Sucedió lo esperado. Los neoliberales coparon la comisión económica de la candidatura del pacto Nueva Mayoría (PC+ex Concertación). El equipo definitivo es coordinado por el economista socialista Alberto Arenas e integrado por los ex ministros Eduardo Bitrán y René Cortázar, el ex presidente del Banco Central José de Gregorio y los economistas Andrea Betancourt, Ricardo French-Davis, Oscar Landerretche, Guillermo Larraín y Andrea Repetto.
Detrás de ellos, conformando un círculo ideológico-técnico regulador, estarán Eduardo Engel, neoliberal encubierto (si no se lo lee con atención en la 3a.), Andrés Velasco, el ex de Finanzas de Bachelet (un neoliberal-liberal valórico) y Alejandro Foxley del think tank DC Cieplan (cercano al ordoliberalismo alemán de la CDU de A. Merkel(1), ex ministro de la cartera entre 1990 y 1994. Cabe decirlo, este ultimo fue elegido hace algunos días -junto con el actual de Finanzas, Felipe Larraín- por la institución empresarial Icare, destinatario del premio a la Institucionalidad Económica Chilena (los beneficiarios del modelo neoliberal le otorgan laureles dorados a los guardianes de la institucionalidad o modelo).
Vale hacer notar que en el equipo económico bacheletista no hay ningún especialista en cuestiones económicas del Partido Comunista, ni tampoco comentarios de su dirección acerca del tema.
Bachelet está orgullosa y se siente cómoda con sus asesores pro libre empresa. Le hacen el peso a los managers piñeristas UDI-RN y a Mathei. Los dos piños se disputan los favores de la oligarquía capitalista.
Bien sabemos que no es del grupo neoconcertacionista que saldrán las medidas socioeconómicas destinadas a satisfacer las demandas democráticas de carácter abiertamente antineoliberal exigidas por los movimientos sociales e incluso algunas de inspiración anticapitalista como el «no al lucro en las empresas» que vimos en las movilizaciones de Aysén el 2012.
¿Ingenuos o precursores los jóvenes ayseninos? Hace algunos años, cuando la ultraderecha y la Concertación con Bachelet alzaban juntos las manitos para celebrar como un triunfo el reemplazo de la LOCE por la LGE, nadie hubiera pensado que hoy el movimiento estudiantil y ciudadano, de corte sociopolítico, iba a poner en la agenda política la desmunicipalización y la educación gratuita y pública para todos.
Las prácticas sociales y colectivas son transformadoras. Los obstáculos sabemos de donde vienen. Por eso conviene tener presente que los imperativos económicos capitalistas, las presiones de las instituciones globales (agencias de notación de riesgo, FMI, BM, BID, mercados financieros) y las anteojeras «académicas» siguen siendo los factores con los cuales operan los economistas de la Concertación. Nada ha cambiado en sus cabezas. Son refractarios (por sus prácticas actuales) a políticas económicas definidas como «progresistas» por quienes se consideran ser los genuinos. Nos referimos a las que van más allá de «corregir el modelo socioeconómico» y que hacen un balance crítico de los 20 años de gobiernos de la Concertación.
Lo que se percibe en el equipo económico bacheletista es un continuismo en ideología económica y un afán por dar seguridades a los intereses de los poderosos grupos empresariales nacionales y extranjeros en tiempos de incertidumbres generadas por el mismo capitalismo global. Éstos, por su parte, confían en que la política económica de Bachelet en manos del ramillete de tecnócratas no atentará a la estabilidad de las estructuras del modelo. Las palabras claves están dichas y de sobra: más crecimiento, cero déficit fiscal, aumento de la productividad y flexibilidad de la mano de obra. Es decir, más explotación del trabajo asalariado y reformas mínimas a la institucionalidad laboral y en derechos colectivos de los trabajadores.
Juan Somavía -el «experto en trabajo decente» de la OIT- todavía no se pronuncia con claridad acerca de si Bachelet integrará en su programa las demandas de los trabajadores. La razón: éstas generan reacciones negativas en el empresariado. De ahí la prioridad dada a los nombres que integran el equipo neoliberal y que evocan redes de influencias con los poderosos grupos económicos así como la postergación de los anuncios de las reformas laborales esperadas. En este contexto, el silencio de las direcciones sindicales acerca de las exigencias de los trabajadores refuerza las posturas de la elite neoliberal tecnócrata. Quedará siempre el recurso de echarle más tarde la culpa al empedrado: al binominal remozado que no votará nuevas leyes laborales.
Por supuesto, los dineros de la explotación del trabajo en manos de grupos económicos contribuirán a financiar la elección presidencial de la NM y de sus candidatos parlamentarios, apostando a que son la mejor carta para dar gobernabilidad política al régimen del Capital.
Propaganda neoncertacionista y potenciales pugnas internas
Sin embargo, la propaganda neoconcertacionista dice lo contrario. Que un Gobierno de Bachelet hará «cambios estructurales». Difícil creerle puesto que los cambios estructurales exigidos por vastos sectores sociales, trabajadores y estudiantes son resistidos por los dueños efectivos del poder y la riqueza. Nada de combatir la desigualdad social de la única manera que es posible hacerlo y bien. Con políticas redistributivas de la riqueza social e impuestos estatales a los súper ricos, a sus empresas y ganancias; renacionalizar el cobre y las empresas públicas privatizadas por la fuerza militar; garantizar educación, vivienda, salud y pensiones universales, solidarias y públicas (por el Estado); y nacionalizar un sector de la banca junto con crear otro modelo energético, no depredador como el actual. Además de suprimir las prebendas del cobre a los militares y aumentar los salarios de los trabajadores.
Lo que no deja de sorprender en este cuadro, marcado por el continuismo en la hegemonía neoliberal, es el silencio del ala auténticamente progresista del neoconcertacionismo. Aquellos que sinceramente quieren cambios estructurales tendrían que expresarse. Se han organizado para exigir una Asamblea Constituyente y elaborado análisis. Y quieren, con razón, «reconstruir la relación entre economía y política y entre Estado y sociedad», es decir, tirar a la basura la Constitución pinochetista por «tramposa». Puesto que es el marco de la institucionalidad neoliberal económica heredada de la dictadura, como dicen acertadamente. Empero, al mismo tiempo, creen y hacen creer que será posible con Bachelet y sus equipos.
Cabe preguntarse si tienen una táctica para acumular fuerzas desde el interior para revertir la hegemonía neoliberal actual representada en lo político por Escalona, Walker, Bitar, los Lagos, etc.
Es la misma institucionalidad neoliberal elogiada por los empresarios de Icare la que les dará el marco de intervención al equipo de economistas dirigido por el socialista-liberal Alberto Arenas. Que sólo permitirá algunos ajustes del tipo de reformas adaptativas para introducir regulaciones que permitan una mayor competencia en el mercado de los agentes capitalistas (entre grupos de farmacias por ejemplo, para impedir colusiones y de AFP e Isapres, para evitar abusos, lo que MEO llama «humanizar» el capitalismo, su proyecto). Junto con programas sociales para facilitar la inclusión, que son buenos, a condición de saber que sólo son paliativos contra la desigualdad.
No es de equipos de economistas neoliberales que saldrán las políticas económicas para eliminar la desigualdad social, ni la concentración de la riqueza en un polo social minoritario. Tampoco habrá voluntad para cambiar las leyes del mercado que permiten la explotación del trabajo asalariado. Esto no se lo plantean los progresistas pro mercado que en los ochentas abandonaron las tesis socialistas para adoptar las «terceras vías».
Insistamos. Es una evidencia que el equipo de economistas bacheletistas no promoverá un nuevo modelo socioeconómico deseado por el progresismo académico. Para los intelectuales de FLACSO, que intentan darle consistencia a la ideología progresista en crisis, durante los veinte años de gobiernos concertacionistas «no fue superado el doble amarre de la sociedad chilena al orden social de la dictadura, principio de mercado generador de desigualdades e institucionalidad política que impide la transformación del modelo socioeconómico» (2).
Estos consideran en sus análisis que la Asamblea Constituyente es el camino para tales metas («Establecimiento de un plebiscito, a través de une reforma constitucional, que abra paso a una Asamblea Constituyente.»). En esto son preclaros, pero al mismo tiempo tendrían que elaborar una crítica contundente a las orientaciones ideológicas en lo económico al personal político y técnico concertacionista. Quienes se oponen a una Asamblea Constituyente, donde se exprese el poder ciudadano, son sus propios correligionarios y en primer lugar los tecnócratas del equipo designado por la candidata; los guardianes del orden neoliberal económico y jurídico político.
Poco antes del Golpe militar el presidente Salvador Allende planteó la necesidad de una nueva Constitución para Chile redactada por una Asamblea Constituyente surgida desde los trabajadores y el pueblo. Visionario Allende. La derecha antidemocrática hizo lo que sabe hacer. Detener los procesos de cambio por todos los medios. Hoy, la derecha está incrustada en la misma Nueva Mayoría. Llamar a los trabajadores y trabajadores de Chile a integrarse con fuerza en el proceso constituyente desde sus lugares de trabajo en asambleas y con sus propias organizaciones es una garantía de éxito que permitiría doblarle la mano al ala conservadora y neoliberal del neoconcertacionismo y a los ex civiles golpistas hoy reciclados en la democracia oligárquica y formal.
Por Leopoldo Lavín Mujica
El Ciudadano
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(1) ver: Nuevo pacto DC-RN: remozando la hegemonía y la dominación,
http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=14367
(2) ver: Manuel Antonio Garretón, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado, los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20121121122525/NeoliberalismoCorregido.pdf
Foto: The Clinic
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