El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió la primera gran derrota de la legislatura en sede parlamentaria con el rechazo a un decreto para la cesión del superávit de los ayuntamientos españoles.
El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó con 193 votos negativos frente a 156 favorables un decreto ley para que los ayuntamientos pudieran ofrecer sus remanentes a la Administración General del Estado.
Se trata de 14.000 millones de euros de las arcas municipales albergados en cuentas bancarias que el Gobierno no puede movilizar por impedimento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El Ministerio de Hacienda pretendía que los ayuntamientos los prestaran al Gobierno de forma voluntaria para cuestiones relacionadas con el covid-19, para posteriormente devolverlos en el plazo de una década.
Si los entes locales se prestaban a ceder el dinero, el Gobierno se comprometía a cambio a destinar una partida de 5.000 millones de euros a los presupuestos municipales.
La propuesta puso en pie de guerra a gobiernos de ciudades como Madrid, Lleida, Granada, Cádiz, Bilbao o Zaragoza, que criticaron que quedaban excluidas del acuerdo aquellas administraciones que no tuvieran o quisieran ceder los ahorros.
El Gobierno español fracasó a la hora de recoger apoyos y todas las formaciones parlamentarias, con excepción de la coalición que conforma el Ejecutivo, se opusieron a aprobar el polémico decreto.
La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitía al abrir la sesión de debate en la Cámara que había «bastantes posibilidades» de que no saliera adelante, aunque pidió a los grupos alternativas para poder pasarla.
Desde el principal partido de la oposición, el Partido Popular, el diputado Antonio González Terol calificó la propuesta de «robo del siglo» y la equiparó con «un padre que le quita la hucha de los ahorros a sus hijos».
La ultraderecha de Vox tachó el decreto de «chantaje» a los ayuntamientos y acusó al Gobierno de «atentar» contra las administraciones locales, mientras que los liberales de Ciudadanos criticaron que se pusiera a los consistorios «entre la espada y la pared».
Otros como Esquerra Republicana de Cataluña afearon que se pretendiera convertir a los ayuntamientos en «el banco» del Estado, mientras que los nacionalistas vascos de Bildu lamentaron una «conculcación a la autonomía municipal».
Pese al rechazo mayoritario de los partidos, la ministra de Hacienda alertó que no habrá una «segunda oportunidad» y que el Ejecutivo no hará una nueva propuesta.
Fuente: Sputnik
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