Piñera insiste en su polémico proyecto de «Infraestructura Crítica» que le permitiría disponer el empleo de las FF. AA a su discreción

El criticado proyecto que le permitiría a Sebastián Piñera sacar a los militares a “proteger” lo que el considere infraestructura crítica sin necesidad de un Estado de Excepción, se encuentra en Comisión Mixta, luego que fuera rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Piñera insiste en su polémico proyecto de «Infraestructura Crítica» que le permitiría disponer el empleo de las FF. AA a su discreción

Autor: Leonardo Buitrago

En el patio Alpatacal de la Escuela Militar se desarrolló ayer la inédita conmemoración del Día de las Glorias del Ejército. La actividad se efectuó, a diferencia de años anteriores, en la Escuela Militar y contó con un número reducido de asistentes.

En su discurso, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la labor desempeñada por el Ejército durante la pandemia y expresó: “Hoy, en que nuevamente la adversidad golpea nuestras puertas, el Ejército de Chile ha sabido cumplir con su deber”.

Asimismo, destacó el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en el “resguardo de la paz social” para darle promoción a su cuestionado proyecto de reforma constitucional que permitiría el resguardo de infraestructura crítica, con el fin de que sea aprobado en el Congreso.

“Estamos impulsando una reforma constitucional que les va a permitir que cuando sea necesario también puedan contribuir al resguardo de la infraestructura crítica que es esencial para el desenvolvimiento de la vida de nuestros compatriotas”, afirmó.

El criticado proyecto que le permitiría a Sebastián Piñera sacar a  los militares a “proteger” lo que el considere infraestructura crítica sin necesidad de un Estado de Excepción, se encuentra en Comisión Mixta, luego que fuera rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 9 de septiembre.

El proyecto fue ingresado a fines del año pasado como parte de las normas impulsadas por el Ejecutivo en respuesta a las manifestaciones sociales iniciadas en octubre, y tras ciertas modificaciones se acota la infraestructura crítica a las vinculadas con servicios básicos para la ciudadanía.

La iniciativa reforma el artículo 32 Nº 17 de la Constitución Política de la República, respecto a las atribuciones presidenciales y que señala que entre ellas está la de “disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las  necesidades de la seguridad nacional”

De este modo  se le concede al Presidente de la República la atribución para decretar que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica «en los casos que se indica», sin que esta medida pueda afectar o restringir los derechos y garantías que establece la Constitución Política.

De acuerdo a sus impulsores, la iniciativa busca cuidar la infraestructura crítica, es decir, los servicios básicos y las personas que allí laboran, cuando estén amenazadas ante un grave peligro, a juicio del Presidente de la República. Esto deberá hacerse por medio de una declaración fundada por un plazo máximo de 30 días. Si se decidiera prorrogar este lapso, el Congreso Nacional deberá analizar la medida

Una de las principales críticas a la iniciativa promovida por Piñera es que  fomenta el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas para asuntos que no les compete.

De hecho, varios legisladores de oposición han condenado “la relativización del concepto de infraestructura crítica, dada la amplitud del concepto” y aseguraron que dejar esta decisión en manos del Presidente de la República sería una potestad «discrecional».

Sobre el rechazo a la reforma dentro de la Cámara de Diputados, el parlamentario de Revolución Democrática, Jorge Brito, declaró que “no es un chiste utilizar a las Fuerzas Armadas en asuntos internos y, si se llega a hacer, tiene que ser de forma estricta y para asuntos muy necesarios, no un cheque en blanco como plantea esta ley”.

La diputada comunista y abogada de DD.HH, Carmen Hertz, calificó el proyecto como “una estrategia que no trae paz, sino sólo horror, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Para Hertz, la inciativa es un retroceso que pretende reinstalar la tesis del gobierno del ‘enemigo interno’: «Un proyecto como este, es una reforma regresiva en cuanto a la idea de la seguridad nacional como función de las FFAA, volviendo a la tesis del enemigo interno. Constituye una verdadera degradación autoritaria pues busca que en definitiva el Ejecutivo se valga de las Fuerzas Armadas a voluntad, implantando un semi-estado de  excepción constitucional permanente, lo que desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es inaceptable”.

Recordó que esta estrategia pretende allanar el terreno para nuevamente sacar a los militares, con las consecuencias que esto trae para la movilización social.

Por su parte, Roberto Sáez Olivares. Mg. en Ciencias Militares advirtió que con esta evidente degradación autoritaria”, Piñera  pretende establecer un “semi estado de excepción constitucional permanente” con el objetivo de disponer el empleo de las Fuerzas Armadas a discreción de la Presidencia, para su despliegue en lo que el propio ejecutivo definirá como infraestructura crítica, sin ningún contrapeso fiscalizador, en lo que parece, “un uso excesivo de la fuerza militar ante una evidente mala gestión gubernamental”.

En su artículo: “Ley de Infraestructura Crítica: Evidente degradación autoritaria”, recordó que este proyecto es parte de un conjunto de iniciativas legales que dan forma a nuevas atribuciones presidenciales para el empleo de la fuerza militar en contextos distintos a la guerra y a las operaciones polivalentes asociadas a situaciones de “riesgo y desastre”, tales como la ampliamente criticada ley de inteligencia que politiza el sistema, disminuye el control del poder legislativo e incorpora a las unidades de inteligencia militar para operaciones «internas y nacionales» de contrainteligencia, al amparo de una amplia facultad del ejecutivo.O el proyecto de ley que modifica la relación del Estado de Chile con la Corte Penal Internacional, trasladando atribuciones desde el Poder Judicial al poder ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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