Plebiscitos comunales cada cuatro años

La ciudadanía ya tiene una opinión formada sobre el resultado del plebiscito en Vitacura, hecho de gran significado para nuestra democracia y para las futuras políticas públicas en materia de urbanismo y desarrollo sustentable en la ciudad. Ahora bien, han aparecido algunas voces interesadas criticando el concepto de participación ciudadana en las decisiones de cambios de usos de suelo, vialidades y normas de edificación porque, dicen, estos asuntos sólo deben ser resueltos por los «expertos». Convengamos que los anteriores son necesarios, pero no son determinantes y por ello sostenemos que muchos se han transformado en intermediarios entre inversionistas y municipalidades. Se asustaron porque perderán altos grados de influencia para decidir discrecionalmente materias de orden urbano. Tienen pavor a quedarse sin esta antigua prebenda.

Entendemos que esos «expertos», entre ellos el arquitecto Cristián Boza, hombre del comando presidencial de Sebastián Piñera, han acusado el golpe y tratan de cambiar el curso de la historia. Otros actores expresan que los plebiscitos son muy caros y que, por eso, sólo en unas diez comunas se podrían llevar a cabo. Dicen que el de Vitacura habría costado 200 millones de pesos. Los planes reguladores comunales son instrumentos normativos de duración indefinida y la experiencia indica que en nuestro país las regulaciones allí establecidas se modifican a gusto de quien desea hacer un buen negocio y por ello las normas se cambian a cada rato, llegándose al extremo de que a veces se modifican ciertos parámetros para hacer legales construcciones abiertamente viciadas.

En Chile, los particulares relacionados con las cúpulas del poder han obtenido enormes plusvalías patrimoniales, porque la explotación del uso del suelo ha estado determinada por decisiones «técnicas» adoptadas por autoridades light y por las tendencias del mercado. En ciertas comunas pobres del poniente de Santiago el metro cuadrado urbano se transa en una unidad de fomento, pero esa misma superficie en una comuna de moda del sector nororiente se transa en 150 unidades de fomento. Esta inequidad se debe, entre otros motivos, a que en esta región vertederos, cárceles, plantas de tratamiento de aguas servidas, cementerios y todas las actividades indeseadas obligatoriamente se deben ejecutar en las comunas más modestas. El Estado protege a las comunas top, prohibiendo tales equipamientos, consagrando así la desigualdad más absoluta. Quienes generan más basura son los consumidores de más altos ingresos.

Si queremos modernizar la estructura del Estado en materia urbana, se necesita terminar con los «trajes a la medida» para quienes desean verse favorecidos con cambios en las reglas del juego. Ello pasa por disponer de consejos consultivos en cada comuna donde intervengan actores privados, funcionarios municipales y actores ciudadanos. Toda propuesta de cambio, después de ser conocida por ese cuerpo colegiado, deberá publicarse en la página web de cada municipalidad y será administrada por el profesional que ejerce como asesor urbanista, quien la tabulará en una planilla para incorporar las demás propuestas de cambios.

Sería deseable que el Gobierno, en una iniciativa de apertura a la participación ciudadana de verdad, prepare un proyecto de ley para consagrar el plebiscito cada cuatro años, en la misma fecha de las elecciones de alcaldes y concejales, con lo cual serán los electores de las comunas quienes decidirán sus formas de vida en materia urbana. Está claro que los candidatos presidenciales deberían pronunciarse sobre esta propuesta, la que tendrá el gran mérito de tener costo cero para los 345 municipios del país. Otra ventaja implícita es la transparencia, porque así los candidatos a alcaldes y concejales podrán expresar en sus campañas proselitistas sus preferencias ante las distintas posiciones urbanísticas en juego. Y los ciudadanos, sabiendo lo que piensan y dicen los candidatos, estarán en mejores condiciones para votar. Verse las caras de frente siempre es bueno, y si prospera la idea, terminaremos con el mentiroso doble discurso tan habitual en nuestro país.

Por Patricio Herman

Fundación Defendamos la Ciudad