan Antonio Gianelli Company, también militante comunista, fue arrestado en su trabajo el 2 de junio de 1976 en la capital, trasladado a una sede del Comando Conjunto conocido como La Firma, para ser posteriormente asesinado en el sector rural de Cuesta Barriga, en las afueras de Santiago.

DICTAN PROCESAMIENTO POR CASO DDHH

25 de junio: El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza dictó procesamiento en la investigación por el homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 15 de agosto de 1979, en la Región Metropolitana.

El magistrado encausó y ordenó la prisión preventiva de los siguientes agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Odlanier Mena Salinas, Julio Salazar Lantery, Carlos Durán Low, Jorge Andrade, Jorge Vargas Bories y Jaime Rubilar Ocampo, Eduardo Araya Pardo, y Luis Sagredo Valdebenito, como autores de homicidio calificado; y a Manfredo Jurgensen Caesar y Luis Losada Fuenzalida, como cómplices de homicidio calificado.

Según la investigación, el 15 de agosto de 1979, Federico Renato Álvarez Santibáñez, de profesión profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), “fue detenido junto a Raúl López Peralta, en el centro de Santiago, por funcionarios de Carabineros de Chile, al ser sorprendido lanzando panfletos del MIR, para lo cual con el fin de reducirlo, lo golpearon con los bastones de servicio en el cuero cabelludo, ocasionándole lesiones, las cuales, según el diagnóstico del médico de turno del Hospital José Joaquín Aguirre, eran de carácter leve. Que, por los antecedentes de la detención, el Ministerio del Interior, mediante Decreto N° 2449, dispone el arresto de Álvarez Santibáñez, siendo éste trasladado en la misma fecha, al cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones, junto al segundo detenido, lugar donde es sometido a sesiones de interrogatorios y torturas hasta el día 20 de Agosto de 1979, fecha en que es llevado a la Primera Fiscalía Militar, disponiendo el Fiscal, ante el evidente mal estado que se encontraba Federico Álvarez Santibáñez, producto de los tormentos de que fue víctima, su traslado al Hospital de la Penitenciaría de esta ciudad, quienes al constatar las contusiones y el estado de gravedad del detenido, lo ingresan a la Asistencia Pública de esta ciudad, lugar donde fallece el día 21 de Agosto de 1979, a las 6,50 horas. Que durante el período que Álvarez Santibáñez permaneció privado de libertad en el cuartel Borgoño, siendo sometido a intensos interrogatorios y torturas, fue examinado por 2 médicos de la Central Nacional de Informaciones, quienes certificaron que el detenido se encontraba en buenas condiciones de salud”.

Todos los procesados, salvo Odlanier Mena –a quien se le concedió la libertad bajo fianza– se encuentran privados de libertad.

LLAMAN A PONER FIN A LAS PRÁCTICAS DE TORTURA

26 de junio: En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, establecido por Naciones Unidas, este mismo día, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) llamó a las autoridades a implementa cuanto antes el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de acuerdo con los compromisos asumidos por nuestro país al firmar el Protocolo Facultativo contra la Tortura. Al mismo tiempo, llamó al Estado a incluir dentro del código penal el delito de tortura tal cual esta establecido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos.

La CECT pidió poner alto a la represión contra los estudiantes como contra el Pueblo Mapuche y solicitó a las policías y gendarmería que cesen los casos de tortura que han sido denunciados por estudiantes, presos comunes y mapuche en el último tiempo.

Fuente: Fasic