Senadora Lucía Topolansky: «Este Gobierno [Uruguay] aplica la política de Macri pero tipo shock, no con gradualidad»

Lucía Topolansky es una de las más destacadas políticas de Uruguay y América latina. En una entrevista analizó la creciente violencia de la derecha en Uruguay, la política de ajuste ‘al estilo Mauricio Macri’ del actual Gobierno y la importancia de las próximas elecciones municipales uruguayas.

Topolansky fue la primera mujer vicepresidenta de su país y en la actualidad es senadora opositora. Es una de las fundadoras del Movimiento de Participación Popular, que luego se integró al Frente Amplio (FA). En 1967 ingresó al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, donde conoció a su actual compañero, José Mujica, expresidente de la República Oriental del Uruguay.

En pocos días habrá elecciones municipales. ¿Cómo se prepara el Frente Amplio?  

Estamos a mil. En este momento gobernamos en cinco departamentos que seguramente conservaremos, y estamos peleando para ganar en dos o tres departamentos más con ciertas posibilidades. Estas elecciones son muy importantes. Por un lado, porque se eligen también las alcaldías, es decir, el segundo y tercer nivel de Gobierno. Por otro, porque se discute, en el Parlamento, el presupuesto que mandó el presidente Lacalle Pou.

Este presupuesto hace un ajuste por 900 millones de dólares, muchísima plata para los montos uruguayos. Esto supone rebaja de salarios públicos y privados, baja de las jubilaciones, declaratoria de personal público excedentario, supresión de contratos de personas que estaban empleadas por empresas tercerizadas. Va en camino de aumentar la desocupación que ya provocó la pandemia. Y hacia una rebaja salarial. Este Gobierno aplica la política de Macri pero tipo shock, no con gradualidad. Peleamos como podemos.  

¿Por qué le fue bien a Uruguay con la gestión de la pandemia?  

La explicación es muy sencilla. Uruguay venía invirtiendo el 9,4 del PBI en salud. El país de América Latina que más invertía, según la CEPAL. Fue gracias a una reforma de 2008, de un sistema nacional integrado, con un sistema de emergencias móviles y un sistema de vacunación, que da mucha protección a la población y que fue un punto de apoyo importantísimo para dar combate a la pandemia. El Gobierno recibió un regalo en sus manos. Además, somos tres gatos locos. Esas condiciones son desfavorables para el comercio y otras cosas, pero en este caso fue favorable.

Y, ¿cómo va la economía?

Ahí está el problema. El parón de la economía dejó un tendal de gente desocupada, de emprendimientos que cerraron, de rebaja salarial. También aumentó la pobreza. Le venimos reclamando al Gobierno un ingreso ciudadano de emergencia, pero no les han dado ni un caramelo. Hay gente que come gracias a las ollas populares. Por otra parte, varias organizaciones sanitarias trabajaron de forma honoraria en la elaboración de test por la pandemia y el Gobierno les paga cortándoles el presupuesto.

Deberían ser al menos un poco agradecidos.

En Uruguay, la empresa pública de comunicaciones tiene una red de fibra óptica que prácticamente abarca todo el territorio. Esto permitió la continuidad de la escuela, del liceo y de las universidades. Por eso el corte de la educación no fue abrupto como en Perú o Ecuador. Gracias al Plan Ceibal los chiquilines tienen una computadora. Se hicieron plataformas según las edades. No quedaron desconectados. Gradualmente estamos volviendo a las aulas, pero no han quedado desconectados de manera abrupta.  

¿Con la Ley de Urgente Consideración se busca el cierre de empresas emblemáticas?  

Logramos convencer a algunos del Partido Colorado y de Cabildo Abierto y esos artículos de la ley no se aprobaron. Pero estamos desconfiados, porque la intención estaba. Las empresas públicas son las más grandes del país, cuando invierten tiran un montón de cosas: talleres, transporte, logística. En el presupuesto prácticamente no las dejan invertir. El padre del actual presidente quiso privatizarlas en los 90.

Ahora daría la impresión de que van a descabezarlas para que el ámbito privado no tenga límite, pero las empresas públicas son amadas por la gente en Uruguay. Con las empresas de celulares, la parte pública está en competencia por la privada, pero más del 70% de los usuarios usa la pública. La gente no se pasa a la privada. Es una forma de defender el servicio público.  

¿Qué opinión tiene sobre las marchas del odio cada vez más visibles en el mundo? También hubo ataques al Frente Amplio y a personas sin techo en Uruguay. ¿Cómo explica el avance de pensamientos xenófobos y de la derecha?

Es una de las cosas más preocupantes. Hasta ahora no teníamos grieta, pero ahora daría la impresión de que la quieren construir. Es una partición inadmisible en una población tan chica. Hay una siembra de odio al funcionario público, que es una lacra, que son unos privilegiados.

Hubo en la campaña agresiones a militantes del FA. A nosotros nos preocupa, pero viene de la mano de algunas modificaciones que hicieron en la normativa de la Policía, en la prohibición de ocupaciones y otras cuestiones que limitan la libertad.  

Se discute la posibilidad de un desafuero del exjefe del Ejército y actual senador Guido Manini Ríos, aunque no darían los votos en el Congreso. ¿Cuál es su análisis?

Roberto Gomensoro, la víctima de este episodio, fue un militante de izquierda ejecutado en un cuartel y su cuerpo fue tirado en el Río Negro. En un momento dado se rescató su cabeza, que quedó en manos de un médico forense. Por examen de ADN se determinó que pertenecía a él. Esa familia tiene otro hijo muerto en época de la dictadura. Se empezó a investigar y se supo que otro militar procesado, Gavazzo, que también había trabajado en el Plan Cóndor en Argentina, tiró a Gomensoro al Río Negro. Esto surge a la luz porque otro militar, condenado a 45 años de prisión, logra escapar del hospital militar y en 2006 lo agarran y lo hacen declarar ante un Tribunal de Honor por la fuga. Se siente como en su casa, cuenta la fuga y además hechos como el de Gomensoro.

Cuando eso sucede, el tribunal militar tiene que interrumpir el juicio y alertar al mando de lo que está pasando. En 2006 el tribunal no lo hace, las abogadas del Ministerio de Defensa solo hablan de la fuga y queda tapado. En 2008 hay una ley de acceso a la información pública. Salvo algunas pequeñas zonas de reserva, como Defensa o Relaciones Exteriores, el organismo tiene que contestar. Si no lo hace, se puede apelar a la Justicia. La familia obtiene así esas actas y se las envía al Parlamento.

Luego, el fiscal hace una solicitud de desafuero. Lo tiene que resolver el Senado. La llave de esto la tiene el Partido Nacional. Porque aun si votaran todos los demás partidos, falta un voto. Pero hicieron una alianza para el balotaje, y ahora en cierto modo los blancos le tienen que rendir pleitesía a Manini. Es un insulto a la Justicia. Es penoso porque este hombre, en toda la campaña electoral, se tiró al suelo y se decía inocente. Manini no participó en los años de plomo, pero encubre a los que participaron.  

Manini Ríos propuso además la derogación de la Ley de Caducidad de 2011 que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. ¿Esta coalición cuenta con los votos necesarios para derogarla?  

Podrían contar con los votos, pero no sé si van a cruzar ese límite. Es una coalición de cinco partidos y nadie quiere pagar el costo político. El Partido Colorado vota dividido en la cuestión del desafuero. Algunos votan con nosotros y otros, con los blancos.

Cortesía de Sputnik

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