Ante la inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente Quim Torra la defensa alegó en la comparecencia en el Tribunal Supremo de España «falta de imparcialidad».
Torra, acusó al Estado español de «castigar» a Cataluña en mitad de la pandemia del coronavirus, si la justicia confirma su inhabilitación y le aparta de su cargo al frente del Gobierno regional.
Por su parte, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, durante su ponencia en Madrid precisó que el proceso fue objeto de vicios.
«El presidente Torra no tuvo un tribunal imparcial, se vulneró esta garantía y así lo hemos hecho constar en el escrito de recusación», afirmó
El alto tribunal español debe decidir en las próximas semanas si confirma la sentencia a un año y medio de inhabilitación que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso a Torra en diciembre de 2019. En este sentido, el Supremo revisará la condena y los 30.000 euros de multa que el Tribunal local sentenció.
La institución catalana halló a Torra culpable de un delito de desobediencia por negarse a retirar una pancarta de la sede de Gobierno en la que se apoyaba a los políticos independentistas durante la campaña electoral del 28 de abril de 2019.
La vista en el Supremo comenzó pasado el mediodía con Torra entre el público, aunque no estaba citado para declarar, acompañado de su vicepresidente, Pere Aragonés, y la portavoz de su Ejecutivo, Meritxell Budó.
El abogado de Torra arrancó su relato alegando una «vulneración» de los derechos del presidente catalán al haber sido juzgado por «un tribunal parcial», uno de los principales argumentos de la defensa desde el comienzo de su periplo judicial.
Boye aseguró que con esta condena están «en juego» los «derechos de participación política» del dirigente y pidió al Supremo que le absuelva pese a que muchos «dan por hecho» que la decisión será en su contra.
Otro de los puntos del argumento de la defensa, que tuvo 20 minutos para exponer su relato, fue que el tribunal catalán que condenó a Torra inadmitió una serie de cuestiones prejudiciales que se querían elevar a instancias europeas.
Boye cuestionó en la vista que «se pueda privar» a Torra de «su derecho de participación» por una sentencia penal que no se refiere a «un delito grave».
Los abogados también cuestionan que las órdenes de retirar la pancarta vinieran de la Junta Electoral Central (JEC) de España, un órgano que consideran inferior en autoridad al presidente de Cataluña.
Por lo que explicó que no se podía cumplir la orden porque no venía de una autoridad superior ni competente y pedía vulnerar los derechos de las personas que trabajaban en la sede de la Generalitat y tenían colgadas las pancartas, afirmó Boye.
También recordó que el presidente «gozaba de inviolabilidad por ser miembro parlamentario» en ese momento.
«He venido a Madrid a mirar a los ojos al tribunal que quiere hacer caer a otro presidente de la Generalitat y a recordar que nuestra causa viene de muy lejos y llegará hasta el final, una República libre para los catalanes», manifestó el dirigente regional.
Ante el planteamiento de la defensa de Torra, la Fiscalía niega que la inhabilitación de Torra tenga motivaciones políticas por lo quepidió este jueves la desestimación del recurso presentado por el presidente catalán, en contra de la sentencia.
«Entendemos que el recurso deberá ser desestimado radicalmente», dijo la fiscal Pilar Fernández Valcarce durante la comparecencia celebrada este jueves en el Tribunal Supremo.
La Fiscalía respondió al abogado del mandatario Torra y reiteró que la JEC no es un órgano superior al presidente catalán, pero sí tiene poder para actuar como lo hizo en el marco de un periodo electoral.
Durante su intervención en la vista, la fiscal defendió que la condena «no se dirige contra unas manifestaciones políticas» sino por su falta de respuesta ante los requerimientos de la JEC.
Con información de Sputnik
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