Un año después de la masacre en Nuevo Laredo, México, aún no hay justicia para las ocho familias que perdieron a sus familiares producto de las ejecuciones extrajudiciales.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo hay siete personas acusadas y se desarrolla un juicio simulado para proteger a los culpables.
“Aquí participaron más de cien personas. Este es un juicio simulado, una investigación simulada, tanto por el fiscal especial como por el juez como por policías estatales o elementos del ejército”, dijo Raymundo Ramos, presidente de la Comisión por los DD.HH. de Nuevo Laredo.
El 5 de septiembre de 2019 el gobierno de Tamaulipas anunció que elementos de la policía estatal y militares habían abatido a ocho miembros de una célula criminal tras un enfrentamiento.
Posteriormente, sus familias y el Comité por los Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo presentaron videos, fotos y testimonios con los que sostenían que las víctimas fueron llevadas al lugar a la fuerza, torturadas y luego vestidas con uniforme militar para presentarlas como sicarios. Allí mismo fueron ejecutados, según estos testimonios.
Los nombres de los ajusticiados eran Wilbert, de 20 años; Jennifer, de 21; Severiano, de 34, Juana Yetzel, de 20; Enrique, de 20; Cindy Esmeralda, de 39; Luis Fernando, de 19 y José Daniel, de 19.
“Traían una camioneta en una grúa. Después, trajeron a ocho personas. Ahí adentro los comenzaron a torturar. Los vistieron con uniforme militar y uno a uno los fueron privando de la vida. Los mataron a sangre fría sin dar oportunidad de defenderse”, precisó Ramos.
El hecho catalogado por el CDH y los familiares como un montaje sigue impune. «Un año después hay dos policías detenidos en una prisión que más parece un hotel y que les permite todo tipo de facilidades. Hay tres policías que se hicieron testigos colaboradores y esos están en libertad. Y hay otros dos que aparentemente están huyendo por los que se pide recompensa”, explicó Raymundo.
De las ocho personas, 7 fueron secuestradas en tres diferentes domicilios. Antes las obligaron a vestirse con uniformes tipo militar y después de ser asesinadas, les pusieron armas, para aparentar un enfrentamiento.
Oficialmente, las autoridades de Tamaulipas indicaron que entraron a un domicilio en el «operativo» y habrían asegurado una camioneta modificada con blindaje artesanal, así como 15 armas largas y una corta.
Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo asegura que en el domicilio solamente vivía Severiano Treviño, un exempleado de una empresa distribuidora de refrescos, junto con su hija y su nieta de dos años.
Kassandra, la hija de Severiano -quien fue asesinado en el operativo-, dijo a la organización que al domicilio llegó una veintena de agentes, la mayoría uniformados, y que sin identificarse ni mostrar una orden de cateo, ingresaron argumentando que habían recibido una llamada anónima reportando que ahí ocultaban armas de fuego.
La joven dijo que cuando los policías llegaron, su padre vestía short y sandalias, y que los agentes lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar, botas y casco negro.
Con información de Animal Político y La Jornada
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