Nativos de la amazonía ecuatoriana pidieron que se investigue la demora, por parte de un juez de la provincia Orellana (este), para notificar un fallo dictado hace un mes que negó una acción de protección planteada contra el Estado por un derrame de crudo sucedido el 7 de abril.
«El día 1 de septiembre, el juez Jaime Oña dio lectura al fallo que favorece a las empresas Petroecuador y OCP (Oleoducto de Crudos Pesados); sin embargo, hasta hoy los kichwas no tenemos la notificación formal, por escrito, para apelar y ejercitar nuestro derecho a la defensa», dijo a periodistas Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae).
La sentencia íntegra debió ser notificada en un plazo de 15 días.
Junto con delegados de indígenas Kichwa, Jipa mantuvo una reunión con autoridades del Consejo de la Judicatura (el órgano administrativo de la Función Judicial), a quienes entregaron los argumentos sobre la dilación sufrida durante el proceso, cuya audiencia de juzgamiento fue suspendida por más de 70 días desde el 1 de abril, cuando la acción fue planteada por la Fcunae.
El documento insta al Consejo de la Judicatura (CJ) a investigar las causas de la demora, que vulneraría los derechos de 27.000 habitantes de comunidades ubicadas en las riberas de los ríos amazónicos Coca y Napo, afectados por el derrame de petróleo provocado por la rotura de dos oleoductos propiedad de las estatal Petroecuador y de la compañía privada OCP.
Según la abogada Viviana Idrovo, de la Red de Derechos Humanos del Ecuador, la dilatoria evidenciaría que existe parcialización por parte de la justicia para favorecer a las empresas responsables del vertido.
La sede del CJ, ubicada en el norte de la capital Quito (norte), estuvo el 29 de septiembre resguardada por tanquetas blindadas de la Policía, mientras en los exteriores de la edificación un grupo de hombres y mujeres Kichwa se manifestaban pacíficamente haciendo sonar tambores y pitos para llamar la atención de los transeúntes.
Varios comuneros llegados desde la provincia de Orellana denunciaron que efectivos policiales obstaculizaron su ingreso a la capital durante cinco horas.
Los uniformados habrían alegado que los comuneros no podían ingresar en la ciudad portando lanzas, al catalogar a dichos artefactos como armas blancas, señalaron los manifestantes.
El inconveniente se resolvió con la intervención del comandante general de la Policía.
Cortesía de Sputnik
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