El gobierno reafirmó este martes que no firmará el Acuerdo de Escazú, el pacto que busca dar garantías para el acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales junto a otros países de América Latina.
En este contexto, Radio Bío Bío dio a conocer un documento elaborado en conjunto por el ministerio de Relaciones Exteriores y de Medioambiente respecto a la decisión del gobierno para restarse de este acuerdo.
En él se indica que “el Gobierno de Chile considera inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú, atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y, planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.
Siguiendo la misma línea, el documento argumenta que el acuerdo “expone al país a demandas ante Tribunales Internacionales por problemas de interpretación de estas nuevas regulaciones” y que “no admite reservas y que establece diversas obligaciones ambiguas para el Estado de muy compleja implementación.”
Los argumentos fueron sintetizados en 4 puntos:
- El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.
- El Acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.
- El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.
- El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
Descontento general
El tratado considera principios como la información ambiental, la participación de todos los involucrados en la toma de decisiones, y dar protección a defensores ambientales. Por ello, desde distintos sectores y organizaciones sociales, ambientales y políticas se ha visto con malos ojos la decisión del gobierno de no adscribir al acuerdo.
El descontento se ha intensificado luego de que este martes el presidente Piñera, en la 75° Asamblea General de la ONU, se refirió a la situación medio ambiental del mundo.
El mandatario puso énfasis en el cambio climático y en el deber mundial de hacer frente a éste. Además, en lo que respecta a Chile se refirió al derretimiento de los glaciares y a la labor del país en esto, asegurando que Chile es uno de los precursores en la región en tomar medidas con foco ambiental.
El acuerdo necesita la firma de 11 países para aprobarse. De conseguirse las firmas, el tratado entrará en vigencia este sábado 26 de septiembre.
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