Un desastre consentido

Sin regulaciones gubernamentales estrictas, las principales actividades económicas de Chile son causa de la degradación e incluso muerte de ecosistemas marinos y de agua dulce completos en diversas regiones del país, lo que afecta buena parte de los 8 mil 150 kilómetros cuadrados de ríos, lagos, un mar interno y 6 mil 435 kilómetros de costa frente al Pacífico. Y todo a cambio de millonarias exportaciones en manos privadas que, en su depredación, parecen estar cavando su propia tumba.

El mar chileno está siendo arrasado por actividades económicas basadas en la búsqueda desenfrenada de ganancias, sin consideración ambiental alguna y con la complacencia del gobierno.
Las regulaciones laxas o de plano ausentes, así como imprecisiones legales, han permitido que desperdicios tóxicos de la minería, del sector forestal, de los criaderos de salmón y de la pesca industrial sean vertidos en las costas sin el menor control. La consecuencia: la destrucción de flora y fauna que, en algunos casos, casi ha desaparecido por completo, y la generación de conflictos sociales en comunidades enteras.

Por sobre la conservación del medio ambiente y la sustentabilidad, lo que prevalece es el interés económico.

Por ejemplo, casi dos tercios del total de las exportaciones chilenas provienen de la minería, que en 2007 representó 45 mil millones de dólares. Sin embargo, esta actividad ha sido particularmente destructiva: además de contaminar y/o secar varias decenas de ríos en el norte del país –como el río Copiapó-, ha destruido numerosos ecosistemas marinos.

Lo más grave es la contaminación absoluta de la bahía de Chañaral, luego de que a lo largo de 63 años, entre 1927 y 1990, se vertieron en ella 350 millones de toneladas de arsénico, plomo y molibdeno, entre otros nocivos compuestos químicos y minerales.
Tanto fue el material depositado que el puerto de Chañaral se embancó y el mar retrocedió dos kilómetros, literalmente empujado por residuos tóxicos. En esta ciudad hoy no crece ni mala yerba. Ya en 1976, un estudio del ingeniero en minas Rolf Behncke no pudo detectar “ningún organismo viviente” en esta bahía, de la que hasta los años sesenta se extraían 1 millón de kilogramos de peces al año.
Peor aún: los químicos fueron arrastrados por la corriente de Humboldt al Parque Nacional Pan de Azúcar y acabaron con buena parte de su flora y fauna, una de las más ricas en biodiversidad que había en todas las costas del norte chileno.
Aunque el caso de Chañaral ha sido considerado en diversos foros como uno de los más grandes desastres ecológicos en la historia del planeta, no alteró ni un ápice las conductas antiambientales de la industria y del Estado chileno en relación con el mar.

Por el contrario, desde que el 11 de marzo de 1990 Patricio Aylwin reemplazó al dictador Augusto Pinochet, todos los gobiernos de la Concertación por la Democracia, desde Eduardo Frei y Ricardo Lagos hasta la actual presidenta Michelle Bachelet, han avalado e incluso promovido la contaminación y depredación del mar.

PESCA MORTAL

Desde la promulgación de la Ley 19.713, mejor conocida como Ley “Corta” de Pesca, impulsada por el presidente Ricardo Lagos en 2001, para privatizar los recursos del mar, la mayor parte de las cuotas de pesca quedó en manos de grandes capitalistas, como el grupo Angelini, dueño de Corpesca, que monopoliza la pesca en el norte de Chile.

La pesca artesanal, pese a que genera 10 veces más empleos que la pesca industrial, fue despojada de la mayor participación y sólo conservó 5% de las cuotas de captura de jurel y 35% de la merluza común, el pez históricamente más consumido en Chile.
Esto, a pesar que la pesca industrial es insustentable dado los artes de pesca que utilizan: arrastran el fondo marino con sus redes, con lo cual convierten a los arrecifes coralinos y bancos de moluscos en arenales carentes de vida. Además, capturan a la fauna acompañante, que llega a representar hasta 40% de la pesca total y es separada y devuelta muerta al mar.

A partir de esta ley, la biomasa marina existente en la zona económica exclusiva de Chile evidencia un descenso catastrófico. De acuerdo con cifras del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), dependiente del Ministerio de Economía, en 2001 se registraban 6 millones de toneladas de jurel; para 2007 quedaban apenas 91 mil toneladas. Y lo mismo pasó con la merluza común, que bajó de 1 millón 555 mil toneladas a sólo 300 mil.

A la sobreexplotación de la pesca industrial se suma la contaminación de una red cada vez más numerosa de plantas de celulosa, que casi sin restricciones arrojan sus desperdicios al mar, como lo hace en el golfo de Arauco la empresa Horcones.
El golfo de Arauco, una zona pesquera por excelencia, ha visto disminuir la producción pesquera hasta en 90% desde la irrupción de la planta, en 1972, como paraestatal en el gobierno de Salvador Allende, luego privatizada por Pinochet. Horcones es propiedad de la empresa Celco, que a su vez forma parte del grupo Angelini, y produce 770 mil toneladas anuales de pulpa blanqueada de pino y eucaliptos para la confección de papeles de impresión, escritura e higiénicos.

Lo poco que aún se captura representa un grave peligro para la salud: los peces están contaminados con dioxinas altamente cancerígenas. Por si fuera poco, la miseria entre los pescadores que aún quedan en Arauco es cada vez más grande y motivo de continuas y crecientes protestas.

A pesar de esta tragedia, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) autorizó en 2005 a Celco verter los residuos tóxicos de la Planta Nueva Aldea en la bahía de Cobquecura, lo que debiera producirse a partir de abril próximo, puesto que el ducto ya fue terminado. Ubicada en Chillán, Región del Bío Bío, Nueva Aldea es la planta más grande de Chile, con una producción de 870 mil toneladas anuales de pulpa de celulosa.
Celco –por otra parte- enfrenta una fuerte oposición de parte de mapuche-lafquenches de Mehuín, en la Décima Región, quienes rechazan la instalación del ducto de la Planta Valdivia, que funciona desde el 30 de enero de 2004. De hecho, su historia es un prontuario: poco tiempo después de haber sido abierta provocó la mortandad total de la colonia de cisnes que habitaba en el Río Cruces, donde Celco arroja hasta ahora sus desechos tóxicos.

El sector forestal y de celulosas representa el segundo rubro exportador del país: en 2007 exportó productos por 4.952 millones de dólares, lo que contrasta con los 254 mil dólares en exportaciones efectuadas en 1980.

Ahora, las termoeléctricas son la nueva gran amenaza que afecta al mar chileno: una decena de proyectos que se ubicarían en el borde costero de cuatro regiones del país están en fase de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama). Entre ellos destaca el proyecto Barrancones, en las proximidades de la Reserva de Pingüinos Humboldt, en la Región de Coquimbo, al norte de Valparaíso.
Este proyecto significaría el fin de esta colonia, además de buena parte de la fauna marina existente, según lo reconoce la propia Corporación Nacional Forestal, entidad gubernamental, en un estudio dado a conocer en enero pasado.
Pese a todo lo anterior, el daño más grande al mar ha sido provocado por la cría de salmón, tercer rubro exportador de Chile.

EXCESOS

A principios de los ochenta, en plena crisis económica, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, el régimen militar decidió impulsar la industria del salmón. En 1991 este sector realizó exportaciones por 159 millones de dólares, las cuales se dispararon 16 años después a 2 mil 241 millones de dólares, según datos del Banco Central.

Las salmoneras, crecieron a tasas de 70% anuales durante los noventa, debido en gran parte a que el agua del mar y de los lagos intervenidos –su principal insumo– les fue entregada prácticamente gratis por el Estado: por cada hectárea de mar que ocupan sus centros de cultivo de salmón pagan sólo 70 mil pesos anuales en patentes. En contraste, cada uno de esos centros de cultivo –en su mayoría pertenecientes a empresas noruegas, japonesas y chilenas– genera una producción anual equivalente a más de 5 millones de dólares en promedio.

Con base en la Ley Austral, decretada por Pinochet en 1974, las salmoneras están exentas de impuestos. El Estado también subsidia hasta 100% del sueldo base de sus trabajadores mediante distintos programas, como los “bonos de capacitación”, entregados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

Pero detrás del abrupto crecimiento de las salmoneras se escondían métodos productivos que terminaron por destruir casi irreparablemente los ecosistemas marinos intervenidos por esta industria, concentrada en los hermosos y casi virginales canales, fiordos, bahías y lagos del extremo sur de Chile.

En el estudio titulado Efectos de la normativa ambiental vigente para la salmonicultura intensiva en Chile, de octubre de 2008, preparado por el experto en salmonicultura Héctor Kol –con coautoría de quien suscribe esta nota-, se hace un detallado diagnóstico de los daños provocados por esta industria y del marco legal y jurídico que lo ha hecho posible. La investigación servirá de base a un proyecto de ley que presentará este mes de abril –y si su salud de lo permite- el senador del oficialista Partido Radical, Nelson Ávila.

Entre otras cosas, el estudio destaca el uso desmesurado de antibióticos que, según datos de 2004, en algunos casos ha alcanzado una proporción de más de un kilogramo por tonelada de salmón. Según la Fundación Oceana, en Chile se emplean 250 gramos de antibióticos por tonelada, en promedio. Sin embargo, no hay datos oficiales al respecto porque el Estado no lleva un registro ni existe una norma que regule los distintos tipos de antibióticos ni las cantidades de éstos que se deben ocupar. En Noruega la máxima cantidad de antibióticos permitida en la producción de salmones es un gramo por tonelada.

Según Kol, “cuando te comes un filete de salmón chileno, lo que en verdad estás consumiendo son antibióticos” que, para colmo, mezclados con el alimento, se disuelven en el agua y contaminan la fauna nativa. Esta práctica está prohibida en Estados Unidos, lo que no ha impedido que este país compre 37% de la producción de salmones chilenos. Según una investigación de Fundación Oceana, realizada en el Estuario de Reloncaví en 2006, hasta 40% de los peces se encontraban contaminados con antibióticos disueltos en el mar por la industria salmonera.

Junto al uso indiscriminado de antibióticos, otro gran problema son las excesivas descargas fecales de salmón y otros componentes orgánicos que se han vertido al mar austral, casi sin restricción, en millones de toneladas. En 2005, un estudio encabezado por el premio nacional de ciencias Alejandro Buschmann estimó que sólo en la Región de Los Lagos los desechos orgánicos generados por la industria salmonera equivalían a los producidos por 6 millones de personas, es decir, cuatro veces la población de dicha región. Según Kol, los desechos generados durante 2007 por toda la industria salmonera en Chile semejan a los que originarían 16 millones de personas.

La materia orgánica descargada, al podrirse, consume el oxígeno existente en el agua. En 2003, la Universidad Austral de Chile demostró que en el fiordo Pillán de la Décima Región, los cultivos salmoneros causaron la pérdida total de vida en el fondo marino, mientras que en el fiordo Reñihué la pérdida era de 60%.

Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), dice que uno de los “daños más terribles” de la producción de salmón en aguas continentales, a partir de los ochenta, ha sido “la casi completa destrucción de los bancos naturales de erizos, choritos, ostras chilenas, almejas y cholgas existentes” en el mar interior de Chiloé, en la región de Los Lagos.
Este es uno de los 10 mares interiores que existen en el mundo y, dada su gran biodiversidad y riqueza de recursos, era el lugar que proveía 70% de los pescados y moluscos que se consumían en todo Chile. Hoy casi ya no se encuentran peces.

Los bancos naturales han sido destruidos por el accionar coordinado de las salmoneras y las agencias de gobierno encargadas de la acuicultura y la pesca, como el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Si bien el artículo 67 de la Ley General de Pesca, vigente desde 1991, ordena que “no se otorguen concesiones ni autorizaciones de acuicultura en aquellas áreas en que existan bancos naturales de recursos hidrobiológicos (por ejemplo, de moluscos)”, Sernapesca ha usado un resquicio para justificar el otorgamiento de más de un centenar de autorizaciones: la ley no define con claridad qué son los “bancos naturales”, por lo que no se sabría con certeza qué es lo que hay que proteger. En consecuencia, ha optado por no proteger nada.

Esta industria depreda, además, a otras especies del mar territorial chileno, pues para alimentar a las más de 600 mil toneladas de salmones que Chile llegó a exportar en 2007 y 2008, se capturaron entre 3 y 6 millones de toneladas de sardinas, jureles y anchovetas, las que se extraen del mar chileno, vaciándolo de estos proteícos recursos que podrían dotar de este nutriente de alta calidad a toda la población de Chile.
Esta insustentable forma de proceder de la industria y del Estado permitió una gran rentabilidad a los productores, pero a la vuelta de los pocos años ha mostrado sus perjuicios: la excesiva producción, la sobreexplotación del medio acuático y los malos manejos sanitarios y ambientales han derivado en la degradación e incluso en la muerte de los ecosistemas marinos y de agua dulce utilizados por la industria salmonera.
Fruto de la suciedad que ella misma esparció, esta industria es atacada hoy por plagas y epidemias que la tienen en estado de coma y sin posibilidad de recuperación. De ser el emblema del modelo neoliberal chileno, el cultivo de salmón se ha convertido en la mejor evidencia de sus falencias.

“Toda la inmensa destrucción provocada por las salmoneras ha sido a vista y paciencia del Estado que ha actuado como sirviente de esta industria que, además de ser hipertóxica, tiene prácticas absolutamente esclavistas”, sostiene Kol.
Caracciolo dice que la mayoría de los pescadores que tuvieron que abandonar su actividad tradicional debido a la irrupción salmonera, terminó trabajando para esta industria, ahora en crisis y cerrando sus puertas, lo que se está traduciendo en desempleo y “provocando una crisis social y económica de insospechadas consecuencias”.

por Francisco Marín

* Artículo también publicado en revista Proceso de México.