Sebastián Piñera continúa tratando de entorpecer el curso de la causa que indaga las muertes por COVID-19 en Recoleta, tras la querella presentada por el alcalde Daniel Jadue.
Samuel Donoso, abogado de Piñera, acusó al Ministerio Público de no entregar distintos antecedentes de la investigación que lleva por el presunto «actuar negligente y grave» del mandatario, y otros cuatro funcionarios frente a la pandemia de coronavirus.
El responsable del supuesto ocultamiento de información sería el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, quien indaga hace tres meses al Jefe de Estado, al ex ministro de Salud Jaime Mañalich -quien renunció en junio-, a los subsecretarios Paula Daza (de Salud Pública) y Arturo Zúñiga (de Redes Asistenciales) y a Orlando Durán, ex jefe de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, luego de que se agruparan tres querellas en la materia.
El abogado de Piñera ya recurrió a la Fiscalía Nacional el lunes junto a los defensores de Mañalich y de las actuales autoridades del Minsal para pedir que Carrasco fuera removido de la causa, por opiniones que vulnerarían el principio de objetividad.
Sin embargo, el fiscal nacional Jorge Abbott rechazó remover al fiscal Carrasco de la causa, alegando que «la investigación se ha mantenido apegada a la legalidad, con argumentos jurídicos y técnicos, sin alusiones políticas ni personales».
Abbott sumó al jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, a la indagación para que trabaje con el equipo de persecutores que él estime conveniente, Carrasco entre ellos
Según publicó La Tercera PM, esta vez Donoso presentó una audiencia de cautela de garantías ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en la que afirma que, después de que el tribunal determinara el 19 de agosto que la Fiscalía debía actualizar el expediente de la causa semanalmente todos los lunes, el Ministerio Público no habría «proporcionado a esta defensa copia íntegra de la carpeta investigativa».
«Tampoco ha procedido a dar fiel registro de todas las actuaciones efectuadas en el Sistema de Información y Atención a Usuarios, y que por lo tanto esta parte no ha podido acceder a copia íntegra de la carpeta investigativa ni al registro íntegro de movimientos de la causa, siendo esto esencial para poder ejercer de manera razonable y oportuna el derecho a defensa», puntualiza.
En ese sentido, asegura que en las tres semanas de la resolución del tribunal, «no obstante ser insistentemente solicitado, el Ministerio Público ha hecho caso omiso a las intenciones de este interviniente«.
Por lo demás, de acuerdo a Donoso «en ninguna de las dos entregas que se realizaron previamente, es decir los días 24 y 31 de agosto, contenían información relativa ni a la entrega ni menos registro de la declaración de la testigo Johanna Acevedo (ex jefa de Epidemiología del Minsal y actual jefa de la División de Planificación Sanitaria), quien declaró vía Zoom los días 5 y 13 de agosto del año en curso, catorce días antes de la primera entrega y cuya declaración no fue incluida en ninguna de las entregas antes aludidas, lo cual conculca sin lugar a dudas el derecho a defensa de este interviniente».
La Fiscalía explicó que la ausencia de ese registro habría sido excusada por la Fiscalía «porque faltaba la firma de la declarante, razón que no explica en lo absoluto su no incorporación».
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, organismo que interpuso una de las tres querellas en la materia, dijo esperar que la cautela de garantías sea rechazada, en vista de que «es totalmente inconducente y contrario al espíritu que anima a esta parte querellante en cuanto a la necesidad de que los tribunales y los fiscales utilicen todas sus atribuciones en función de investigar los graves ilícitos que están siendo sometidos a su conocimiento»
«La defensa del Presidente lo que hace es un intento de amedrentar y hostigar al fiscal a objeto de inhibir el avance de la investigación, lo es una intromisión a las competencias y atribuciones propias del Poder Judicial como del Ministerio Público», condenó.
Por su parte, Ramón Sepúlveda, quien representa al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por su querella, en la que responsabiliza a las autoridades por la muerte de 62 vecinos durante la pandemia, estimó que lo que planteó Donoso «no tenía ningún mérito, porque como expuso el fiscal Marcelo Carrasco y la fiscal Ximena Chong, las copias se encontraban a disposición de los abogados en el sistema de la Fiscalía, de donde ellos al igual que todos los usuarios a nivel nacional deben descargar las copias, salvo excepciones en las que se entregan materialmente».
Señaló que detrás de esta acción hay una «estrategia que busca entorpecer el actuar del Ministerio Público, que tiene una gran carga de trabajo, y que además busca obtener condiciones privilegiadas para sus defendidos».
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