Un reciente estudio presentado en Colombia por el programa no gubernamental «Somos Defensores» denunció que los homicidios perpetrados contra lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en ese país alcanzan no menos del 91 % de casos con impunidad.
La mencionada plataforma, en alianza con la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, Sisma Mujer – GPAZ: Grupo de Trabajo Género en la Paz y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad; dieron a conocer las conclusiones del nuevo informe «Defensoras voces de vida y resistencia».
La investigación da cuenta del aumento de agresiones contra mujeres que defienden la vida y el territorio en medio de riesgos ligados a las brechas de género. Y además, trascienden del contexto armado y de otras dinámicas de violencia registradas en Colombia.
El informe, dividido en tres capítulos, aborda el cómo interpretar la violencia que enfrentan las defensoras de DD. HH. en medio de una brecha de discriminación en razón del género.
Otro capítulo habla de las respuesta estatales en cuanto a las garantías de esta labor, sus avances y bloqueos. Un tercer capítulo recoge las agresiones cometidas entre 2013 y 2019, cuando registraron 1.338 hechos violentos, siendo la amenaza la forma de violencia más utilizada contra las defensoras.
A través del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras, señala que condiciones como edad, orientación sexual, situación económica y condición étnica son factores que agudizan la vulnerabilidad de género.
Sobre ese contexto, mujeres indígenas y afrocolombianas están en mayor riesgo debido a la discriminación, pobreza y marginalidad histórica a las que han estado expuestas. Eso, además del impacto del conflicto armado en sus territorios.
Indica el informe que la agresión contra las defensoras incrementó 58,3 % en el último año. Esto se refleja en las cifras registradas por Somos Defensores: entre 2013 y 2019 ocurrieron 1.338 agresiones individuales, cometidas por una gran diversidad de actores.
Mueren más mujeres en Colombia con Duque
El contenido del informe revela también que las agresiones a las defensoras de derechos humanos se han incrementado con el tiempo. Eso ocurre especialmente en los últimos años, en el marco del Acuerdo de Paz que decidió romper el actual presidente, Iván Duque.
Además, se pudo compilar que, según la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD. HH., en 2019 los asesinatos contra defensoras se incrementaron cerca de 50 %, en comparación con el 2018.
A estas alertas se suma la Defensoría del Pueblo. El ente reveló que aunque de forma global se redujo el número de asesinatos entre 2018 y 2019, aumentó el número de defensoras asesinadas de 12 a 19.
Otros datos confirman que los índices más altos de agresiones se han cometido contra lideresas indígenas, con 118 casos. Le siguen las lideresas comunitarias con 75 casos y las campesinas con 68 casos.
Luego siguen 66 casos contra lideresas afrodescendientes y 63 casos en contra de lideresas comunales. Esos números llevan a la conclusión de que la defensa por la tierra y el territorio es la más atacada.
Con respecto a los presuntos responsables de las agresiones, 902 casos responden a grupos paramilitares, en 331 se desconoce el presunto autor de los hechos. En tanto, al menos 56 señalan a instituciones del Estado, mientras que otros 34 casos inculpan a las FARC-EP y otros 13 al ELN.
Importancia de las mujeres
El informe resalta además que las mujeres defensoras de los derechos humanos son más proclives a ser atacadas que los sectores vinculados a la discriminación étnica, de género y de subordinación. El informe resalta que eso sucede porque desde su labor emprender transformaciones en los roles y discursos que a lo largo de la historia han causado desigualdad.
De igual forma, destacan el rol de las mujeres en los procesos de protección de los derechos y su importancia en la visibilización de situaciones de «injusticia social, promoción de las agendas de paz y el impulso a los procesos democráticos alrededor del mundo».
Pese a ello, las organizaciones sociales expresan que en la actualidad aún no existen entornos favorables que garanticen a las mujeres su derecho a defender derechos humanos.
Según Defensoría del Pueblo, las limitaciones que existen para priorizar la seguridad de las mujeres y defensoras de DD. HH. en el país están ligadas a una falta de claridad en cuanto a las competencias de las entidades territoriales en materia de prevención y protección.
Asimismo, advierten que no se tiene en cuenta un enfoque diferencial y los tiempos de respuestas frente a las amenazas que se enfrentan en los territorios, algo que impide que se atienda oportunamente la situación de riesgo.
Por otro lado, en las instituciones encargadas de la judicialización y la investigación no hay avances en identificar los orígenes de las amenazas, agrega el informe.
Otras dificultades se presentan ante defensoras indígenas, afrocolombianas y procesos colectivos que solicitan medidas de protección. A ellas se les desconocen sus formas tradicionales de autogobierno, la cosmogonía y la concepción ancestral y colectiva de protección.
Limitado avance contra la impunidad
El programa Somos Defensores ha expresado con anterioridad el limitado avance en entes como Fiscalía frente a los casos de asesinatos de líderes sociales. En el caso de los homicidios de mujeres defensoras, señalan que la mayoría «se encuentra en etapa de indagación».
Respecto a los casos que se encuentran en imputación, juicio, ejecución de penas y condena, añade el informe que están en 9 %. En otras palabras, existe 91 % de impunidad en Colombia. Mientras tanto, la Fiscalía insiste en decir que 50 % de los casos ya se esclarecieron.
«A partir de la respuesta entregada a Sisma Mujer, sólo 14,1 % de 78 casos de defensoras y lideresas asesinadas elevados se encontraban con sentencia«, explica el informe.
Distintas plataformas de DD. HH. exponen que la ausencia de garantías se debe no solo a la ausencia de una respuesta acertada de protección. Alegan que también existe «falta de voluntad política» por parte del Gobierno de Colombia «en atender las situaciones de violencia».
Pese a ello, añaden que las organizaciones de mujeres continúan en constante interción con las instituciones del Estado colombiano. El propósito es la consecución y aplicación de dichas garantías.
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